Diez años de aplicación de la LEIV ponen en evidencia que su cumplimiento exige una profunda transformación de las instituciones del Estado, desde sus titulares hasta los niveles de atención y prestación de servicios directos a la población. Algunas evaluaciones como la realizada en el marco de la Iniciativa Spotlight sostienen la necesidad de incluir la violencia política y obstétrica y      hacer visibles los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además, recomiendan “mejoras de política públicas, acceso a la justicia, reparación y con la importancia de reflejar la mirada interseccional de las mujeres en leyes y políticas de servicios y administración de justicia”

Este es un desafío al que las organizaciones que defienden derechos de las mujeres, especialmente organizaciones feministas, contribuyen con diferentes herramientas y recursos, formando personal, apoyando la creación de unidades especializadas, construyendo y aplicando indicadores de verificación y monitoreo ciudadano. Esta labor realizada en el marco de la participación ciudadana que son reconocidos en la misma ley.

Pese a que esta ley ha sido reconocida nacional e internacionalmente como un cuerpo normativo progresista, su aprobación y aplicación no han ocurrido sin resistencias e intentos de retrocesos. Por ejemplo, cuando se aprobó la LEIV y se establece el delito de feminicidio y de la violencia feminicida, uno de los puntos de debate era, si desde el Estado se estaba promoviendo un valor diferente a la vida de las mujeres respecto a la vida de los hombres, y si en ese sentido, se trata de una legislación discriminatoria.

Con el tiempo, en debates y explicaciones, estas interpretaciones sesgadas se han ido superando, pues lo que ha pasado en la práctica, es que paulatinamente la LEIV ha permitido sacar de la oscuridad muchas realidades de violencia que las mujeres viven y que han permanecido silenciadas.

En la sociedad salvadoreña continúa predominando una cultura machista, con ello, las reacciones de hombres acostumbrados a no ser cuestionados por “expresiones de violencia contra las mujeres” terminan coincidiendo con algunos debates legislativos recientes en los que parlamentarios argumentan que “la LEIV no sirve y debe ser derogada”.

La violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas es una realidad lacerante que está lejos de ser superada, pero la LEIV es un instrumento que les protege y con el que pueden acudir a exigir el respeto a sus derechos. En este marco resultan sumamente riesgosas las declaraciones de la bancada legislativa oficialista, que, aparentemente con el afán de negar cualquier avance legal o político alcanzado en períodos de gobierno y legislativos que les precedieron, amenacen públicamente con derogar o reformar lo esencial y sustantivo de esta ley, que tanto ha costado a las mujeres.

Pese a todas resistencias y agravios que esta ley ha enfrentado, la LEIV delimita claramente hechos de violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas tipificándolas no sólo como conductas indebidas, sino como delitos que deben judicializarse y procesarse mediante sistemas judiciales, políticos y administrativos. Un proceso de revisión y reforma de esta ley podría mejorar su aplicación teniendo como punto de partida los avances que ha significado su existencia para la vida de la población femenina en El Salvador; pero esto sólo será posible si en dicho proceso se involucran y participan activamente quienes estuvieron implicados en su gestación, que conocen y tienen registros de los vacíos en su puesta en marcha.

Organizaciones feministas que acompañan a mujeres que han recurrido a la LEIV consideran que no es una ley perfecta, que sin duda necesita reformas para mejorarla como incluir otras formas de violencia y promover cambios, sobre todo en lo que se refiere a su aplicación, pero que no por eso debería ser derogada. La Bancada Cyan tiene la correlación de votos para derogarla, pero en este caso, aunque tengan los votos, no tienen la razón. Como se sabe, un principio de los derechos humanos es la no regresividad en el reconocimiento y la protección acordada.