¿Una nueva Constitución para Chile? El actual proyecto constitucional que divide al país
23 de Agosto de 2021
El 4 de septiembre, el pueblo chileno votará la propuesta de una nueva Constitución. Análisis especial del Director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
Chile, como muchos otros países latinoamericanos, es independiente desde hace poco más de 200 años. Durante este tiempo, el país ha existido como una República, acompañada de, al menos, cinco cambios constitucionales. Por cuenta de ello, y tras el fin de la dictadura militar en 1990, la Constitución actual ha sido reformada en múltiples ocasiones.
Actualmente se está en espera de un plebiscito que se celebrará el 4 de septiembre para decidir sobre una “Constitución Política para la República de Chile” completamente nueva. Este referéndum ha sido precedido por un proceso de casi un año, en el que 155 representantes elegidos para una Convención Constitucional, especialmente creada para preparar una nueva Constitución, redactaron este nuevo texto constitucional.
La votación para la creación de una nueva Constitución en 2020 y la posterior elección de los integrantes de la Convención Constitucional en 2021, se dieron en el contexto de un Chile que enfrentaba una tensa situación política y económica. Las protestas sociales que comenzaron a fines de 2019 se extendieron por varias semanas, muchas de ellas seguidas de enfrentamientos, a veces violentos, entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. En este contexto, varias personas perdieron la vida. La situación se desactivó a mediados de noviembre de 2019 con el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, en el que se acordó un referéndum que preguntaría al pueblo por la necesidad de formular un nuevo texto constitucional.
En el marco del debate sobre la reforma constitucional chilena, la Constitución actual se denomina a menudo, casi de manera unilateral, como la “Constitución de Pinochet”. Si bien es cierto que ésta se adoptó en 1980, por lo que su versión original se remonta al período de casi 18 años del régimen militar, y por tanto la impronta del dictador Augusto Pinochet en su contenido; también es cierto que ha sido modificada más de cincuenta veces desde entonces, por parte de varios presidentes elegidos democráticamente. Esta Constitución, de la ahora Quinta República chilena, ha formado un marco estable para un país económicamente fortalecido durante los últimos 32 años. Varios elementos especialmente criticados de la “Constitución de Pinochet”, como la elección de senadores vitalicios, han sido abolidos desde hace tiempo.
En este contexto, la dos veces presidenta de izquierda Michelle Bachelet, ante la necesidad de cambios estructurales, había declarado como objetivo de su segundo mandato una nueva Constitución para Chile. Así, cinco días antes de terminar su último período en 2017, presentó un proyecto de reforma que no encontró la mayoría legislativa necesaria para su aprobación.
Según voces expertas, una modernización equilibrada de la Constitución chilena es una oportunidad para un contrato social más justo. De hecho, al inicio del proceso constitucional en 2021, el expresidente de derecha Sebastián Piñera aún confiaba en que una reforma constitucional, adoptada democráticamente, ofrecería una oportunidad para que el proceso fuera reconocido y respetado por la ciudadanía.
En la sociedad chilena existen reformas pendientes para reforzar el autogobierno local, dar a la población indígena voz y voto en los aspectos que les afectan y salvaguardar mejor las normas de derechos humanos reconocidas, entre algunos de los muchos temas por resaltar. Pero, sobre todo, este nuevo proyecto constitucional busca, idealmente, remediar el defecto de nacimiento de la actual Constitución, esto es, su creación en plena dictadura militar.
Pese al propósito de reparación social y unidad que buscó el proceso constituyente iniciado en 2021, la sociedad chilena sigue dividida sobre la necesidad de una sustitución constitucional. Si bien los partidarios de la reforma ganaron el plebiscito de octubre de 2020 con casi un 80% de los votos, la participación del padrón electoral apenas superó el 50%. En el mismo referéndum, la mayoría de los ciudadanos se inclinó por una Convención Constitucional elegida en su totalidad por votación popular, en lugar de una Convención Mixta Constitucional, integrada por parlamentarios en ejercicio y ciudadanos elegidos a partir de una elección.
De esta manera, en conjunto con las elecciones municipales de mayo de 2021, tuvo lugar una elección paralela de los 155 miembros de la Convención Constitucional. Del número total de integrantes, 17 asientos se reservaron para representantes indígenas, considerando que, en el último censo, el 9% de los chilenos se identificaron como pertenecientes a la población mapuche.
Tras la elección, la tendencia política de los candidatos elegidos para integrar la Convención Constitucional fue clara: la mayoría de los convencionales pertenecían al espectro independiente y a la izquierda política. Por el contrario, los representantes de los partidos identificados en el sector de la centroderecha, estuvieron claramente subrepresentados.
