En octubre de 2019 Ecuador atravesó días de zozobra con motivo de una intensa protesta social en reacción a las políticas económicas del gobierno ecuatoriano, liderado por el presidente saliente Lenín Moreno Garcés. 

Algunos dicen que fue un intento de desestabilización institucional, y otros, una auténtica manifestación ciudadana. Se dieron enfrentamientos entre manifestantes y agentes del orden que terminaron con trágicos resultados expuestos en el informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia de Ecuador (CEVJ) , que sugiere que en el país ocurrieron crímenes de lesa humanidad. Pero, ¿existieron realmente crímenes internacionales? 

Como antecedente, el 1 de octubre de 2019, mediante el decreto ejecutivo No. 883, se decidió liberar el precio del combustible como parte de un compromiso con el Fondo Monetario Internacional y para reducir la brecha fiscal en el país. Como respuesta, el gremio de transportistas suspendió su actividad y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) inició una movilización masiva a nivel nacional. 

La violencia escaló rápidamente y a los manifestantes se sumaron también otros grupos sociales como trabajadores, estudiantes, entre otros, con lo cual, si bien la protesta fue liderada por el movimiento indígena, posteriormente se desligaron de responsabilidad indicando que los desmanes y la violencia —que incluyó la paralización de la producción petrolera— no fueron responsabilidad de los miembros de su agrupación. Debido a la disrupción del orden público, el Ejecutivo se vio obligado de trasladar la sede del gobierno de la capital del país, en Quito, a la ciudad costera de Guayaquil.

Sea como fuere, el conflicto concluyó por negociación del Estado, encabezado por el presidente Lenín Moreno y, por el otro, Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, en lo que se denominó, con cierto eufemismo, “Mesa de Diálogo”. Allí se acordó terminar la movilización a cambio de la derogatoria del decreto que liberalizaba el precio de los combustibles. Mediaron las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Ahora bien, fuera del marco ideológico en el que se desee inscribir los hechos, es evidente, desde una perspectiva exclusivamente jurídica, que en los acontecimientos de octubre de 2019 se cometieron múltiples delitos tanto por quienes se manifestaban como por las fuerzas del Estado.

En esa línea, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, creó la CEVJ. Este detalle es importante porque quienes componen la comisión y redactaron el informe fueron designados por invitación directa, es decir, no existió un proceso público para conocer sus méritos o, en su caso, impugnar su designación. Lo dicho es problemático porque según ha destacado el Secretario General de las Naciones Unidas respecto de las Comisiones de la Verdad: 

“Lo más conveniente es constituirlas mediante procesos consultivos en los que se incorporen los criterios del público acerca de su mandato y de la selección de sus integrantes. Para que logren su cometido es preciso que gocen de verdadera independencia y que los procesos y criterios de selección de los integrantes sean verosímiles”.

En mi opinión, los comisionados no poseen una trayectoria suficiente en el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacional penal; además, al menos dos de ellos han manifestado en ocasiones su animadversión al gobierno de Moreno y su cercanía con otros partidos políticos. En pocas palabras, sobre el informe queda un sesgo de parcialidad y falta de deliberación en la integración de la CEVJ.

Por otra parte, la metodología utilizada en el informe del CEVJ se basó en recopilar información de medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y en el testimonio de las víctimas, a efecto de lo cual convocaron a audiencias públicas. En total, se analizaron 519 testimonios y, de este universo, 249 corresponden, según la CEVJ, a vulneraciones de derechos humanos perpetradas por agentes del Estado. El resto de testimonios son de policías, representantes de instituciones públicas y víctimas de delitos comunes, que quedan por fuera del marco de análisis del informe.

El informe de la CEVJ señala que en Ecuador se perpetraron: 20 casos de lesiones oculares; 3 casos de violencia sexual; 38 violaciones a la libertad personal; 123 violaciones al derecho a la integridad personal; 22 atentados contra el derecho a la vida y 6 ejecuciones extrajudiciales. El informe concluye que en Ecuador se habrían cometido crímenes de lesa humanidad conforme el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, tratado del cual Ecuador es parte signataria.

Hay que destacar que para que se configure un crimen de lesa humanidad en los términos del derecho penal internacional se requiere: 1) la realización del tipo; 2) que la conducta sea cometida de forma generalizada (masiva) o sistemática (metódica); 3) que el sujeto pasivo sea población civil (exclusión de objetivos militares); y, 4) que se obre con conocimiento del plan.

Los crímenes internacionales pueden ser juzgados por cualquier Estado, pues el crimen afecta la esencia de la dignidad humana, es decir se habilita la jurisdicción universal. Además, la acción para perseguirlos y la pena son imprescriptibles y múltiples garantías procesales penales se ven flexibilizadas. 

Como ha explicado el profesor alemán Kai Ambos, “los crímenes internacionales son políticos porque […] el elemento de la política es indispensable y su ausencia no puede ser compensada, por ejemplo, con un número particularmente elevado de actos y/o víctimas”. En otras palabras, “el elemento decisivo es el de que respondan a una política de actuación” por parte del Estado.

Además, la competencia de la Corte Penal Internacional es complementaria a la jurisdicción nacional: solamente intervendrá si Ecuador no procesa penalmente, de forma independiente e imparcial, a los sospechosos de aquellas conductas.

En el caso ecuatoriano y, siguiendo el informe de CEJV, los agentes del Estado no utilizaron armas letales sino, principalmente, gas lacrimógeno y balas de goma. De allí que la idea de una política de Estado contra la población pueda descartarse. La ausencia de “método” se complementa con el bajo número de casos, si se tiene en consideración el número de manifestantes y la magnitud de la protesta, de acuerdo con los datos reflejados en el informe: en más de 11 días y con decenas de miles de manifestantes hubo 20 casos de lesiones oculares, 3 casos de violencia sexual y 6 privaciones arbitrarias de la vida. Los números reflejan la ausencia del carácter “masivo” que es elemento del crimen internacional.

No se malentienda lo dicho: todas esas conductas son en el derecho penal ecuatoriano crímenes graves que deben ser investigados, procesados y debidamente sancionados (y, de hecho, la Fiscalía ha iniciado las investigaciones de rigor). Sin embargo, no se sostiene afirmar que existe una política de Estado por la desviación de conducta de un número ínfimo de las fuerzas del Estado. Además, en ciertos casos deberá examinarse si el uso de la fuerza fue o no proporcional y si alguna lesión fue causada en legítima defensa propia o de terceros. 

Insisto: el hecho de que las conductas en cuestión no constituyan crímenes de lesa humanidad no quita que sigan siendo delitos bajo el derecho local y, además, graves violaciones a los derechos humanos, que comprometen la responsabilidad internacional del Estado ante el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos. 

Hoy, más que nunca, los ecuatorianos requerimos con urgencia mirarnos a los ojos y reconocernos como iguales. Bregar por verdad, justicia y reparación; y, al mismo tiempo, fortalecer la democracia y el Estado de Derecho. Porque la protesta y la democracia no son antagónicas. Porque la primera es un termómetro de la segunda y porque la protesta, aunque sea un derecho por naturaleza disruptivo, tampoco es absoluto.