La situación de Venezuela ante el sistema interamericano de derechos humanos
24 de Febrero de 2023
¿La Corte IDH tiene competencia para conocer de casos ocurridos en Venezuela tras la denuncia de la CADH?
La situación de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) es bastante peculiar, casi única, podríamos decir. Usualmente, la identificación de cuáles son los Estados parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) no es una cuestión que se preste a debate, pues basta con verificar los actos de depósito ante la Secretaría de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero ese no es el caso de Venezuela.
Aquí abordamos las razones por las cuales, y desde la centralidad de los derechos humanos, la Corte IDH sí tiene jurisdicción sobre Venezuela como Estado parte de la Convención. (Recomendado: ¿Qué está pasando con Venezuela en el Sistema Interamericano?)
El 10 de septiembre de 2012, Venezuela denunció la CADH, decisión que, aunque puede ser calificada como inconstitucional por muchos, surtió efectos un año después, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la CADH. Así lo reconoció la propia Corte en su informe correspondiente al año 2013.
A su vez, el 28 de abril de 2017, se recibió la denuncia de Venezuela a la Carta de la OEA, cuyos efectos, en todo caso, sólo comenzarían a surtirse dos años después, de acuerdo con el artículo 143 de la Carta. Con esta decisión, por ello, Venezuela manifestó su voluntad de desvincularse completamente del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
En mayo de 2018 Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, organizó elecciones que fueron consideradas fraudulentas. Por ello, a pesar de que Maduro mantenía el control del Gobierno, a partir del 23 de enero de 2019, decenas de países reconocieron al presidente de la Asamblea Nacional, electa en 2015, como presidente encargado, en los términos del artículo 233 de la Constitución de Venezuela. El 9 de abril de 2019, el Consejo Permanente de la OEA decidió aceptar como representante de Venezuela ante esa Organización al embajador designado por la Asamblea Nacional, decisión ratificada por la Asamblea General el 28 de junio de 2019.
Con esas decisiones, la representación de Venezuela en la OEA y, por ende, en el SIDH, pasó del Gobierno de Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional, representada por su presidente. Bajo este marco, el presidente de la Asamblea actuando, como presidente encargado, remitió una comunicación el 8 de febrero de 2019 dejando sin efecto la denuncia de la Carta de la OEA. Como consecuencia, Venezuela se ha mantenido como Estado parte de la OEA.
Posteriormente, el 1 de julio de 2019, el presidente de la Asamblea, actuando como presidente encargado, ratificó la Convención Americana, así como la jurisdicción de la Corte IDH para conocer de los casos contenciosos en contra de Venezuela, incluso, de manera retroactiva a partir del 10 de septiembre de 2013. Este instrumento de ratificación fue depositado el 31 de julio ante la Secretaria.
Fue de esa manera cómo Venezuela no solo se mantuvo como Estado parte de la OEA, sino que además, volvió a ser Estado parte de la CADH.
La situación de Venezuela en el SIDH, a partir de 2019, fue sin embargo particular. En efecto, Venezuela actuó como parte de la Carta de la OEA, incluso, ante la CIDH, a través de la representación designada por la Asamblea Nacional. Pero la Corte IDH no tomó en cuenta el depósito del instrumento de ratificación realizado el 31 de julio de 2019.
Tal y como explicamos en este estudio, esa situación no fue resultado de alguna decisión de la Corte IDH, sino más bien de los hechos, pues lo cierto es que para la Corte, Venezuela no es Estado parte de la Convención, como puede comprobarse en su página web. En las distintas decisiones dictadas en contra de Venezuela, la Corte se ha limitado a señalar que la denuncia de la CADH se hizo efectiva a partir del 10 de septiembre de 2013, como incidentalmente se analizó en la Opinión Consultiva Nº 26/20. Para hacer más complicada la situación, la representación de Venezuela ante la Corte ha sido ejercida por el Gobierno de Nicolás Maduro, mientras que, ante la Comisión, ésta recayó en la representación designada por la Asamblea Nacional.
