¿La solución está en la ley?: apuntes sobre la Ley Modelo de Protección de Periodistas
18 de Enero de 2024
En la lucha por la libertad de expresión, la Ley Modelo de Protección de Periodistas emerge como un faro de esperanza. ¿Cuál es su relevancia y los desafíos que enfrenta para fortalecer la seguridad y protección de quienes ejercen el periodismo en América Latina y el Caribe?
La construcción de una conciencia universal sobre los derechos humanos y la democracia es uno de los mayores avances civilizatorios de los últimos cien años. Este ha sido un camino colaborativo y de diálogo que ha supuesto un fortalecimiento de la sociedad civil, de las instituciones nacionales y del sistema multilateral, un esfuerzo cimentado con acuerdos, políticas y acciones que han atravesado desde el ámbito global hasta los espacios locales.
Asimismo, en estas décadas, la defensa, promoción y ejercicio de las libertades de expresión y prensa ha sido crucial para sostener, defender y ampliar los logros que hemos construido como humanidad, muy especialmente desde el fin de la II Guerra Mundial.
Innegablemente, el ejercicio de la libertad de expresión es siempre el primer paso para defender los derechos humanos y fomentar los debates democráticos, ambos aspectos son clave en tiempos donde el autoritarismo y los discursos de odio parecen recapturar posiciones en el ejercicio político.
La Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de los Medios, iniciativa que nace en América Latina, pero que la UNESCO promueve globalmente, busca ser parte de este esfuerzo colectivo por defender los mínimos civilizatorios que hemos edificado desde el siglo XX.
De hecho, desde su elaboración en Uruguay en 2021, esta norma surgió como una articulación colectiva en la que participaron comunicadores, organizaciones de la sociedad civil, relatores de libertad de expresión, expertos y, por cierto, directivos de la UNESCO.
Se trata de un esfuerzo que busca reforzar el compromiso de los Estados, en orden a fortalecer la seguridad de los periodistas, en momentos en que las agresiones a la libertad de expresión se han incrementado y diversificado. Es un esfuerzo que supone construir y solidificar nuevos consensos democráticos, en torno a la libertad de expresión y sus garantías.
Pero también es una iniciativa consciente de sus posibilidades y límites.
Los ataques a la libertad de expresión, a los medios independientes y a las y los periodistas y sus familias, son un reflejo y símbolo de las crisis económicas, sociales y de garantía de los derechos humanos y ambientales que encara América Latina y el Caribe. Son –además– una expresión clara de la precarización institucional en desarrollo desde hace décadas en la región y, también, de las crecientes restricciones al debate democrático.
En la actualidad, las y los periodistas y las personas trabajadoras de la prensa enfrentan riesgos graves, tales como el asesinato, el secuestro, la desaparición forzada, la detención arbitraria, la tortura, los ataques y agresiones, los discursos estigmatizantes, la violencia sexual, las restricciones a la información, el uso abusivo del poder estatal y de la persecución penal, los marcos legales contrarios a los estándares internacionales de libertad de expresión y prensa, los desplazamientos forzados y las restricciones de internet, entre otras amenazas.
En cifras, 518 periodistas fueron asesinados en los últimos 25 años en América Latrina y el Caribe. Los países con el mayor número de periodistas asesinados en la región son México, Brasil, Colombia y Honduras. Además, sólo en los últimos dos años, unos 205 comunicadores se exiliaron en Costa Rica, según Voces del Sur (2022). Por cierto, casi la totalidad de estos casos se encuentra en la impunidad, según reporta la UNESCO (2023).
Ante esta crisis, que se replica en todo el mundo, en 2012 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el “Plan de Acción sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad”. Adicionalmente, en diciembre de 2021, en una reunión en Uruguay, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la CIDH de la OEA, la UNESCO, representantes del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y directoras y directores de medios de diversos países latinoamericanos, coincidieron en señalar la validez de impulsar una Ley Modelo de Protección a Periodistas y Personas Trabajadoras de la Prensa.
Profundizando en este enfoque, en 2022 el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (IPDC), señaló la relevancia de mejorar los marcos legales sobre protección y seguridad de periodistas (UNESCO, 2022). En 2023, en tanto, en el marco del proyecto “Supporting Media Safe Spaces for journalists in conflict situations, especially targeting displaced and diaspora journalists” se observó la necesidad de delinear un esfuerzo coordinado en esta materia.
