Considerando lo anterior, a continuación revisaré cuatro normas permanentes contenidas en el proyecto constitucional. Algunas de ellas están basadas en propuestas presentadas junto al profesor Pietro Sferrazza que fueron acogidas favorablemente por la Convención Constitucional.

En primer lugar, el artículo 21 protege la vida e integridad personal, estableciendo como corolario la prohibición de la pena de muerte y de las ejecuciones extrajudiciales, así como la prohibición absoluta de la tortura. Esta norma profundiza el cumplimiento de los compromisos del Estado chileno en relación con la vida. En lo relativo a tortura, por primera vez se establece constitucionalmente esta regla. Además, la redacción hace justicia al carácter de ius cogens de esta prohibición, vale decir, de ser una norma imperativa del Derecho Internacional. Debe destacarse que esta fue la primera norma aprobada por unanimidad de votos.

En segundo lugar, el artículo 22 estipula: “Ninguna persona será sometida a desaparición forzada. Toda víctima tiene derecho a ser buscada y el Estado dispondrá de todos los medios necesarios para ello”. Descorazona que debamos defender la necesidad de una norma de este tenor, y más de alguien podría preguntarse por sus fundamentos. Se nos dirá que Chile ya ha suscrito tratados internacionales, que diversas autoridades han declarado que este tema les importa, e incluso que en 2017 se anunció la creación de un Plan Nacional de Búsqueda. Pero, lamentablemente, esta continúa siendo una de las deudas de la democracia chilena. Considérese que apenas 120 personas reconocidas como víctimas de desaparición forzada han sido identificadas entre 2007 a 2021, por lo que a muchos familiares literalmente se les fue la vida buscando a sus seres queridos. Así, se pretende constitucionalizar un tipo de búsqueda que no sea en la medida de lo posible, sino por todos los medios necesarios para el fin propuesto. Adicionalmente, en democracia han existido casos de desapariciones forzadas, como los de Hugo Arispe, José Huenante, José Vergara, por lo cual reafirma la actualidad de este categórico mandato.

En tercer lugar, el artículo 23 señala:

Ninguna persona que resida en Chile y que cumpla los requisitos establecidos en esta Constitución y las leyes podrá ser desterrada, exiliada, relegada ni sometida a desplazamiento forzado.

Se establece constitucionalmente la prohibición de destierro, exilio y de desplazamiento forzado. La primera parte busca aclarar que esta hipótesis no es una prohibición absoluta a la expulsión de personas del territorio nacional (por ejemplo, casos de migraciones o penas sustitutivas de expulsión de extranjeros). En todo evento, estas provisiones deberán interpretarse en conformidad con el Derecho Internacional y el Derecho Penal Internacional.

En cuarto lugar, el artículo 24 constituye una regulación más completa de los diversos deberes que existen en relación a crímenes contra el Derecho Internacional. El párrafo primero (24.1) establece el derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y la comunidad por graves violaciones a los derechos humanos. El inciso segundo (24.2) reconoce la imprescriptibilidad y la prohibición de amnistía por crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio, y crimen de agresión, desaparición forzada y la tortura. Respecto de las cuatro primeras mencionadas, correspondientes a crímenes internacionales, se constitucionaliza una norma de ius cogens reconocida por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) y la jurisprudencia chilena que, consecuencialmente, ha reconocido hace casi una década que las acciones indemnizatorias por crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, posición que Chile ha defendido internacionalmente.

Respecto de la desaparición forzada y la tortura (cometidas aisladamente), existe una innovación fundada en su extrema gravedad así como en la necesidad de castigo. Así, el inciso tercero (24.3) dice: “Son obligaciones del Estado prevenir, investigar, sancionar e impedir la impunidad. Tales crímenes deben ser investigados de oficio, con la debida diligencia, seriedad, rapidez, independencia e imparcialidad. La investigación de estos hechos no será susceptible de impedimento alguno”. Se especifican así diversas obligaciones generales del Estado en materia de violaciones de derechos humanos, teniendo por finalidad la investigación y sanción con miras a impedir la impunidad. Esta se complementa además por la disposición transitoria 54, que busca excluir -mientras se adapta la normativa- la aplicación de una disposición conocida como “media prescripción” que ha permitido la rebaja de penas respecto de condenados por delitos de lesa humanidad, y por la cual la CIDH ha presentado recientemente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El párrafo siguiente (24.4) constitucionaliza el derecho a la reparación integral, noción ampliamente desarrollada en el Derecho Internacional, y especialmente en el SIDH. Finalmente, el último inciso (24.5) introduce el derecho a la memoria en relación con las garantías de no repetición, y los derechos a la verdad, justicia y reparación integral.