Un derecho en el olvido: La Libertad Académica en América Latina
23 de Octubre del 2020
“La educación es la vacuna contra la violencia y la ignorancia”. Estas palabras de Quino, inmortalizadas por Mafalda, reflejan la importancia de la educación para el progreso de nuestras sociedades. A pesar de que todo el mundo parece estar de acuerdo sobre su relevancia, llama la atención el lugar casi secundario que la libertad académica tiene, sobre todo, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
A modo de ejemplo, de las 44 relatorías y mandatos especiales que tiene la ONU en materia de derechos humanos, no existe ninguno exclusivamente dedicado a la libertad académica. Por lo general, se asume que ésta es parte de la libertad de expresión o del derecho a la educación. Dado que los derechos humanos son interdependientes, esto es, en parte, cierto. Sin embargo, la libertad académica es un derecho autónomo y sus componentes impactan toda la sociedad y no únicamente lo que ocurre dentro de un salón de clase.
De ahí la importancia del informe de la Relatoría Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión a la Asamblea General durante este mes. El objetivo de este artículo es analizar algunos de los componentes de este informe, contextualizando su importancia para América Latina.
El informe inicia presentando una definición simple sobre la libertad académica, esta podría ser la posibilidad de llevar a cabo actividades que impliquen el descubrimiento y la transmisión de información e ideas, y de hacerlo con la protección integral del derecho de los derechos humanos”.
Más allá del vínculo que se tiene entre la educación y la libertad de expresión, la libertad académica tiene un contenido propio que debe ser protegido por los Estados. De acuerdo con la Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la libertad académica incluye la libertad de investigación y de expresión, la posibilidad que tienen los estudiantes, profesores e investigadores de desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otro agente externo, así como la capacidad de participación en organismos académicos profesionales o representativos.
El informe de la Relatoría Especial de la ONU sobre Libertad de Expresión hace un llamado a que los Estados y los organismos internacionales incluyan este derecho en el debate público. El informe muestra cómo los ataques a la libertad académica representan un fenómeno global, que demandan de una protección reforzada por el Estado.
Por ejemplo, muestra casos en Europa como la decisión del gobierno de Hungría de cerrar la Universidad Centroeuropea por tener departamentos sobre estudios de género o casos en Asia como el ocurrido en Pakistán, en 2015, donde se restablecieron los juzgados militares con el fin de enjuiciar a las denominadas personas “anti-estatales”, incluidos profesores y estudiantes. También muestra casos en África donde se informó un patrón de vigilancia y detención arbitraria de los estudiantes de la Universidad de Oromo (Etiopía) en 2014.
La Relatoría muestra también una serie de casos de América Latina en la que se evidencia que académicas, académicos, estudiantes y universidades enfrentan permanentes represiones estatales y sociales por las investigaciones que llevan a cabo, por las protestas sociales que lideran, por los interrogantes e ideas que cuestionan a los gobiernos y a sus políticas.
El informe confirma que en los últimos años se han presentado múltiples amenazas a la libertad académica en América Latina relacionadas con: (i) restricciones a la autonomía universitaria y a la reducción de la financiación la educación superior en Venezuela y Brasil; (ii) el uso de la violencia contra estudiantes y profesores y la represión de las protestas estudiantiles como en Colombia, Chile, Honduras y Brasil; y (iii) actos de violencia sexual que quedan impunes en campus universitarios de México y Chile.
Pero los ataques a la libertad académica son un fenómeno global. Recientemente, Estados Unidos ha ordenado la cancelación de cursos de formación interracial a sus funcionarios federales. En Canadá, ha habido un revuelo en la Universidad de Toronto pues el decano de la Facultad de Derecho suspendió la contratación de la nueva directora de la Clínica de Derechos Humanos –supuestamente por la presión y oposición de donantes privados- por el trabajo que ella había realizado sobre la situación de palestinos en Cisjordania.
El informe recomienda que los Estados examinen y revisen las leyes y políticas nacionales para garantizar la protección de la libertad académica. Esto incluye evitar el uso de instrumentos de coerción, como recortes de financiación; abstenerse de penalizar a las universidades y a sus miembros por las actividades que realizan; asegurar la autonomía institucional de las universidades; y reconocer que los campus universitarios deben ser espacios dinámicos para el ejercicio de los derechos de expresión, protesta pacífica y otras libertades fundamentales.
En las recomendaciones, se hace un llamado a que organismos internacionales no se marginen más del tema y que las ONG incluyan la libertad académica cuando examinen el estado de los derechos humanos en los diferentes países. A las organizaciones académicas, el informe solicita la adopción de políticas más inclusivas y transparentes. Finalmente, se alienta a los miembros de la sociedad civil a tomar parte activa en la protección de la libertad académica, denunciando los casos de violación o riesgo ante los órganos regionales e internacionales.
Ante la falta de respuesta de los Estados, particularmente en América Latina, han sido los tribunales los encargados de velar por este derecho. Se pueden mencionar casos de éxito, aunque excepcionales, donde la ley ha protegido el derecho a la libertad académica de profesores latinoamericanos como la profesora Mónica Godoy en Colombia, quien había sido retirada de su cargo tras adelantar una documentación de presuntos casos de violencia sexual ocurridos al interior de una Universidad o la reciente decisión de la Corte Constitucional de Ecuador, que protegió el presupuesto de las universidades públicas. Y actualmente está pendiente la decisión de la Corte Interamericana sobre la sanción que el juez Urrutia recibió por el Poder Judicial de Chile por escribir un trabajo de investigación sobre la judicatura durante el régimen militar para obtener un grado universitario.
Sin duda, se necesitan actores estratégicos que visibilicen el problema y den prioridad a la tarea de ubicar la libertad académica entre los primeros lugares de la lista de derechos a proteger. Por ejemplo, si el Sistema Interamericano de Derechos Humanos fortaleciera su liderazgo en el tema, los tribunales de la región de seguro lo secundarían en la defensa de las comunidades académicas.
La defensa de la libertad académica es un trabajo de todas y todos. Las universidades y sus comunidades son los que innovan, los que producen conocimiento, los que hacen preguntas, y los que cuestionan las verdades asumidas. No podemos dejar de lado el papel que juegan las universidades en el fortalecimiento de la democracia y en la construcción de una sociedad crítica y libre. El informe de la relatoría no sólo demuestra que los ataques a libertad académica son un fenómeno global sino que hace un llamado para visualizar un derecho que ha sido injustamente relegado.
Citación académica sugerida: Arango Patiño, Catalina; Herencia-Carrasco, Salvador: Un derecho en el olvido: La Libertad Académica en América Latina, 2020/10/23, https://dutapp.com/la-libertad-academica-en-america-latina
Coordinadora del proyecto sobre Libertad Académica en las Américas de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa.
Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
