Nicaragua: Violencia institucionalizada contra universidades y ataques a la libertad Académica
19 de abril de 2022
En Nicaragua se cerraron Universidades y se encarceló a estudiantes, por su participación en protestas ¿Cuál es el rol de la comunidad internacional?
“Denunciar la dictadura en mi país no es fácil. Pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible, es imposible”. Con estas palabras, el ahora exembajador de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) expuso cómo el régimen del presidente Daniel Ortega ha copado todas las instituciones del Estado, silenciando toda forma de oposición.
Durante 2018, la sociedad civil nicaragüense protestó contra diversas medidas del régimen de Ortega, las cuales fueron reprimidas violentamente. Siguiendo con el testimonio del embajador de Nicaragua del 23 de marzo del 2022, desde 2018 el gobierno ha arrestado más de 177 personas y más de 350 han perdido la vida. Además, se ha prohibido la publicación de la prensa escrita y restringido el acceso a redes sociales. Por ejemplo, se confiscó el periódico La Prensa, dejando al país sin periódicos impresos en circulación nacional. Igual destino ocurrió con el noticiero 100% Noticias y Confidencial, dejando al país sin medios de comunicación que no sean afines o controlados por el régimen.
La represión contra la libertad de expresión llevó también a la clausura de dos organismos de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos. En resumen, el régimen de Ortega ha perseguido toda entidad considerada como “opositora”. Se estima que más de 170 mil nicaragüenses han abandonado el país desde el inicio de las protestas en abril de 2018.
Las “elecciones” que se llevaron a cabo en noviembre de 2021 no contaron con observadores internacionales y se vetó la posibilidad de que opositores al régimen participen en elecciones libres y democráticas. Como exponemos más detalle, desde el 2018, las universidades nicaragüenses han liderado las protestas, exigiendo un proceso libre, abierto y transparente, de acuerdo con la Carta Democrática Interamericana.
Dado el liderazgo de las universidades y estudiantes en las protestas, el régimen de Ortega adoptó, como retaliación, una serie de medidas contra las instituciones de educación superior del país. Por ejemplo, se han cerrado universidades privadas y se ha reformado la ley de autonomía universitaria para alinearla con los intereses del régimen; por orden del gobierno, se ha expulsado a estudiantes universitarios y despedido a personal académico vistos como opositores. Todo esto afecta principios básicos de derechos humanos, de libertad académica y de autonomía universitaria en el país. El objeto de este artículo es mostrar la dimensión de esta crisis y hacer un llamado para que la comunidad internacional responda frente a un régimen dictatorial.
El autoritarismo no es amigo de las universidades. Buscan controlarlas pues su pensamiento crítico y autonomía es una amenaza para sus intereses La persecución contra estudiantes y universidades no es nueva en Nicaragua. Entre sus afectados están miles de estudiantes quienes han sido perseguidos, torturados, enjuiciados, exiliados y expulsados del país.
Desde 2018, más de 45 estudiantes han sido asesinados por las fuerzas de choque del partido político oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y más de 150 alumnos han sido expulsados de sus instituciones universitarias. Miles han enfrentado el cierre ilegal de sus universidades, mientras que cientos han preferido el exilio frente al amedrantamiento y la censura. Más de 37 estudiantes han sido encarcelados, 7 de los cuales permanecen en prisión.
Adicionalmente, el gobierno ha censurado la libre asociación y organización de los movimientos estudiantiles autónomos y solo permite la existencia de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), la cual es manejada por el régimen de Ortega. Como dijo el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, al recibir el premio Cervantes el 2018, las y los estudiantes “siguen luchando sin más armas que sus ideales”.
En febrero de 2022, la Asamblea Nacional Nicaragüense, dominada por el FSLN, canceló la personería jurídica de cinco universidades: la Universidad Politécnica (UPOLI), la Universidad Católica del Trópico Seco, la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios, la Universidad Paulo Freire y la Universidad Popular. Esta cancelación viola la ley de autonomía de las instituciones de educación superior, en la cual se reconoce la autonomía universitaria y se protege a las universidades de las intervenciones del Estado. Esta medida, además, ignora la Constitución Política, la cual prohíbe la confiscación de la propiedad.
