¿Por qué es necesario que la CIDH pueda visitar Colombia en medio de la crisis?

27 de Mayo del 2021
¿Por qué es necesario que la CIDH pueda visitar Colombia en medio de la crisis?
Foto: El Espectador

Palabras clave: Colombia, Derechos Humanos, CIDH, protestas sociales

El 7 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió una comunicación al gobierno de Colombia solicitando su autorización para realizar una visita de trabajo al país. Esta carta, hecha pública el 14 de mayo, responde a una petición de movimientos sociales colombianos para que se investiguen las presuntas violaciones a derechos humanos cometidas a raíz de las protestas sociales que iniciaron el 28 de abril. El 24 de mayo, la Canciller afirmó que –por ahora- el gobierno no aceptará una visita de la CIDH al país. No obstante, el 27 de mayo, anunció que tal visita se llevaría a cabo después del 29 de junio –fecha en la que se llevará a cabo una audiencia ante la Comision–. Todo esto mientras continúan las protestas en todo el país.

La CIDH fue creada por la Organización de Estados Americanos en 1959. Con la entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en julio de 1978, desde entonces, este órgano ha adquirido una importante su labor en la región para  proteger y promover derechos en las Américas, incluyendo las visitas a países. 

El objetivo de este artículo es mostrar la importancia que las visitas de la CIDH han tenido para la protección de derechos y el restablecimiento del orden democrático y la importancia que podría la implementación de una medida similar en Colombia.  

CIDH en Argentina en 1979: Una visita histórica para el Sistema Interamericano

En 1979, Argentina se encontraba bajo el régimen de la junta militar liderada por el General Videla. Las noticias sobre violaciones a los derechos humanos eran graves: secuestros, desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, etc. Esta visita fue fundamental para documentar la magnitud y sistematicidad de las violaciones que ocurrían en el país, contribuyendo a consolidar el naciente movimiento de derechos humanos argentino. Hasta hoy, esta visita es considerada como uno de los principales hitos en la historia de la CIDH y del propio Sistema Interamericano. 

Frente a lo que viene ocurriendo en Colombia, este recuerdo es pertinente por un tema muy relevante: la importancia de la legitimidad de la entidad que documenta las denuncias y la confianza que las víctimas o sus familiares tienen para relatar sus testimonios, sabiendo que no serán hostigadas, revictimizadas o perseguidas. 

CIDH en el Perú el 2020: Crisis institucional, violencia policial y protesta social

El 10 de noviembre de 2020 el Congreso peruano destituyó al entonces presidente Vizcarra. El entonces Presidente del Congreso, Manuel Merino, asumió la Presidencia del país, generando una crisis legal e institucional puesto que esta medida fue vista como una forma de que la extrema derecha asumiera el control del país a 6 meses de las elecciones.  La población salió a protestar pacíficamente en todo el país, pero esta fue violentamente reprimida. Ante la presión social e internacional, el régimen de Manuel Merino renunció el 15 de noviembre, dejando un saldo de 100 heridos y dos fallecidos.   

La visita al Perú fue a fines de noviembre del año pasado. A pesar de las restricciones de la pandemia, la CIDH se reunió con autoridades estatales, ONGs, medios de comunicación, víctimas y sus familiares. Su informe, publicado en diciembreestableció, como recomendaciones, una lista de reformas que el Estado deberá adoptar para prevenir que esta situación vuelva a ocurrir. En este difícil contexto, los constantes comunicados de la CIDH, incluido su anuncio de visitar el país, la presentación de denuncias penales y la solicitud de medidas cautelares y peticiones ante la CIDH para proteger a protestantes contribuyeron a que el Estado responda por los detalles de sus operativos policiales.

Frente a la situación de Colombia, la visita a Perú fue importante por la similitud de denuncias sobre el actuar de la policía: uso desproporcionado de la fuerza, denuncias de violencia sexual en establecimientos policiales, detenciones arbitrarias, desapariciones, muerte de civiles y ataques a miembros de la fuerza pública. 

Expectativas sobre lo que la CIDH podría hacer en Colombia

El 24 de mayo, la Canciller se reunió con el equipo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, informando que por ahora la CIDH no podrá visitar el país, ya que las entidades nacionales deben adelantar primero su labor de investigar las presuntas violaciones a derechos humanos. Esta posición es un golpe duro a las víctimas y organizaciones del país que solicitaron esta visita. Todo esto mientras el Congreso de Colombia discutía una moción de censura contra el Ministro de Defensa y siguen las protestas en todo el país.