La situación de Venezuela como Estado parte de la CADH podría aclararse en el caso Alfredo José Chirinos Salamanca y otros, que la CIDH remitió a la Corte IDH el pasado 16 de febrero de 2022. Este caso versa sobre violaciones de derechos humanos que, según la Comisión, son imputables a Venezuela por hechos acontecidos con posterioridad al 10 de septiembre de 2013.
La Comisión consideró que la Corte tiene jurisdicción tomando en cuenta el depósito del instrumento de ratificación que, como vimos, se realizó el 31 de julio de 2019. Como explicamos en el amicus curiae presentado ante la Corte IDH, consideramos la interpretación de la CIDH como jurídicamente correcta: la Corte IDH no tiene competencia para determinar qué organización política puede ser considerada como el Gobierno de Venezuela dentro del SIDH, pues esa decisión corresponde a los órganos políticos del Sistema, es decir la OEA y la misma CIDH. Estos órganos, como vimos, decidieron que quien podía representar a Venezuela era el presidente de la Asamblea Nacional.
Tanto más, y aplicando el caso de Palestina decidido por la Cámara de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI), el único acto jurídicamente relevante es el depósito. Por lo tanto, la Corte Interamericana debe considerar como Estados parte de la Convención a aquellos que han cumplido con el trámite del depósito, tal y como Venezuela hizo el 31 de julio de 2019.
No negamos la particularidad del reconocimiento internacional del presidente de la Asamblea Nacional como presidente encargado, siendo que el Gobierno de Nicolás Maduro sigue ejerciendo cierto control territorial. Pero la Corte IDH no debe decidir la cuestión política sobre quién es el Gobierno de Venezuela reconocido como tal, en tanto debe actuar de conformidad con el acto de depósito.
Además, de haber dudas, la Corte Interamericana igualmente tendría que considerar que Venezuela sí es Estado parte y que, por ende, tiene jurisdicción para conocer de violaciones a derechos humanos cometidas con posterioridad al 10 de septiembre de 2013, de acuerdo con el principio pro persona. Así, el Tribunal Interamericano podría cumplir un rol fundamental en la protección de derechos humanos de las víctimas venezolanas, incluso, en un diálogo con la investigación actualmente conocida por la CPI, así como con las actuaciones de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La situación de Venezuela ante el SIDH se complicó más todavía, pues el 3 de enero de 2023 la Asamblea Nacional de 2015 decidió extinguir la figura del presidente encargado, Juan Guaidó, dejando sin efecto las representaciones diplomáticas designadas desde 2019. Tal y como los profesores Allan R. Brewer-Carías y Asdrúbal Aguiar explicaron, esa decisión es violatoria de la Constitución de Venezuela. Pero en cualquier caso surtió plenos efectos, pues el representante permanente designado por la Asamblea ante la OEA cesó funciones.
La única consecuencia jurídica de ello es que Venezuela no tiene representación acreditada ante la OEA y por ende, ante el SIDH. Pero esto no podría afectar la condición de Venezuela como Estado parte de la Carta de la OEA y de la CADH, pues esa condición depende de los correspondientes depósitos, que todavía se mantienen. Por lo anterior, el cese de la representación de Venezuela ante el Sistema no debe impedir a la Corte Interamericana reconocer su jurisdicción para decidir controversias basadas en violaciones de derechos humanos imputables a Venezuela con posterioridad al 10 de septiembre de 2013.
Citación académica sugerida: Hernández, José Ignacio. La situación de Venezuela ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Agenda Estado de Derecho. 2023/02/24. Disponible en: https://dutapp.com/la-situacion-de-venezuela-ante-el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/
Palabras clave: Venezuela, CADH, CorteIDH, jurisdicción.
Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Católicas Andrés Bello (Investigador). Escuela Kennedy de Harvard.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
