La protección de niños y adolescentes en las plataformas digitales. Avances en Brasil
20 de Diciembre de 2023
El artículo trata sobre la protección de menores en plataformas digitales en Brasil, destacando la influencia europea, riesgos sistémicos y la resistencia de las plataformas.
La protección de los derechos de los niños y adolescentes en el entorno digital ha estado ocupando un lugar destacado en la agenda tanto de Europa como de las Américas. Esto se debe en gran medida a que una parte significativa del mundo digital está (auto)regulada por empresas, cuya gobernanza interna no siempre prioriza la protección de los derechos humanos de manera central.
A partir de este contexto, el presente artículo busca analizar los posibles avances normativos en este tema en Brasil y América, tomando como referencia la influencia de la regulación europea de 2022 conocida como Ley de Servicios Digitales.
Desafíos y posibles violaciones
El acceso a Internet para niños y adolescentes puede contribuir positivamente a su desarrollo; sin embargo, también puede tener impactos negativos en el ejercicio de los derechos humanos, afectando significativamente su bienestar y seguridad.
De 2006 a 2022, la proporción de usuarios de Internet en Brasil, en el rango de edad de 10 a 15 años, aumentó del 36% al 92% en áreas urbanas, según la investigación TIC Kids 2022. En América Latina y el Caribe, los datos también indican el mismo fenómeno: uno de cada dos niños, con edades comprendidas entre los 3 y los 17 años, tiene acceso a Internet en casa, según UNICEF.
Son numerosas las posibles violaciones que pueden ocurrir en el entorno en línea afectando los derechos de niños y adolescentes. Desde preocupaciones sobre ciberseguridad y protección de datos, hasta exposiciones directas a contenidos desinformativos, publicitarios, violentos o sexuales.
Además, el entorno digital puede abrir nuevas vías para la violencia contra niños y adolescentes, como la explotación y el abuso por ciberagresiones, que incluyen intimidación y amenazas a la reputación, creación o compartición de textos o imágenes no consentidos de naturaleza sexual, como contenido autogenerado u obtenido por coerción, y la inducción de comportamiento autolesivo, como lesiones corporales, actitudes suicidas o trastornos alimentarios.
Reflejos del Digital Services Act
Brasil podría ser pionero en América Latina en una legislación que tiene la intención de regular las plataformas digitales e identificar los riesgos sistémicos provocados por las redes sociales y los grandes motores de búsqueda, de manera similar a como lo hizo la legislación europea.
El año pasado, la Unión Europea aprobó lo que posiblemente sea el conjunto regulatorio más extenso del mundo en relación con el entorno digital: el Digital Services Act (DSA) y el Digital Markets Act (DMA). Mientras que la primera legislación busca crear un “espacio digital más seguro“, la segunda se dedica a garantizar un mercado de libre competencia en este sector.
En sus considerandos (del 80 al 84), el DSA identifica cuatro categorías de riesgos sistémicos que deben ser evaluados por las redes sociales y los motores de búsqueda, especialmente en su proceso de debida diligencia.
i. Una primera categoría se refiere a los riesgos asociados con la difusión de contenidos ilegales, como la difusión de material pedopornográfico o discursos ilegales que incitan al odio.
ii. Una segunda categoría se refiere al impacto real o previsible del servicio en el ejercicio de los derechos fundamentales protegidos por la Carta de la Unión Europea, que incluyen, entre otros, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la libertad de expresión y de información, y los derechos de niños y adolescentes.
iii. Una tercera categoría de riesgos se refiere a los efectos negativos reales o previsibles en los procesos democráticos.
iv. Y, finalmente, una cuarta categoría de riesgos surge de preocupaciones sobre el efecto negativo real o previsible en la protección de la salud pública, de los menores de edad y del bienestar físico y mental en relación con la violencia de género.
En su artículo 35, la nueva legislación señala que la respuesta a los riesgos sistémicos debe ocurrir mediante la adopción de medidas que mitiguen sus efectos.
En el caso de los riesgos asociados a niños y adolescentes, la regulación exige la adopción de medidas específicas para proteger sus derechos, incluyendo instrumentos de verificación de la edad y de control parental, así como instrumentos destinados a ayudar a los menores a señalar abusos o buscar apoyo.
Además de la identificación de los riesgos sistémicos, en sus más de 150 párrafos justificando la regulación, el DSA hace otras menciones directas a la protección de niños y jóvenes. La regulación deja claro que los derechos de este grupo minoritario están entre los derechos fundamentales de la Unión Europea que tienen aplicación directa en el entorno digital.
Además, hace una mención a la necesidad de que las plataformas digitales sigan estándares europeos en la protección de niños y jóvenes, establecidos en el documento de la Comisión Europea llamado “Una Década Digital para los niños y los jóvenes: la nueva Estrategia europea para una Internet mejor para los niños“.
Esta declaración señala algunas medidas que se deben tomar en el entorno en línea, como la capacitación digital de los jóvenes, la creación de experiencias digitales seguras y la participación de este grupo de edad en la propuesta de soluciones a los desafíos actuales.
La regulación en Europa impone, además, reglas específicas para los términos y condiciones de uso si los servicios son utilizados o dirigidos a menores. El artículo 14 del DSA exige que siempre que un servicio intermediario esté principalmente dirigido a menores o sea predominantemente utilizado por ellos, el proveedor de este servicio explique las condiciones y cualquier restricción al uso del servicio de manera que éstos puedan comprender.
