A pesar de las limitaciones que resultaron del debate legislativo, lo peor estaba aún por venir. La Constitución del Ecuador, concretamente en su artículo 153, contempla un trabajo de colegislación entre la Asamblea Nacional y el Presidente de la República para la promulgación de una ley. De manera que, una vez aprobado el proyecto de ley, debía pasar al Ejecutivo para que lo aprobara o lo objetara. El Presidente de la República, Guillermo Lasso, presentó un veto parcial a la Asamblea Nacional mediante el cual objetó el título de la ley e incorporó medidas aún más restrictivas.

El veto parcial del Ejecutivo propuso —entre otros— cambiar en el título de la ley el verbo garantizar por regular, lo que, si bien parecería un cambio formal, constituye una modificación de carácter simbólico, concordante con la idea del Presidente de una aparente “promoción del aborto” a partir de la ley. Adicionalmente, el veto unificó los plazos para el acceso al procedimiento en 12 semanas para todas las mujeres sin diferencia de condiciones etarias o socioeconómicas; incluyó como requisito previo para la ejecución del procedimiento de interrupción la presentación de una denuncia, examen médico o declaración juramentada; y eliminó la limitación de la objeción de conciencia institucional y la establecida en zonas remotas, alejadas y de difícil acceso cuando no exista otro profesional de la salud.

Vale destacar en cuanto a los requisitos que la Corte Constitucional, en su sentencia 34-19-IN/21, restringió la posibilidad de que se solicite para acceder al procedimiento una sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito de violación, debido al tiempo que puede tomar dicho proceso; por lo que se indicaron como ejemplos de requerimientos la denuncia penal, examen médico o declaración jurada. Nótese que la Corte Constitucional usa los requisitos señalados como alternativas y no como imposición, de ahí que bien podría haberse establecido un requisito menos revictimizante como el “formulario” que fue inicialmente propuesto por la Asamblea Nacional.

Como se advierte, las observaciones del Ejecutivo incorporaron mayores limitaciones en la Ley para el acceso al aborto en casos de violación. La reducción del plazo, el incremento de requisitos y la eliminación de las limitaciones a la objeción de conciencia constituyen nuevas barreras, principalmente, para las niñas, adolescentes y las mujeres empobrecidas del campo y de zonas rurales. La desprotección de estas últimas está dada por su condición de vulnerabilidad frente a un plazo mínimo y los requisitos de denuncia o declaración juramentada, que obligan a que la niña tenga que acudir a un adulto a cuyo cuidado se encuentre —muchas veces el agresor— para cumplir con este requerimiento, o que las mujeres del campo o zonas rurales se enfrenten a obstáculos de exclusión socioeconómica en los sistemas de justicia.

Si bien esto pudo haberse solventado con la no aprobación de las observaciones del Ejecutivo y la ratificación del texto inicial por parte de la Asamblea Nacional, aquello no ocurrió. En la sesión del 14 de abril de 2022 el Legislativo no tomó ninguna decisión. Así, el silencio de la Asamblea Nacional derivó en la aceptación tácita del veto presidencial y, consecuentemente, en la promulgación de la Ley el 29 de abril de 2022. De ahí que, una vez en vigencia la norma legal, el único camino que permanece abierto para lograr modificaciones es la presentación de demandas de inconstitucionalidad de la Ley ante la Corte Constitucional.

En todo caso, los retrocesos derivados de la deliberación legislativa y del veto presidencial mantienen la situación de vulnerabilidad de las mujeres sobrevivientes de violencia sexual en Ecuador y el riesgo a su vida a causa de abortos clandestinos o autoinducidos. Aún nos queda mucho camino que recorrer para estar a la par de los países de la región que permiten el aborto legal o la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación con plazos más amplios, como Argentina, Uruguay, Cuba, Colombia y México. Cada país tiene su propio ritmo de legislación, esperemos que el Ecuador no tarde en reconocer plenamente el derecho de las mujeres a elegir libremente continuar o no con un embarazo producto de una violación sexual.