El fundamento para este atropello no podría ser más burdo. El Ministerio de Gobernación consideró que, al no haber reportado sus estados financieros ni el de sus juntas directivas, estas universidades habían violado la ley contra lavado de activo y antiterrorismo. La verdad es que esta medida fue una retaliación contra las universidades que tuvieron un papel crucial en las movilizaciones ciudadanas de 2018. Posteriormente, estas universidades, bajo el control de Ortega y el FSLN, han sido reabiertas pero ya sin autonomía o libertad de pensamiento.
Pero la actuación del régimen de Ortega no se limitó al control de las universidades. El Gobierno elaboró una lista con nombres de profesores y alumnos que habían participado en las movilizaciones, forzando a que 150 estudiantes sean expulsados de las universidades públicas. Este procedimiento fue contrario a los principios básicos de debido proceso y publicidad. Dado el control político sobre las universidades y el poder judicial, estos estudiantes nunca pudieron defenderse frente a estas arbitrariedades.
Pero no sólo fueron expulsados, sino que, además, se les prohibió aplicar a otras universidades de Nicaragua o del extranjero durante los próximos tres años, puesto que sus expedientes y sus notas han sido borrados o porque las universidades se negaron a entregar la documentación necesaria para dichos trámites. Al mismo tiempo, el régimen, ya con el control de las universidades, despidió arbitrariamente a docentes y trabajadores administrativos de las universidades públicas, por razones de diferencias políticas.
Ante el control del aparato estatal y la falta de independencia judicial, es necesario buscar soluciones en el ámbito internacional. En el Sistema Interamericano, los recientemente adoptados Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgan herramientas para que la comunidad universitaria en Nicaragua siga luchando por sus derechos a la libertad académica y la autonomía de las instituciones académicas, al acceso a la educación sin ningún tipo de discriminación, a la inviolabilidad del espacio académico y a la integridad personal de las y los estudiantes. Pero, dado el copamiento de las instituciones, esta comunidad necesita el apoyo inequívoco de la comunidad internacional.
Uno de los retos es cómo afrontar el anuncio del retiro oficial de la Organización de Estados Americanos por parte de Nicaragua, el cual se efectuó el 19 de noviembre de 2021 y que entrará en vigor el 19 de noviembre de 2023. Este anuncio no excluye la vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los órganos del Sistema Interamericano. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debería usar los Principios y demás instrumentos interamericanos para demandar a Nicaragua ante la Corte Interamericana, buscando la protección de estudiantes, profesoras y profesores universitarios.
De forma paralela, el anuncio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del 31 de marzo, creando un Grupo de Trabajo sobre Nicaragua, abre la puerta para documentar e investigar las graves violaciones que ocurren en el país. Dado que la libertad académica tiene un impacto en la consolidación de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, este Grupo de Trabajo debería incluir, de forma expresa, la investigación de ataques contra las instituciones de educación superior y la comunidad internacional en el país.
El régimen de Ortega es responsable de graves violaciones a los derechos humanos. La falta de transparencia, la supresión de los mecanismos de control y el uso de la fuerza contra cualquier persona o institución considerada como opositora del régimen auguran un futuro difícil para el país. La comunidad internacional tiene el deber de apoyar a la comunidad universitaria nicaragüense y los organismos internacionales deben incluir la protección de la libertad académica como tema prioritario en sus investigaciones.
Citación académica sugerida: Arango Patiño, Catalina, Rivera Cruz, Elthon & Herencia-Carrasco, Salvador. Nicaragua: Violencia institucionalizada contra universidades y ataques a la libertad académica. Agenda Estado de Derecho. 2022/04/19. Disponible en: https://dutapp.com/nicaragua-violencia-institucionalizada-contra-universidades-y-ataques-a-la-libertad-academica/
Palabras claves: Nicaragua, Libertad Académica, Universidades, Comunidad internacional
Coordinadora del proyecto sobre Libertad Académica en las Américas de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa.
Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa.
Estudiante de ciencias políticas y activista de Derechos Humanos, con especial atención a derechos estudiantiles, libertad académica y autonomía universitaria.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
