En febrero de este año, el Comité de los Derechos del Niño publicó un informe sobre el Estado boliviano.  Éste nos permite develar cuatro tópicos clave para encarar las problemáticas que afectan a la niñez. En particular, del Informe queda clara la existencia de un deficiente sistema de información sobre la real situación de la niñez en Bolivia; el flagelo constante de la violencia contra niños, niñas y adolescentes; la ineficaz atención y protección de derechos de la niñez indígena y de áreas rurales y, finalmente la falta de disposición de recursos suficientes destinados para la ejecución de políticas en el área.

En esa línea, sin duda, la recopilación de información estadística real sobre la niñez sigue siendo una labor pendiente. De hecho, el Comité expresa su preocupación por la limitada información actualmente disponible y la falta de un sistema coordinado e integrado de estadísticas, con datos, indicadores e información completos y desagregados. Sobre el particular, el Estado debe advertir que las políticas públicas requieren implementarse con fundamento en datos reales, de lo contrario nos aventuramos a proyectar planes, metas o soluciones sin certezas sobre los verdaderos problemas que enfrenta la niñez boliviana.

Sobre la violencia, que lamentablemente es una temática de varias aristas, el Comité ha establecido que el Estado debe adoptar medidas adicionales para hacer frente a las altas tasas de infanticidio, así como a la mortalidad infantil y de lactantes especialmente en las zonas rurales. Se devela la alta y creciente prevalencia de diferentes formas de violencia contra las niñas y su manifestación en infanticidios y violencia sexual (violaciones infantiles, embarazos infantiles forzados y maternidades forzadas y explotación sexual de niños en la prostitución, incluso en regiones mineras). Adicional a ello, el Comité destaca la existencia de problemas de acceso a la justicia, demoras en los procesos y la impunidad que enfrenta la niñez víctima de violencia sexual. Al respecto, resulta imperante diseñar políticas de prevención y sistemas de acceso a la justicia cuya tutela opere de manera no sólo rápida sino también eficiente.

La Constitución boliviana se ha cimentado en la plurinacionalidad, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígena originarios campesinos y el respeto por sus usos y costumbres en tanto estos no transgredan derechos humanos. En esta coyuntura, el Estado sigue siendo responsable de velar por la garantía y aplicación plena de derechos. A pesar de lo anterior, el Comité  alertó, entre otros puntos, sobre la problemática de los matrimonios  infantiles en comunidades indígenas y mineras, así como en áreas rurales. 

Asimismo, estableció que la discriminación no deja de ser un problema latente en relación a la niñez indígena, destacándose la falta de acceso a servicios de salud de calidad culturalmente sensibles y en idioma nativo y la necesidad de formación sobre derechos sexuales y reproductivos para evitar embarazos precoces y no deseados.  En el marco del desarrollo integral de la niñez, sigue representando retos el suministro de agua potable adecuada debidamente tratada y segura, el mejoramiento de los servicios de saneamiento e higiene en las comunidades rurales aisladas, la temática de la educación y protección social sin discriminación, que el principio de interculturalidad se traduzca en la práctica, la problemática de la explotación económica y el trabajo infantil, con especial énfasis en la niñez indígena boliviana.

Finalmente, se reconoc que en los últimos años se han realizado interesantes esfuerzos orientados a cambiar la situación de la niñez, por ejemplo: la modificación del Código Penal del 2010 en virtud de la cual se agravaron las sanciones en delitos contra niñas y niños y la aprobación del Código Niña, Niño y Adolescente –quizá una de las normas de mayor avance en materia de derechos de la niñez, con excepción de la regulación en materia de trabajo infantil que, afortunadamente fue subsanado por el Tribunal Constitucional–. El factor que sigue siendo un notable obstáculo en la efectivización de los derechos del sector tiene que ver con la concreción de la normativa en la realidad. Sobre el particular, probablemente una de las razones para esta deficiente aplicación de la norma deriva de la insuficiente asignación de recursos, lo cual hace inviable el cumplimiento de metas y planes en el área. 

Al respecto, el Comité en su informe estableció, por ejemplo, la necesidad de dotación de atribuciones, recursos humanos, técnicos y económicos para el funcionamiento efectivo del Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial en materia de Niñez y Adolescencia. A su vez, destacó la importancia de la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para los centros de cuidado alternativo y los servicios de protección de la infancia, a fin de proporcionar educación, habilidades y oportunidades para una vida independiente de los niños que abandonan el cuidado alternativo.

Sobre esto, en Bolivia, sensiblemente se pierde de vista, que las problemáticas de orden social no pueden ser resueltas “únicamente” a partir de la aprobación de leyes que desarrollan normas de altas aspiraciones de orden social.  Las peores normas son aquellas que no se cumplen y las peores medidas que asumen los Estados, son aquellas que se quedan rezagadas en la norma sin materializarse en la realidad. 

La niñez es parte fundamental en la sociedad boliviana, su postergación y la vulneración de sus derechos representa un flagelo que afecta el orden constitucional, por lo que se configura en una problemática de orden público que debe ser preocupación de todos. Es deber del Estado y la sociedad abordar estos tópicos con respuestas inmediatas y efectivas. Sólo así, construiremos un verdadero estado democrático fundado en la prevalencia y respeto por la dignidad humana y los derechos.