Proyecto de ley de cooperación: una nueva amenaza al derecho a defender Derechos Humanos en Venezuela
2 de Agosto de 2022
Según la autora, en Venezuela se han usado propuestas normativas para sentar las bases legales de una política de criminalización de la defensa de derechos humanos.
La cooperación internacional es un elemento esencial para la promoción de los derechos humanos y el desarrollo sostenible a nivel mundial. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización de Estados Americanos (OEA) la han definido e identificado como un mecanismo para afrontar problemas de diversa índole y de ese modo propiciar cambios y promover el progreso de la sociedad.
La Asamblea General de Naciones Unidas ha determinado la importancia de la cooperación internacional en la esfera de los derechos humanos, destacando que esta supone “mejorar las condiciones de vida de todas las personas en todos los países” y pone de relieve el papel que ésta desempeña “en el apoyo a la labor nacional y el aumento de la capacidad de los Estados en la esfera de los derechos humanos”, promoviendo un interés general mediante el involucramiento de distintos actores en el cumplimiento de sus compromisos internacionales generando espacios que permitan el acceso y disponibilidad de recursos, incluida la prestación de asistencia técnica, en el marco del diálogo y entendimiento, conforme con la Carta de Naciones Unidas.
En este sentido, observamos que la cooperación internacional se convierte en un derecho para la sociedad civil y en consecuencia genera obligaciones para los Estados, que tienen el deber de garantizar que todos los actores inmersos en los procesos de cooperación puedan hacerlo de forma libre y sin limitaciones arbitrarias o requisitos excesivos que dificulten su ejercicio.
En el caso de Venezuela, la emergencia humanitaria compleja ha hecho más necesaria la cooperación internacional en todos sus ámbitos, pero el Estado se ha sofisticado en las acciones para limitar y controlar la cooperación internacional, incluso criminalizando a organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil que la ejerce.
Un ejemplo de ello es el nuevo Proyecto de Ley de Cooperación (PLCI) que circuló a inicios de mayo en Venezuela, representando una nueva amenaza para la promoción, defensa y exigencia de derechos humanos en el país. Asimismo, de acuerdo con información difundida de forma oficial por la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, el ente se encuentra debatiendo la propuesta normativa y avanzó en la aprobación de la exposición de motivos de la Ley; además, el Vicepresidente de la Comisión informó que “esta propuesta de ley se encuentra en la fase de revisión por parte de la instancia a objeto de someterla a consulta pública nacional”.
La ley de cooperación ha sido una amenaza constante para la sociedad civil en Venezuela. El Estado venezolano ha propuesto su aprobación en al menos cuatro oportunidades (2005, 2006, 2010 y 2015). El momento en el cual presentó más impulso y apoyo de sectores pro gubernamentales fue en 2006, cuando un primer proyecto fue aprobado en primera discusión en el parlamento nacional, sin que se concretara su promulgación como resultado de la presión que distintos actores de la comunidad internacional ejercieron para que no avanzara debido a diversas preocupaciones.
La organización Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) denunció en un reporte reciente que entre los años 2019 y 2021 documentó al menos 15 amenazas en torno a la posible promulgación de una ley destinada a regular la cooperación. Alertó que el Estado ha promovido la aprobación del texto normativo por medio de justificativos en los que se pretende asociar a la cooperación con actividades contrarias a la ley, así como al interés y la seguridad nacional, criminalizando la cooperación internacional.
Por otra parte, señaló que a inicios de 2022, el representante del Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro, determinó en reunión de Consejo de Ministros que debía incorporarse en el plan legislativo de ese año una Ley de Cooperación Internacional. En abril de ese mismo año, la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional anunció haber avanzado en la preparación de un proyecto de ley, que sería posteriormente presentado ante la plenaria de la Asamblea Nacional.