En paralelo a estos esfuerzos, en la última década se impulsaron una serie de iniciativas políticas y operativas para proteger el periodismo. Ellas incluyeron la adopción de recomendaciones, el desarrollo de programas de formación de operadores de justicia o el despliegue de acciones específicas de apoyo a periodistas bajo ataque.
Otro elemento relevante lo constituyen los avances en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En este contexto, una variedad de actores participa de estos esfuerzos de promoción y protección de la libertad de expresión. A nivel multilateral destaca la labor de la Media Freedom Coalition (MFC) y de la Freedom Online Coalition (FOC).
Sin embargo, más allá de las recomendaciones, no había hasta ahora iniciativas concretas que buscaran dar respuestas legales a estos desafíos. O que al menos intentaran abrir ese camino sobre el terreno.
En consecuencia, los consensos en torno a la necesidad de fortalecer legal e institucionalmente el periodismo seguro e independiente son amplios y profundos. Pero ¿cuál es el aporte de la Ley Modelo y cuál es su importancia?
Como se señaló, en 2021 se realizó en Uruguay el I Encuentro Latinoamericano y Caribeño por la Protección de Periodistas. Los acuerdos y consensos alcanzados en aquella reunión forjaron una base legal y política que permite hoy hacer viable un trabajo de largo aliento en este ámbito en la región. Esto es clave.
En la actualidad, de hecho, Chile y Paraguay ya están debatiendo sendos proyectos en favor de la protección de periodistas en sus Congresos. En México, en tanto, se está impulsando una iniciativa de capacitación en estas materias, enfocada en los gobiernos subnacionales.
Desde esos cimientos, y tomando como una experiencia equivalente el esfuerzo en torno a las leyes de acceso a la información pública impulsadas en la década pasada, es posible plantear la idea de avanzar en debates prelegislativos en torno a la necesidad de proteger el periodismo en la región. Por cierto, este debe ser un esfuerzo articulado colaborativamente con los organismos multilaterales, los gobiernos, los actores legislativos, las organizaciones de la sociedad civil que representan a periodistas, dueños de medios y stakeholders.
También es muy probable que, debido al escenario global y regional, existan países donde estos avances sean políticamente inviables. Pero nuestra obligación es delinear un trabajo de largo plazo que nos permita robustecer las legislaciones en torno a la protección de periodistas en uno de los continentes más peligrosos para el ejercicio de la profesión.
La Ley Modelo básicamente es un cuerpo normativo que resume los consensos civilizatorios y jurisprudenciales en torno a la libertad de expresión y las garantías con que debe contar el ejercicio de un periodismo seguro. En consecuencia, el objetivo del trabajo impulsado en torno a ella es adecuar las legislaciones nacionales a las normas y a la jurisprudencia internacionales en materia de seguridad y protección de periodistas y personas trabajadoras de la prensa.
En detalle, la Ley Modelo incorpora normas relativas a: i) los principios universales sobre protección del periodismo; ii) prevenir los ataques a periodistas; iii) proteger su persona, su familia y su trabajo; iv) procurar justicia en caso de agresiones; v) obligaciones especiales en caso de conflicto social o armado; vi) indicaciones especiales respecto de las mujeres periodistas y trabajadoras de la prensa; y, vii) relativas a la necesidad de que existan mecanismos de protección eficaces.
El horizonte de todo este esfuerzo es mejorar los marcos legales nacionales respecto de la seguridad y protección del periodismo, como una forma de salvaguardar su labor, innegablemente vinculada a la denuncia de la corrupción estatal y el crimen organizado. No es una solución a los desafíos abismales que encaramos, sólo es un paso más, pero profundamente necesario.
Citación académica sugerida: Weibel Barahona, Mauricio. ¿La solución está en la ley?: apuntes sobre la Ley Modelo de Protección de Periodistas. Agenda Estado de Derecho 2024/01/18. Disponible en: https://dutapp.com/ley-modelo-de-proteccion-de-periodistas/
Palabras clave: Libertad de expresión, periodismo, Ley de Protección de Periodistas, libertad de prensa.
Periodista de investigación de la Universidad de Chile, con estudios de postítulo y postgrado en Literatura, Educación, Políticas Públicas y Estudios Americanos. Colaborador en CIPER. En 2011, impulsó la creación de la Unión Sudamericana de Corresponsales, entidad de la que fue su primer presidente. En 2015, recibió el LASA Media Award de la Latin American Studies Association por su aporte al debate sobre América latina. Y en 2019 publicó el Manual de Periodismo de Investigación de la Unesco.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
