En abril de 2018 estalló en Nicaragua una ola de protestas sociales que el gobierno decidió responder con una política de represión vigente hasta la actualidad. Uno de sus rasgos más distintivo es la aplicación de un estado de excepción de facto que restringe el ejercicio de derechos ciudadanos fundamentales como la libertad de movilización y la libertad de expresión. Los principales ejecutores de esa política son las fuerzas de policía y grupos de civiles armados simpatizantes del gobierno, pero incluye a otras instituciones estatales como parte de una red de dispositivos de represión y control social instalados gradualmente desde el 2007 por el mismo gobierno, cuando el presidente Daniel Ortega regresó a la presidencia.
El ejército hace parte de ese engranaje y es una de las instituciones que respalda políticamente al gobierno de Ortega desde abril de 2018 cuando el nivel de la contienda política se elevó rápidamente hasta el punto de sumir al país en una profunda crisis política.
La política de represión aplicada ha comprometido seriamente la legitimidad y confianza de las fuerzas armadas y policiales por sus omisiones y actuaciones, especialmente en el caso de la policía que es señalada de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad por organismos internacionales de derechos humanos. (ver Latibarómetro 2018, pág. 50)
Un aspecto de la agenda política planteada por los actores de oposición para una eventual transición política consiste en reformar los sectores de la defensa y la seguridad. La reforma es indispensable por varias razones. Una de las más importantes es porque desde el año 2010, Daniel Ortega, actual presidente de Nicaragua (2007-2020), promovió la aprobación de un conjunto de leyes que modificaron el marco normativo de la defensa y la seguridad, reconfigurando el modelo de Estado y de régimen político al establecer una subordinación directa del Ejército y la Policía a la autoridad ejecutiva, eliminando la supervisión y control de otras autoridades civiles sobre las dos instituciones, entre ellas el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Gobernación, y atribuyéndose amplias facultades para definir las políticas de defensa y seguridad de manera unilateral. (ver Informe GIEI, 2018. Pág. 45, 48 y 58)
Una de las reformas institucionales más críticas del sector defensa y seguridad consiste en reconstruir el marco normativo e institucional a fin de asegurar la debida subordinación de las fuerzas militares y policiales a las autoridades civiles legislativas y administrativas, además del Ejecutivo; restablecer los mecanismos civiles de supervisión y control; reforzar el papel de los Ministerios de Defensa y Gobernación; y trasladar la formulación de las políticas públicas en materia de defensa y seguridad a esas instituciones. Además, es preciso devolver al ejército y la policía su carácter nacional, es decir, que sean respetuosas de la ley y la autoridad civil, que sean realmente no deliberantes y no partidarias, y que actúen de acuerdo con principios democráticos y respeto a los derechos humanos. De manera que el proceso de reforma tiene que efectuarse con un alto nivel de madurez y responsabilidad, así como con visión estratégica.
Durante los últimos años también se distorsionó la carrera militar y policial, de manera que los criterios técnicos y de formación establecidos para los ascensos y promociones fueron sustituidos por relaciones de lealtad, influencia y clientelismo político al más alto nivel. En ese sentido, uno de los aspectos a considerar en un proceso de reforma institucional es el restablecimiento de esos parámetros como parte de los mecanismos de promoción y ascenso tanto en el caso del Ejército como de la Policía. Eso incluye el retiro del jefe del ejército y el director de la policía una vez que han cumplido un período en el cargo, de la misma forma que la prohibición para que oficiales de ambas instituciones ocupen cargos de naturaleza civil en el aparato estatal.
En el sector seguridad, es necesario realizar una profunda depuración y reforma de la Policía considerando que una buena parte de los efectivos, especialmente la jefatura y ciertas unidades operativas, participaron activamente y tienen responsabilidad directa en las violaciones de derechos humanos que se han cometido durante la represión gubernamental ejecutada desde el 2018 hasta la actualidad, pero además, porque también son responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos especialmente durante los meses más intensos de la represión.
El proceso de depuración policial debería ser gradual pero firme y exhaustivo, para separar de sus cargos a aquellos oficiales implicados en violaciones de derechos humanos y preservar a quienes estén libres de responsabilidad. Otros aspectos institucionales que deben ser sometidos a revisión son los procesos de formación policial y militar basados en el respeto a los derechos humanos y a la ley; el establecimiento de mecanismos internos de supervisión, control y sanción a diferentes niveles; la revisión de la estructura y las funciones de unidades policiales que participaron en las acciones de represión; y los procesos de selección e incorporación de nuevos efectivos policiales, sobre todo los nuevos ingresos producidos desde 2018 hasta la actualidad.
En el caso del Ejército el escenario es más complejo porque, a diferencia de la Policía, no participó visiblemente en las acciones de represión (ver informe GIEI, 2018. Pág. 192), pero si ha jugado un papel como actor político respaldando públicamente a Daniel Ortega. Un proceso de reforma del sector defensa también debe incluir una investigación exhaustiva y el esclarecimiento de las denuncias públicas que se han hecho en relación a la participación de directa e indirecta en las acciones de represión.
Por otra parte, el Ejército tiene la responsabilidad ineludible de desarmar a los grupos de civiles armados organizados y protegidos por el gobierno desde 2018 (ver Informe GIEI, 2018. Pág. 54). Durante la transición política y la pacificación a inicios de los años 90, el proceso de desarme de excombatientes transcurrió de manera voluntaria, pero esta vez es previsible que sea coercitivo; una tarea que solamente puede recaer sobre el Ejército en tanto es la fuerza armada legítimamente constituida.
El escenario futuro es complejo para el sector de la defensa y la seguridad en Nicaragua. La reforma es indispensable, significa un esfuerzo jurídico e institucional fuerte, pero sobre todo demanda un compromiso firme de los líderes políticos y los funcionarios civiles estatales para su aplicación. Si la transición de los años 90 permitió avanzar un proceso de profesionalización de las fuerzas armadas y la policía, truncado durante los últimos diez años, con el regreso de Ortega a la presidencia, la transición que está nuevamente a las puertas ofrece una oportunidad única para sentar estas bases de manera perdurable.
Nota del autor: Este artículo es un resumen del ensayo titulado: “La represión institucionalizada: un sistema de dispositivos letales. Publicado recientemente en el libro Nicaragua. El cambio azul y blanco (www.elcambioazulyblanco.com)
Citación académica sugerida: Cuadra Lira, Elvira. Nicaragua: (propuestas de) reforma militar y policial indispensable, Agenda Estado de Derecho, 2020/09/17. Disponible en: https://dutapp.com/nicaragua-propuestas-de-reforma-militar-y-policial-indispensable/
Socióloga nicaragüense con más de 20 años de experiencia en investigación sobre democracia, juventudes, cultura política, análisis de conflictos y seguridad en Nicaragua y Centroamérica. Autora y co-autora de diversos libros y ensayos. Más información
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.