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La propuesta de Ley de Cooperación que ha estado circulando demuestra la intención del Estado de seguir avanzando en nuevas acciones tendientes a la criminalización de la defensa, promoción y exigencia de respeto a los derechos humanos, incluida la cooperación internacional. Desde 2002 se han establecido distintos obstáculos y limitaciones por vías de hecho y de derecho, que pretenden vincular el trabajo de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de derechos humanos, con actividades relacionadas a la delincuencia organizada o el terrorismo, por considerarlas “injerencistas” o “desestabilizadoras”. Evidenciando la existencia de una política de criminalización, se ha basado en la tesis del enemigo interno, cuyo resultado ha sido un aumento preocupante de los ataques en contra de las personas defensoras de derechos humanos, con al menos 1.352 agresiones documentadas entre 2019 y mayo de 2022, según registros del CDJ.
En este contexto de aumento de amenazas, intimidación, hostigamiento y agresiones se retoma el intento de aprobar una ley de cooperación internacional. El proyecto difundido en el año en curso se enmarca en la profundización de una Política de Criminalización, en tanto, de acuerdo con su exposición de motivos, fundamenta su existencia en argumentos de preservación de la soberanía, la autodeterminación y la protección de la seguridad de la nación.
El análisis del texto normativo demuestra que el Estado busca imponer nuevos controles, excesivos, arbitrarios y discrecionales, a las actividades de las organizaciones y asociaciones en Venezuela, específicamente las relativas a la cooperación internacional en todos sus ámbitos, lo que pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones.
La propuesta normativa se plantea en términos restrictivos y desapegados a los estándares internacionales. Comenzando por la pretensión de condicionar el funcionamiento de las organizaciones con la sujeción a un nuevo sistema de registro, además de someter la cooperación a una serie de nuevos requisitos, incluyendo la creación de un fondo de administración de los recursos provenientes de la cooperación, centralizado en el Estado.
Otro elemento de preocupación se desprende del artículo 26 del proyecto, el cual prevé sanciones como la “prohibición, suspensión, restricción o eliminación” de aquellas organizaciones que “de manera directa o indirecta, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República en especial cuando dichas medidas atenten o afecten el desarrollo integral de la nación”. En función de los intereses del Estado, pudiera ser aplicada la norma como una clara forma de castigo o retaliación en contra de las organizaciones o actores cuyas actividades resultaren contrarias a esos intereses.
De forma general, en los términos en los que se ha planteado, podría afectar aún más el trabajo de la sociedad civil en un entorno de cierre del espacio cívico y democrático, al pretender imponer nuevos controles excesivos y restricciones al desarrollo de actividades de la sociedad civil.
Siguiendo los preceptos establecidos por la ONU y la OEA en relación con la cooperación internacional, en un contexto como el venezolano es esencial garantizar las distintas vías y posibilidades de ayuda para proteger los derechos humanos, incluyendo la cooperación internacional.
Avanzar con el proyecto significaría una grave amenaza al derecho a defender derechos humanos en el país, en la medida en que atenta contra la libertad de asociación, y transgrede los principios democráticos y de un Estado de Derecho.
La sociedad civil tiene derecho a buscar, recibir y utilizar recursos financieros, técnicos y de cualquier tipo para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos y el desarrollo sostenible, por lo que el Estado debe abstenerse y cesar la criminalización de la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos, así como también poner fin a los intentos de limitar la operatividad legal de las organizaciones mediante el control discrecional de la cooperación internacional.
Citación académica sugerida: Romero Mosqueda, Marianna Alexandra. Proyecto de Ley de Cooperación: una nueva amenaza al derecho a defender derechos humanos en Venezuela, Agenda Estado de Derecho, 2022/08/02. Disponible en: https://dutapp.com/proyecto-de-ley-de-cooperacion-una-nueva-amenaza-al-derecho-a-defender-derechos-humanos-en-venezuela/
Palabras clave: cooperación internacional, criminalización, democracia, derechos humanos, espacio cívico, sociedad civil, Venezuela.
Abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela (2014). Honor Code: International Human Rights. Universidad Católica de Louvain y edX. Programa de Estudios Avanzados en Derechos Humanos, mención Acceso a la Justicia, UCAB 2016. Gestión del riesgo y fortalecimiento de la protección, Universidad de York – 2017. Verified HarvardX: Humanitarian Response to Conflict and Disaster. Aspirante a Magister de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University. Directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). Coordinadora Académica y profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