El artículo 28 del DSA presenta normas específicas para la protección de menores en el medio digital. Según el dispositivo, las plataformas en línea accesibles para menores deben adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, protección y seguridad de éstos. Además, restringe la posibilidad del uso de datos personales de jóvenes con fines publicitarios.
Hacia una Protección Integral
En Brasil, la discusión sobre la regulación de las redes sociales ya está en marcha, especialmente a través del Proyecto de Ley 2630/2020 que aún está en trámite en el Congreso Nacional. Éste podría representar, si es aprobado, un avance importante para la protección de niños y adolescentes.
En su texto original, presentado en 2020, la protección de los derechos de los niños y adolescentes era bastante tímida. Solo había una única mención, que se refería a una exención de la necesidad de notificar al usuario sobre la eliminación de su publicación en caso de violación de los derechos de los menores.
La redacción actual del proyecto ni siquiera incluye este dispositivo, pero ha avanzado en la protección de niños y adolescentes en otros artículos.
Actualmente, el proyecto establece que la “protección integral y prioritaria de los derechos fundamentales de niños y adolescentes” es uno de los objetivos de la posible nueva ley. En una inspiración directa del DSA, el proyecto brasileño establece que los proveedores deben realizar un análisis de riesgos sistémicos, enumerando directamente los derechos de los niños como una de las categorías de riesgo.
En relación con estas amenazas, según el proyecto de ley, las plataformas deberán tomar medidas para mitigarlas. Entre estas medidas, se enumeran específicamente aquellas destinadas “a proteger los derechos de niños y adolescentes, incluida la adopción y mejora de sistemas de verificación de la edad, desarrollo y promoción de herramientas de control parental o de notificación de abusos o búsqueda de apoyo por parte de niños y adolescentes” – en una redacción muy similar a la del DSA.
En lo que respecta a la creación de un “deber de cuidado” de las plataformas digitales, el proyecto de ley hace referencia a la obligación de adoptar una debida diligencia específica para delitos contra niños y adolescentes, una particularidad de Brasil que cuenta con una legislación específica para la protección de este grupo.
El Proyecto de Ley 2630/2020 no se limita solo a obligaciones para el sector privado, también crea el deber del Poder Público brasileño de tomar iniciativas para promover la capacitación digital en la educación pública.
El proyecto de ley también presenta un capítulo dedicado exclusivamente a la protección de niños y adolescentes. En este sentido, los servicios digitales destinados a niños deberán tener en cuenta los mejores intereses de este grupo.
También tendrán que crear mecanismos que impidan que los más jóvenes accedan a servicios que no están destinados a su grupo de edad. En otra inspiración directa del DSA, la posible regulación prohíbe la creación de perfiles de comportamiento de niños y adolescentes con fines comerciales.
Una de las últimas propuestas de enmienda al proyecto de ley busca introducir nuevas protecciones para este grupo minoritario. Esta propuesta se hizo después de casos de ataques armados en escuelas de Brasil que supuestamente fueron organizados en medios digitales.
De autoría del diputado federal Mendonça Filho, la enmienda busca ampliar el deber de protección de niños y adolescentes en Internet en casos de incitación al suicidio y promoción de prácticas delictivas contra los jóvenes.
La discusión en Brasil sobre el proyecto legislativo ha encontrado una fuerte resistencia por parte de las propias plataformas de Internet. En mayo de este año, la votación del proyecto se pospuso en la Cámara de Diputados debido a la falta de consenso para la aprobación del texto.
Cerca de la votación del proyecto, el ministro Alexandre de Moraes del Tribunal Supremo Federal de Brasil, en una decisión en el marco del Inquérito (INQ 4781), estableció un plazo de una hora para que las empresas Google, Meta (propietaria de Facebook e Instagram), Spotify y Brasil Paralelo eliminaran completamente todos los anuncios, textos e información difundidos y promovidos desde el blog oficial de Google con ataques al Proyecto de Ley (PL) 2630.
Según el ministro, las conductas de las empresas pueden configurar, en teoría, no solo abuso de poder económico en vísperas de la votación del proyecto de ley al intentar impactar de manera ilegal e inmoral la opinión pública y el voto de los parlamentarios, sino también inducción flagrante e instigación a la mantención de diversas conductas criminales practicadas por las milicias digitales investigadas en el INQ 4874.
La discusión continúa en el país, que espera la aprobación de una legislación que imponga obligaciones más evidentes a las plataformas de Internet.
Aunque esta sea una discusión absolutamente global, los países de la región latinoamericana tendrán un desafío aún mayor para poner los derechos humanos y los derechos de niños y adolescentes en el centro de las actividades corporativas, considerando que la transformación del entorno digital dependerá de estos avances.
Citación académica sugerida: Walter de Santana, Anna Luisa y Archegas, João Gabriel. La protección de niños y adolescentes en las plataformas digitales: Avances en el tema en Brasil. Agenda Estado de Derecho. 2023/12/20. Disponible en: https://dutapp.com/la-proteccion-de-ninos-y-adolescentes-en-las-plataformas-digitales-avances-en-brasil/
Palabras clave: redes sociales; Brasil; protección de la niñez
Professora da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) e da Clínica de Direitos Humanos do Programa de Pós-graduação em Direito (PPGD). Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
É graduando em direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). É coordenador do Laboratório das Relações entre Democracias e Empresas (LARDEM) vinculado a Clínica de Direitos Humanos da PUCPR.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