Pese a que es posible sostener que este último resultado es culpa de los propios partidos de la centroderecha, ya que no se posicionaron con la suficiente fuerza ante unas elecciones tan emblemáticas. También hay que decir que es bastante común en América Latina que el péndulo oscile fuertemente de izquierda a derecha (y viceversa) de elección a elección. A menudo, los gobiernos y presidentes de derecha e izquierda (a veces extremadamente) se turnan. Así, la elección de la Convención Constitucional tuvo lugar algunos años después de la de un presidente conservador, por lo que era previsible que el péndulo de la voluntad electoral girara hacia la izquierda. En el marco de estas elecciones – celebradas más de un año después del inicio de la pandemia de la COVID-19, especialmente virulenta en América Latina – no sólo los más desfavorecidos, sino también amplios sectores de la clase media, sentían las aflicciones por las crecientes carencias económicas de las que fueron víctimas, castigando electoralmente a quienes ellos consideraban como los responsables políticos de tal crisis.
El alcance de la propuesta de sustitución constitucional es abrumador. Un total de 388 artículos y 57 disposiciones transitorias se incluyeron en el texto final. El 4 de julio de 2022, un pequeño libro de más de 160 páginas fue entregado, ceremoniosamente, al nuevo presidente de izquierda, Gabriel Boric.
Pero no sólo es el volumen el que hace dudar de cuántos ciudadanos han leído realmente el texto, lo que es digno de mención, sino que también una serie de palabras clave, dan al proyecto de Constitución un carácter que, en muchos aspectos, lo hace aparecer como un contramodelo del ordenamiento jurídico existente: la nueva Constitución aspira a ser plurinacional, intercultural, ecológica y regional. Aunado a lo anterior, la representación equitativa también ocupa un destacado espacio, al igual que los vocablos género y perspectiva de género, sin que este último término se describa con suficiente detalle.
El proyecto comienza, clásicamente, con la siguiente frase: “Chile es un Estado social y democrático de derecho”. Junto con ello, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, ha surgido un texto constitucional completamente moderno.
Otro aspecto positivo, es el reconocimiento de más derechos a la población indígena, por ejemplo, en el ámbito de la educación. Entre otras cosas, lo anterior se refiere al uso de su propia lengua, especialmente el mapudungún del pueblo mapuche, el cual habita, mayoritariamente, en el sur de Chile. Además de los mapuches, la Constitución nombra a otros diez “pueblos y naciones indígenas”, de ahí el término “plurinacionalidad” al que se hacía mención anteriormente, vocablo que también utiliza la Constitución boliviana.
Además, a la “naturaleza” se le concede su propia subjetividad jurídica, es decir, se la hace portadora de sus propios derechos. Esto debe enmarcarse en el contexto del rápido desarrollo de la legislación medioambiental, especialmente en América Latina, donde, por ejemplo, en Colombia, Brasil y Ecuador, ya hay varias decisiones judiciales sobre los derechos de la naturaleza. Chile quiere dar un paso más y robustecer su propia jurisdicción medioambiental.
El texto constitucional hace referencia, en varias ocasiones, a la cultura jurídica y a los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas. Este fenómeno del “pluralismo jurídico”, poco conocido en Europa, tampoco es una peculiaridad chilena, sino que se discute en casi todos los Estados latinoamericanos.
En la medida en que un instrumento como la Constitución, sólo menciona los conceptos fundamentales y exige, en general, su cumplimiento, no hay nada que decir en contra. El marco constitucional se completará con leyes subordinadas y más concretas. En otras palabras, es más difícil si se establecen requisitos muy específicos en el texto constitucional. Un ejemplo de ello, es el artículo 350, el cual estipula un mínimo del 50% de mujeres para todas las “instituciones estatales autónomas”. En este sentido, en marzo de 2022, los expertos en Derecho Constitucional de la Comisión de Venecia, a la que se pidió que evaluara el estado constitucional chileno, señalaron que, aun reconociendo todos los esfuerzos deseables para lograr una representación equitativa en el nombramiento de los cargos públicos, la decisión de una cuota rígida de género ante el criterio de competencia profesional, podría perjudicar el funcionamiento eficaz del sistema.
Por otro lado, algunas disposiciones en el ámbito del Poder Judicial siguen pareciendo problemáticas. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que en la práctica ha fallado de forma bastante conservadora, deberá renunciar a algunas de sus competencias. Asimismo, los derechos de participación de los distintos órganos del Estado en los nombramientos de cargos de la función jurisdiccional (que en la práctica han garantizado un cierto equilibrio de las distintas posiciones políticas) se limitarán y, en su lugar, se agruparán y transferirán a un Consejo de la Justicia. No se sabe si este Consejo tomará, entonces, decisiones independientes y equilibradas.
Por último, varias disposiciones del proyecto de Constitución parecen innecesarias, por cuanto no representan realmente ninguna protección constitucional. Un ejemplo es el artículo 60(1), según el cual “toda persona tiene derecho a practicar deporte, actividad física y ejercicio”.