Ahora bien, dado que se ha abierto la posibilidad de que se efectúe la visita de la CIDH después del 29 de junio y dada la importancia de estos espacios, es necesario proponer algunas medidas que ayuden a maximizar este impacto. De ninguna manera quisiera decir a las ONGs colombianas qué es lo que tienen que hacer. El movimiento de derechos humanos en Colombia es uno de los más sólidos de la región por lo que las recomendaciones presentadas a continuación se basan en experiencias recientes de monitoreo a visitas de la CIDH.

-Acceso a la justicia e impunidad.Es importante presentar y sistematizar las demandas de habeas corpus y de tutela (amparo/protección). De esta forma, una vez que la CIDH u otro organismo internacional esté en el país, se tendrá información actualizada de los diversos casos relativos a personas lesionadas, desaparecidas o muertas. En el Perú, esto fue fundamental para forzar a los tribunales nacionales a que cumplieran con su papel. 

-Medidas cautelares ante la CIDH. Si se tiene información de personas o de un grupo específico cuyos derechos están en grave peligro, las solicitudes de medidas cautelares son fundamentales y en países como Colombia, la Corte Constitucional ha ordenado al Estado dar cumplimiento a estas solicitudes. Estas no necesariamente serán concedidas, pero demuestran al Estado que los órganos internacionales no se quedarán únicamente en declaraciones de prensa o mensajes en redes sociales. También ayudan para exigir a la CIDH una respuesta pronta a dichas solicitudes. 

-Sistematización de la información sobre presuntas violaciones.Durante las protestas en el Perú, se sistematizó la información relativa a personas dadas como desaparecidas, detenidas o que se encontraban en hospitales. Esta información se actualizó diariamente. Otra entidad se encargó de recopilar la información multimedia y de verificar su autenticidad. Debo resaltar que dado que la mayoría de las protestas fueron en Lima, se facilitó la coordinación de esta información que eventualmente podría ser usada para los informes finales de la visita o un informe sobre los derechos humanos en el país. 

-Seguimiento a la visita de la CIDH. Toda visita a un país tiene un informe oficial. Pero dada la grave situación de Colombia, no se debería descartar que se proponga la creación de grupos de trabajo especializados o la de un informe sobre los derechos humanos en el país. La medida que originó las protestas fue la fallida reforma tributaria pero hay situaciones relativas al proceso de paz y el asesinato de personas defensoras ambientales, indígenas y de derechos humanos que ameritan un estudio más detenido sobre la actual crisis. (Recomendado:  ¿Un estado de cosas inconstitucional para personas líderes?)

Existen varias alternativas y posiciones sobre lo que la CIDH podría hacer, por lo que recomiendo la lectura del artículo escrito por mi colega Silvia Serrano sobre la importancia de una visita de trabajo de la CIDH al país, del artículo co-escrito por mi colega Enrique Prieto sobre el deber del Estado de proteger el derecho a la protesta social pacífica y del artículo de mi colega Juliana Bustamante, sobre las implicancias de la posición del gobierno de Colombia frente a la CIDH.  

Conclusiones

Una vez se adelante la visita de la CIDH a Colombia, esta debería ser realizada sin ningún tipo de restricciones para que la CIDH pueda reunirse con funcionarios públicos, organismos de derechos humanos, manifestantes y medios de comunicación. Además, la CIDH debe poder acceder, sin restricción ni previo aviso, a cualquier establecimiento policial, militar o cualquier otra dependencia en la que existan indicios de que haya sido usado como centro de detención. El gobierno, a su vez, debe facilitar el traslado a todas las zonas del país que se consideren necesarias y dar las garantías de seguridad necesarias.

Lo anterior no es una lista de demandas sino lo mínimamente necesario para que este órgano de derechos humanos pueda cumplir con su trabajo con autonomía e independencia. Un gobierno que respeta los derechos humanos no solo debería aceptar la visita de la CIDH sino también debe realizar una invitación abierta a los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas a que hagan lo mismo. 

Citación académica sugerida: Herencia-Carrasco, Salvador: ¿Por qué es necesario que la CIDH pueda visitar Colombia en medio de la crisis?, Agenda Estado de Derecho, 2021/05/27, https://dutapp.com/por-que-es-necesario-que-la-cidh-pueda-visitar-colombia-en-medio-de-la-crisis

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ACERCA DEL AUTOR
Salvador Herencia-Carrasco

Es director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá.

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Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.