Existen desafíos importantes en los sistemas penitenciarios de Latinoamérica. Desde las normativas y estructuras organizacionales hasta las propias condiciones de la vida dentro de las prisiones, se hace necesaria la atención de un gran número de factores para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Para vislumbrar estos problemas y hacer recomendaciones, en el libro Sistemas penitenciarios y ejecución penal en América Latina. Una mirada regional y opciones de abordaje, publicado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, hicimos un estudio comparativo de las realidades penitenciarias relevadas en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Venezuela. En primer lugar, se advierten problemas recurrentes para la obtención de información lo suficientemente desagregada y completa que permita diagnosticar de manera acabada las diversas aristas que encierra el estudio de la situación penitenciaria de cada país, para la formulación de una política pública integral.

Por otro lado, la mayoría de los países utilizan una gran variedad de normas jurídicas para regular su sistema penitenciario y de ejecución penal (Constituciones políticas, leyes, decretos, reglamentos internos de los servicios penitenciarios, entre otros). Solo tres de ellos, Colombia, Perú y Venezuela, cuentan con códigos penitenciarios o de ejecución penal. La dispersión de normas complejiza la labor de las y los operadores judiciales. Asimismo, resulta de impacto la ubicación institucional y la estructura organizacional de cada uno de los organismos rectores del sistema penitenciario, lo que permite entrever qué lógica subyace en su sistema de ejecución penal: si se deja en manos de las fuerzas de seguridad o de los ministerios de justicia y derechos humanos. 

Mientras en México, Chile y Colombia se han dictado normas para grupos vulnerables con cierto grado de especificidad (mujeres, indígenas, población LGBTI+, adultos mayores, migrantes, o personas con capacidades diferentes); en Bolivia, República Dominicana y Perú, se percibe una escasez de normas especiales, aunque encuentran amparo bajo el principio de “no discriminación”. Con esta circunstancia, sumada al escaso registro criminológico de estas poblaciones, se asiste a una marcada invisibilización que impacta en el insuficiente desarrollo de políticas penitenciarias especiales. No obstante, se advierte un avance en el reconocimiento de los derechos de las mujeres privadas de libertad y, en su caso, de los niños y niñas que las acompañan.

Se reconoce que el personal penitenciario (civil y de seguridad), en mayor o en menor medida, encuentra escasos incentivos para el avance en la carrera, lo que obedece a múltiples causales, tales como: precarización laboral, malas condiciones ambientales, desproporción del personal para el manejo de la seguridad intramuros, desborde en el cumplimiento de sus funciones (factores que favorecen el co-gobierno), movilidad funcionaria, etc. Asimismo, se presenta como indispensable el perfeccionamiento de los programas orientados a la formación del personal penitenciario.

En cuanto a la vida intramuros de las personas privadas de libertad, la realidad latinoamericana presenta rasgos coincidentes en: a) sobrepoblación y hacinamiento (Bolivia, describe un hacinamiento de 189%; Brasil, un 71% de sobrepoblación; Chile, el 30% de las cárceles con hacinamiento; Colombia, presenta un 97% de hacinamiento crítico en un total de 132 centros; Perú, un promedio de 141% de sobrepoblación en los 68 establecimientos, por mencionar algunos); b) predominio de cárceles mixtas: salvo en México (federal), Venezuela y República Dominicana (Modelo de Gestión Penitenciaria), que conservan cárceles destinadas exclusivamente a mujeres; c) precarias condiciones de alimentación, salud e higiene; d) cuentan con programas educativos que reclaman una reformulación; e) tienen programas de trabajo en pos de la reinserción, pero se demandan reajustes que hagan coincidente la formación con las reales demandas laborales locales; f) cuentan con la posibilidad de formular quejas administrativas, pero suelen recurrir a figuras tales como amparos o hábeas corpus ya que pueden ser atendidas con una mayor celeridad; g) existencia de procedimientos administrativos disciplinarios intramuros.

La mayoría de los países tienen una justicia especializada, con excepción de Chile y Perú. Se destaca la labor de las defensorías, algunas son especializadas. En oposición, se advierte una escasa participación de las fiscalías. Continúa siendo un desafío regional incorporar la oralidad como método de trabajo propio de un sistema adversarial en la etapa de ejecución penal. En Bolivia, Guatemala, Venezuela y México ha habido avances, mientras que en otros países, como en Argentina y Brasil, sigue siendo escrito, lo que repercute negativamente en la posibilidad de incorporar información de calidad al juzgador acerca de las realidades de la persona condenada y la escucha de la víctima.

Finalmente, se puede subrayar la importante intervención de las Cortes Supremas o Tribunales Constitucionales en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Se pueden citar algunos ejemplos, entre ellos,  aquellas declaraciones de “estado de cosas inconstitucional” (Perú, Colombia); “el reconocimiento al derecho al centro natural y en la reivindicación de la naturaleza penal y no administrativa de las cuestiones en reclusión” (México); “la flexibilización de reparos formales en las presentaciones de los detenidos, el respeto por la manifestación de voluntad de recurrir, aun in forma pauperis (es decir, sin fundamentación alguna), y la necesidad de un control judicial, de un doble conforme y la necesidad de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales y los tratados internacionales respecto de detenidos” (Argentina); “el sistema penitenciario como garante de los derechos a la vida y salud de las personas privadas de libertad” (Bolivia); la prohibición de que el condenado o condenada permanezca en un régimen más gravoso, por falta de lugar en el régimen adecuado (Brasil). También está el caso de una mujer mapuche que, mientras se encontraba en trabajo de parto en un hospital, fue sometida a medidas de seguridad (fue “engrilletada”) por funcionarios de Gendarmería. En este caso, el fallo concluyó que existió una “interseccionalidad en la discriminación” por el trato injusto y denigrante que recibió en su condición de mujer, privada de libertad, gestante y con ascendencia indígena” (Chile).