Pese a las particularidades que el Uruguay, como país latinoamericano, presenta en relación a su dimensión territorial, poblacional, historia, y situación social, no por ello escapa a la generalidad del discurso autoritario desarrollado actualmente en el continente, el cual busca, en aras de la lucha contra la inseguridad,  establecer mecanismos que en forma directa o indirecta puedan utilizarse para reprimir, desarmar o desalentar las protestas populares que surgen como consecuencia de las dificultades económicas o de las arbitrariedades del poder,  que afectan a los sectores más vulnerables de la población.

El nuevo gobierno elegido democráticamente, integrado por una coalición de carácter conservador, en su campaña puso énfasis en las dificultades que el Gobierno anterior tenía en materia de seguridad pública. Así pues, buscó entonces relacionar las dificultades en materia de seguridad, con la supuesta debilidad jurídico-normativa basada en la ausencia de medidas de contralor, represión y disciplinamiento a nivel social.

Para ello decidió utilizar un instrumento constitucional, la Ley de Urgente Consideración (LUC) establecido en el artículo 168 numeral 7 de la Constitución Política. Este es un mecanismo cuestionado por parte de la doctrina constitucional, aunque, sus defensores entienden que representa una solución política para las situaciones de bloqueo institucional, cuando se carece de mayoría parlamentaria. En tal contexto, la LUC es en realidad un conjunto de normas o leyes, que se introduce en muy diversas materias teniendo el tamaño habitual de un código (más de 400 artículos).

Estas leyes, de acuerdo con la Constitución, tienen plazos abreviados y perentorios por los cuales una vez vencidos, se considera aprobado el proyecto dándole al silencio del legislativo un valor aprobatorio. De esta forma actúan, bajo la presión de que, en caso de no expedirse  por el Legislativo, quedan aprobadas automáticamente y por tanto carecen del debido proceso de investigación, asesoramiento, discusión y reflexión que debe de tener toda norma. 

A esta situación, se agregó la pandemia global que impuso obvias restricciones para ejercer los derechos de reunión; afectando también la posibilidad material de adelantar una discusión pública, abierta y transparente de la LUC en Uruguay. 

Las normas incorporadas en la LUC, con el pretexto de aportar a la seguridad pública establecen mecanismos cuyo efecto, en la práctica, es controlar, limitar y reprimir las protestas sociales que pudieran derivarse por ejemplo de las dificultades económicas, o de actos ilegítimos de las autoridades. A continuación, se analizarán las cuatro disposiciones que resultan más problemáticas.