Frente a este escenario, recientemente el Relator Especial de Naciones Unidas para la promoción y protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, Ian Fry, dio a conocer su Informe acerca de los derechos de las personas desplazadas internacionalmente debido a eventos climáticos. Allí identifica los arreglos jurídicos que actualmente permitirían, en mayor o menor medida, brindarles protección, y a la vez explora alternativas para que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) se actualice y se haga cargo de este desafío que ha llegado para acompañar a la humanidad por tiempo indefinido.

El informe evidencia que el desplazamiento forzoso, en el contexto de la crisis climática, involucra múltiples afectaciones a los derechos humanos de quienes lo sufren: no solo implica un abandono involuntario del lugar en que —en la mayoría de casos—     se ha nacido y crecido, sino que involucra también una afectación a derechos como el derecho a la alimentación, al agua y al saneamiento, a la salud y educación, e incluso del derecho a la vida cuando ésta se ve amenazada. Por si fuera poco, la posibilidad de ser víctimas de redes de crimen organizado y grupos armados, con fines de explotación laboral o sexual, es altísima para estas personas      que se desplazan en una situación de vulnerabilidad extrema.

La protección internacional de quienes se ven forzados a migrar ha estado tradicionalmente dirigida a quienes están amenazados o sufren la persecución por motivos asociados a su nacionalidad, raza, origen social, opinión política o religión. Así lo ha establecido la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, y si bien han existido intentos por ampliar dicho ámbito de aplicación (como la Declaración de Cartagena de 1984 en el ámbito interamericano), lo cierto es que no ha existido una voluntad colectiva seria y decidida de incorporar, de manera vinculante a la definición de refugiado, otros motivos que amenacen la vida o integridad de quienes sufren el desplazamiento forzado, como la crisis climática.

De allí que el Relator Especial concluya la existencia de un importante déficit en la protección jurídica de estas personas. La mencionada Convención, que data de los años 50’, por supuesto no anticipó que décadas más tarde una crisis climática forzaría también a millones de personas a abandonar sus hogares. En dicho escenario, el Informe propone el establecimiento de un nuevo Protocolo Facultativo en el marco de la Convención, que permita ofrecer una respuesta a este desafío global. Paralelamente a ello, sugiere que los sistemas regionales y ordenamientos jurídicos internos favorezcan acuerdos y visados humanitarios a quienes sufren el desplazamiento forzado producto de eventos relacionados con el clima.

La ampliación del ámbito de aplicación del Derecho Internacional de los Refugiados a los desplazamientos forzosos producto de la crisis climática, debe considerarse una exigencia del principio de progresividad, según el cual la protección internacional de los derechos humanos debe avanzar hacia una continua e irreversible expansión. Como planteó Norberto Bobbio, entre otros, el carácter histórico de los derechos humanos y el hecho que éstos surjan gradualmente a partir de la transformación de las condiciones de vida de la humanidad, los hace susceptibles de evolución y perfeccionamiento. El preámbulo del Acuerdo de París ya refiere al compromiso de los Estados Parte de abordar esta preocupación común de la humanidad, en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos. Esto supone que la comunidad internacional no puede estar ajena a la necesidad de garantizar la protección de los derechos de quienes sufren y sufrirán este fenómeno en el futuro.