Como en el resto de América Latina, la política de Argentina tiende hacia la judicialización. El resultado de este fenómeno es un aumento significativo en el número de conflictos que se libran y dirimen en los tribunales. Es por ello que para cualquier observador de la realidad local debería resultar obvio que el Poder Judicial es un actor político de alta relevancia. Es común que con sus fallos los jueces sellen el destino de políticas públicas o determinen el alcance de derechos fundamentales. Dado que en la Justicia se dirimen cuestiones de suma importancia para la sociedad y la política, desde el retorno de la democracia se han sucedido una serie de intentos más o menos ambiciosos por incidir en quienes son (y cómo piensan) los jueces. Hoy asistimos a un episodio más en esta larga saga de propuestas de reforma judicial.

La organización judicial en Argentina responde al carácter federal del Estado. En la actualidad coexisten tres niveles de ordenamiento judicial: federal, provincial y nacional. La justicia federal tiene competencia en todo el país y se organiza por jurisdicciones. Las 15 jurisdicciones ubicadas en las provincias se componen de: una cámara de apelaciones, organizadas por salas, y juzgados de primera instancia que en su gran mayoría son multi-fueros. En la Ciudad de Buenos Aires, y debido a la gran cantidad de causas, la justicia federal se organiza en 4 fueros: (1) Civil y Comercial, (2) Contencioso Administrativo, (3) Penal Económico y (4) Criminal y Correccional. La reforma judicial que se está debatiendo en el país corresponde a modificaciones en la organización y competencia de la justicia federal, principalmente en el fuero penal.

No es llamativo que el eje principal de la reforma se centre en la justicia penal federal ya que la mayor cantidad de delitos con relevancia política se investigan en dicho fuero. En particular, los resonados casos de corrupción, incluyendo la causa de “los cuadernos” en la que se acusa a la actual Vicepresidenta y ex funcionarios de su anterior gestión (2007-2015) o denuncias varias contra la administración de Mauricio Macri (2015-2019), son algunos de los casos que desfilan por la justicia Criminal y Correccional federal ubicada en la Ciudad de Buenos Aires (denominada Comodoro P y por la dirección del edificio donde se alojan los juzgados). Asimismo, el nexo alegado en determinadas provincias entre el narcotráfico y la clase política dirigente potencia la relevancia de dicho fuero en todo el territorio nacional.

Algunos de los puntos más controvertidos de la reforma giran en torno a la creación de 65 juzgados de primera instancia penales federales ubicados en las provincias, 5 cámaras de apelaciones en las provincias, 2 tribunales penales orales, y la unificación (y expansión) de los fueros Penal Económico y Criminal Correccional federal ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Estos cambios suponen la creación de 95 vacantes para jueces federales, más personal administrativo, fiscales y defensores. Los nuevos 65 juzgados de primera instancia incrementarían aproximadamente un 50% el número total de tribunales federales. La reforma que se está discutiendo tendría entonces un gran impacto en el ordenamiento judicial, ya que reconfiguraría las relaciones entre la política y la justicia en todo el territorio.

Entre las razones esgrimidas por quienes defienden la iniciativa, se resalta la importancia de sumar capacidad para resolver la crisis de rezago procesal que afecta a algunas jurisdicciones. Considerando que desde el 2013 el Poder Judicial de la Nación no publica anuario de estadísticas con información sobre tasas de productividad y desempeño de la justicia federal, es ciertamente difícil evaluar la propuesta a la luz de este argumento. La ausencia de datos oficiales reduce el debate a tecnicismos legales y denuncias mediáticas respecto al manejo político de la reforma. Entre ellas se destacan, por un lado, el planteo oficial que acusa a la justicia federal penal con sede en la Ciudad de Buenos Aires de tener serios déficits de transparencia y demasiado poder para intervenir en la vida democrática del país, en especial debido a la discrecionalidad con la que se manejan los expedientes y a los nexos que unen al personal judicial con los servicios de inteligencia. Es por ello que mediante la expansión del fuero Criminal y Correccional (y su unificación con el Penal Económico) pareciera que se busca diluir el poder de los 12 juzgados existentes. En la vereda de enfrente, la oposición acusa al gobierno de querer intervenir la justicia a través de los nuevos nombramientos.

No obstante, lo cierto es que el Poder Judicial Federal requiere de mejoras y reformas. La dificultad radica en poder generar un debate despolitizado basado en las necesidades reales del sector judicial, y no de políticos con interés en el devenir de causas específicas. Desafortunadamente, los pocos datos disponibles debilitan el argumento sobre el impacto positivo que tendría la reforma en la gestión de la justicia federal. En particular, estadísticas judiciales federales del 2018 abren interrogantes fundados en evidencia respecto a determinados aspectos de la reforma.

El Gráfico 1 revela que el fuero Civil, a diferencia del fuero Penal, tiene tasas de resolución llamativamente bajas para la mayoría de las circunscripciones. El estándar internacional supone que los tribunales deberían poder resolver la misma cantidad de casos que ingresan en el año, es decir una tasa de un punto (o el 100% de los casos). Para el fuero Civil solamente cinco jurisdicciones logran el objetivo, mientras que para el fuero Penal son doce. El dictamen del Senado que avala el proyecto oficial de reforma judicial no propone reformas ni creación de juzgados de primera instancia para el fuero Civil federal sino exclusivamente para el fuero Penal. La duda que generan estos datos es si necesitamos crear 65 juzgados de competencia exclusiva en material penal dado el desempeño de la justicia civil. Mas aún, analizando los datos para el fuero Penal, ¿por qué en la jurisdicción de Córdoba, con la tasa de resolución más alta, se propone crear 7 nuevos juzgados, mientras que en la jurisdicción de Corrientes, con la tasa de resolución más baja, se propone crear solo 3 juzgados penales?