Un aspecto transversal en la argumentación de la Corte, ha sido la idea que “la denuncia de un tratado de derechos humanos, como la Convención Americana, representa una regresión en el nivel de protección interamericana de los derechos humanos y en la procura de la tan mentada universalización del sistema interamericano”.

El anterior criterio orientó buena parte de las consideraciones de la Corte y ésta, al hacer un análisis de los mecanismos de garantía colectiva de los tratados de derechos humanos de la entidad de la Convención Americana, precisó que:

[C]uando un Estado Miembro de la OEA denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dicho acto tiene las siguientes consecuencias sobre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos: (1) las obligaciones convencionales permanecen incólumes durante el período de transición hacia la denuncia efectiva; (2) la denuncia efectiva de la Convención Americana no surte efectos retroactivos; (3) la vigencia de las obligaciones que surgen de la ratificación de otros tratados interamericanos de derechos humanos se mantiene activa; (4) la denuncia efectiva de la Convención Americana no anula la eficacia interna de los criterios derivados de la norma convencional interpretada como parámetro preventivo de violaciones a los derechos humanos; (5) las obligaciones asociadas al umbral de protección mínimo a través de la Carta de la OEA y la Declaración Americana perduran bajo la supervisión de la Comisión Interamericana; y (6) las normas consuetudinarias, las derivadas de principios generales de derecho internacional y las pertenecientes al ius cogens continúan obligando al Estado en virtud del derecho internacional general.

La Corte estimó que la interpretación y sus consecuencias debían regirse en virtud del principio de buena fe de los Estados, y sostuvo como consecuencia de ello que:

[R]esulta central indagar sobre la buena fe estatal en conexión con el propósito y contexto en que se gesta y verifica la denuncia, atendiendo muy especialmente a situaciones en que la denuncia se da: (1) por una disconformidad con una decisión adoptada por el órgano de protección y motivada por una voluntad manifiesta de incumplir los compromisos internacionales adoptados en la misma; (2) en el escenario de una situación de suspensión de garantías de manera indefinida o que atente contra el núcleo inderogable de derechos; (3) en un contexto de violaciones graves, masivas o sistemáticas de los derechos humanos; (4) en el marco de la progresiva erosión de las instituciones democráticas; (5) ante una alteración o ruptura manifiesta, irregular o inconstitucional del orden democrático, y/o (6) durante la ocurrencia de un conflicto armado, por ser todas ellas situaciones que denotan una especial gravedad y pueden acarrear una afectación a la estabilidad democrática, la seguridad y la paz hemisférica, con la consiguiente afectación generalizada a los derechos humanos.

Ahora bien, el rol de la Corte frente a estos escenarios no fue claro, sino remitió esta descarga a los Estados Parte que, en ejercicio de la garantía colectiva, denuncien estos posibles actos de mala fe estatal “para prevenir que, a través de una denuncia se procure evadir de mala fe los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, disminuir o cercenar la efectiva protección de los mismos, debilitar el acceso al mecanismo jurisdiccional de carácter internacional, y dejar al ser humano al desamparo de la protección complementaria del sistema interamericano”.

La Corte dejó abierta la puerta para continuar realizando discusiones técnicas sobre los efectos de una denuncia, caso por caso. Pareciera que el espíritu de la opinión orienta a sostener que una denuncia puede ser estimada como inválida si se desprende que la misma es consecuencia de la mala fe estatal, dejándole la carga a los Estados parte de la Convención Americana de determinar si se actuó con dicha mala fe. Igualmente, la Corte no descartó que existan otros límites a la denuncia de la Convención, como los que pudieran desprenderse de la garantía de los derechos establecidos en el propio texto convencional.

El hecho que la Corte IDH haya dejado ver la transversalidad de la denuncia de tratados de derechos humanos como una regresión, deja luces sobre los espacios de interacción política e incluso, los controles jurídicos posteriores que bajo el análisis de casos de especie pudiesen hacer los órganos del sistema interamericano sobre este tema. El impacto que ello supone es que se aclaran las vías de impugnación judicial y control político ante una denuncia de los tratados bajo análisis.

Los mencionados tres aspectos son positivos para el derecho interamericano. La Corte hizo un avance plausible al llenar de contenido las cláusulas de denuncia de la Convención Americana y de la Carta de la OEA, más allá de las interpretaciones literales de tales cláusulas y en virtud de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.