Entre el 12 y 30 de junio de 2022, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador -CONAIE- y otros movimientos, iniciaron un proceso de movilizaciones sociales en ese país en rechazo a las políticas económicas y sociales del gobierno del presidente Guillermo Lasso y el incumplimiento de varias de sus promesas de campaña. 

En los 18 días que duraron las manifestaciones, el Ejecutivo emitió tres decretos de excepción por la causal de grave conmoción interna, que fueron derogados poco después, por cuestiones fundamentalmente políticas.

El primer estado de excepción se decretó al quinto día de las manifestaciones, cuando el Presidente anunció la entrada en vigor del Decreto Ejecutivo No. 455. En seguida, su texto empezó a circular entre periodistas y usuarios de redes sociales, disparando alarmas debido a lo desproporcionado de algunas restricciones a los derechos constitucionales.

El artículo noveno habilitaba al Ejecutivo a ordenar la suspensión de internet y redes de datos a discreción. Otros artículos, no menos controversiales, eran aquellos relativos a la suspensión de la inviolabilidad del domicilio (art. 11) y a la suspensión total del derecho a la protesta social (art. 6).  Ante el rechazo generalizado de lo que fue calificado como un “Decreto Mordaza”, el secretario jurídico de la presidencia anunció en redes sociales que se trataba de “un borrador”, y más tarde se publicó una nueva versión, sin incluir algunos de los artículos controversiales.

Dos días después, la Asamblea Nacional se convocó para activar las competencias establecidas en el artículo 166 constitucional, que le permite revocar un decreto de excepción en cualquier tiempo. Durante la sesión, el secretario jurídico presidencial anunció que el Decreto No. 455 se derogaba, y que en su lugar entraría en vigor el Decreto No. 459.  Se trató, a criterio de muchos, de una movida política para impedir a la Asamblea desautorizar públicamente lo dispuesto por el presidente. El Decreto No. 459, excluyó las reuniones pacíficas de la prohibición, eliminó un artículo que permitía a las Fuerzas Armadas hacer requisiciones, y moduló otro artículo que ordenaba a la fuerza pública realizar vigilancia reforzada para las personas migrantes.

Aún con el Decreto No. 455 derogado, la Corte Constitucional del Ecuador emitió el Dictamen 3-22-EE/22, donde declaró la constitucionalidad parcial de éste. La Corte llamó la atención a la motivación sobre la causal de grave conmoción interna invocada por el Ejecutivo a la luz del artículo 164 constitucional, que faculta al Presidente a decretar el estado de excepción en esos casos.  

La Corte indicó que, si bien es posible verificar la calidad de “notorio y público” de dichos acontecimientos a través de la prensa y  reportes e informes de organizaciones sociales, a la luz de lo dispuesto en el Dictamen No. 8-21-EE/21,  aquello no exime al Ejecutivo de su deber de justificar suficientemente los hechos considerados como detonantes de la conmoción alegada, algo que no había hecho con profundidad.

Al decimotercer día de manifestaciones, varios asambleístas de oposición iniciaron un proceso de destitución al presidente Lasso a la luz del artículo 130.2 de la Constitución, que permite aquello en casos de “grave crisis política y conmoción interna”. A la par, y posiblemente con miras a que dicha causal no se verifique, el Ejecutivo anunció la derogatoria del Decreto Ejecutivo No. 459, alegando una supuesta reducción en los incidentes violentos en el contexto de las protestas. Esto, a pesar de que pocos días antes, el Ministro de Defensa anunció un recrudecimiento en la utilización de la fuerza por parte de los agentes del orden, debido a que los hechos delincuenciales y vandálicos registrados habían ido en aumento.

Dos días más tarde, y nuevamente con ese decreto ya derogado, la Corte Constitucional emitió el Dictamen No. 4-22-EE/22. En el mismo, declaró la constitucionalidad parcial del Decreto No. 459, no sin antes llamar de nuevo la atención al Ejecutivo, por las sucesivas declaratorias y revocatorias de decretos de excepción, y el posible riesgo que aquello supondría a la facultad de ese tribunal de realizar un control constitucional oportuno.

Con voto concurrente, el juez Escudero Soliz consideró que, atendiendo las limitaciones temporales establecidas en el artículo 166 de la Constitución, la vigencia del Decreto Ejecutivo Nro. 459 debía computarse como una renovación del Decreto Ejecutivo Nro. 455, por persistir las mismas causas que lo originaron.