Las críticas al proyecto constitucional son múltiples. Al no sorprendente rechazo del proyecto, por parte de las fuerzas que no se sienten suficientemente representadas en la Convención Constitucional, se suman otras voces de la política y la sociedad. Varios chilenos y chilenas, que no se oponen a la necesidad de un cambio constitucional, no consideran acertado el texto que ahora se somete a votación, al menos con el contenido propuesto en el proyecto actual.
El intento de dotar a Chile de más paz social y de un marco sólido para años y décadas con una nueva Constitución, debe considerarse probablemente, incluso antes del referéndum, como un fracaso.
La propuesta constitucional lleva entrañada a sólo una parte del espectro político chileno. Hay un intento excesivo de anclar ciertas posiciones políticamente controvertidas de forma inalterable, junto a ideas y elementos modernos como la jurisdicción medioambiental y la protección de los derechos fundamentales. Cuestiones como el establecimiento de cuotas de paridad en los cargos públicos, como lo propone la nueva Constitución, son aún hoy debatibles y merecen una mayor reflexión.
De este modo, ciertas cosas quedan expuestas como lo que son: intereses particulares que se pretenden cimentar constitucionalmente en la propuesta chilena. Sin embargo, una buena Constitución vive del hecho de que sólo proporciona un marco que deja espacio para futuros desarrollos, y no se anticipa inadmisiblemente, reduciendo el margen de maniobra a cero, en algunas cuestiones.
Probablemente, la Ley Fundamental Alemana ha resultado ser especialmente duradera porque, el estancamiento entre los principales partidos en el Consejo Parlamentario obligó a los participantes a llegar a un acuerdo y, desde el principio, ninguna de las partes consiguió poner su propio sello en el texto. Esto es diferente a lo que ocurre en Chile en pleno 2022.
A la vista de la historia reciente de Chile, algunas de las exigencias formuladas en el proyecto de Constitución pueden parecer comprensibles. Sin embargo, un marco constitucional no debe estar inspirado en deseos, sino que debe ser, sobre todo, capaz de funcionar y perdurar. Precisamente esto parece cuestionable. Una posible erosión del Estado de Derecho, un número creciente de cargos y autoridades, cuotas fijas, derechos de veto de gran alcance, intervenciones unilaterales en los procesos de libre mercado, un derecho de huelga extremadamente amplio y otros elementos del proyecto constitucional chileno de 2022, parecen un modelo de otra Constitución latinoamericana que no está a la altura de su pretensión, esto es, ser la base de un país en desarrollo con éxito. La decepción de los numerosos desfavorecidos que esperan una rápida mejora de sus condiciones de vida gracias a una sustitución constitucional, parece ya preprogramada.
El entusiasmo por una nueva Constitución ha ido disminuyendo desde el referéndum de 2020, y el éxito del proyecto de reforma, actualmente, carece de toda seguridad. Las últimas encuestas predicen un resultado ajustado. El bando del “Rechazo”, es decir, quienes están en contra de la propuesta de nueva Constitución, sigue con casi cinco puntos porcentuales de ventaja por sobre los partidarios de la opción “Apruebo”.
La expresidenta Bachelet, ahora Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, espera una victoria del bando reformista. Por el contrario, varios otros ex presidentes se están posicionando en contra del proyecto. El actual mandatario chileno, Gabriel Boric, había calificado relativamente pronto el éxito de este proceso de sustitución constitucional, como una elección del destino. En recientes declaraciones de finales de julio, ya hablaba de las modificaciones necesarias para volver a cambiar el texto constitucional tras la votación. De este modo, ha intentado que la opinión pública se incline por una mayoría a favor de la nueva Constitución. Para Chile, sin embargo, sólo cabe esperar un documento más equilibrado.
Citación académica sugerida: Rank, Hartmut. ¿Una nueva Constitución para Chile? El actual proyecto constitucional que divide al país, Agenda Estado de Derecho, 2022/08/23. Disponible en: https://dutapp.com/una-nueva-constitucion-para-chile-el-actual-proyecto-constitucional-que-divide-al-pais/
Palabras clave: Constitución, Chile
Director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica
Nacido en 1977, es director del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer desde 2021. De 2017 a 2021 fue jefe del Programa de Estado de Derecho de la KAS en el sureste de Europa. Anteriormente, fue destinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán a la Misión de la OSCE en Moldavia en 2014-2017 y trabajó para la GIZ en Ucrania y como abogado en Alemania y Ucrania. Estudió derecho en Leipzig, San Petersburgo, Potsdam y Londres, y economía en Liverpool. El Sr. Rank es abogado, mediador empresarial y traductor público de ucraniano y ruso. Su experiencia profesional se centra en el derecho europeo e internacional, los derechos de las minorías, la política multilateral de desarrollo, la OSCE y las formas extrajudiciales de resolución de conflictos.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
