La Corte Constitucional falla a favor de la salud al respaldar los impuestos a las bebidas azucaradas ultraprocesadas
26 de Octubre de 2023
En su artículo, las autoras analizan los impuestos a las bebidas azucaradas ultraprocesadas desde una perspectiva de derechos humanos
En la reciente reforma tributaria de 2022, Colombia adoptó impuestos saludables sobre las bebidas azucaradas y los productos comestibles ultraprocesados, una de las medidas consideradas por la Organización Mundial de la Salud como efectivas para combatir la epidemia de enfermedades no transmisibles (ENT), principal causa de muerte y morbilidad a nivel global. Al hacerlo, Colombia se sumó a los más de 85 Estados en el mundo que han promovido iniciativas similares, constituyendo un logro para la salud pública y los derechos humanos. Ayer la Corte Constitucional sentó un precedente trascendental en la materia, al declarar la constitucionalidad del impuesto sobre las bebidas azucaradas ultraprocesadas. Asimismo, protegió los derechos de todas las personas en Colombia frente a estrategias que, como el litigio, se han usado por parte de la industria de bebidas y comestibles, así como sus aliados para detener, obstaculizar o reducir la efectividad de medidas de salud pública.
Aunque todavía no se conoce el texto de la sentencia, en este escrito destacamos que los impuestos saludables están respaldados por el derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), el cual hace parte del bloque de constitucionalidad y suele hacer parte fundamental de las motivaciones de la Corte Constitucional. Este encuadre bajo el DIDH también es útil para el impulso de estos impuestos en otros países y para su defensa ante los ataques de la industria.
Más de dos tercios de las ENT son causadas por factores de riesgo modificables, entre ellos las dietas no saludables, caracterizadas por un alto consumo de productos comestibles y bebidas ultraprocesados. El consumo de estos productos no es una decisión meramente individual, pues las elecciones de las personas están fuertemente influenciadas por los entornos alimentarios y las actividades del sector privado, incluidas la producción y ofrecimiento a bajo precio de productos no saludables. Estos productos y prácticas se constituyen en determinantes sociales y comerciales de la salud, que deben ser abordados por los Estados en el marco del derecho a la salud.
Al respecto, es importante señalar que el precio de los productos no es natural y, por el contrario, es usado como una estrategia para fomentar su consumo. Por consiguiente, elevar el precio de productos que no son saludables, como las bebidas azucaradas ultraprocesadas, es una medida que permite desincentivar su consumo y promover condiciones para que las elecciones saludables sean las más fáciles y preferidas. Así, al modificar factores que facilitan que las personas se enfermen, los impuestos saludables contribuyen a crear entornos saludables y materializan las obligaciones de los Estados en relación con el derecho a la salud y otros interrelacionados. Entre estos últimos se destaca el derecho a la alimentación adecuada, que requiere que las personas accedan a alimentos de calidad suficiente para suplir sus necesidades alimentarias sin poner en riesgo otros derechos. Las bebidas azucaradas ultraprocesadas no cumplen estos elementos y, por ello, no son adecuadas para la satisfacción de este derecho, además de tener impactos negativos en la salud.
Al desincentivar productos asociados al desarrollo de ENT que derivan en costos sociales y económicos múltiples, incluidos pérdidas de productividad y sobrecarga de los sistemas de salud, los impuestos saludables permiten reducir gastos que son soportados por la sociedad en conjunto. Adicionalmente, generan recursos que permiten dar cumplimiento a otras obligaciones de derechos humanos que dependen de ellos, incluyendo la de tomar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles para lograr progresivamente su plena efectividad.
Así, los impuestos saludables tienen diversos beneficios, en tanto pueden generar recursos directos, incrementar la productividad, disminuir gastos en salud y promover derechos humanos como la salud y la alimentación, contribuyendo así al desarrollo de las personas y la sociedad. Por consiguiente, una política tributaria con enfoque en derechos humanos, incluidos los impuestos saludables, contribuye a materializar las obligaciones internacionales de los Estados. Esto ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros expertos en la materia.
Aunque materializan obligaciones de derechos humanos, los impuestos saludables son atacados frecuentemente con el argumento de que, al no considerar de manera diferenciada la capacidad contributiva de las personas, son regresivos y afectan desproporcionadamente a las personas más pobres. Por eso, se alega con frecuencia, que los impuestos saludables vulneran los principios de equidad y de progresividad según los cuales los impuestos deben imponerse en función de la capacidad de pago de las personas. Sin embargo, este argumento es reduccionista y se enfoca sólo en el impacto de la medida a nivel individual y a corto plazo.
El argumento de supuesta regresividad distorsiona y distrae del verdadero impacto desproporcionado que debe estar en el centro del debate y que ha sido descuidado por décadas: las ENT afectan más y con mayor intensidad a personas y grupos en situación de vulnerabilidad incluyendo a las personas en contextos de pobreza, quienes están más expuestas a los factores de riesgo de ENT y son objetivo de estrategias agresivas de publicidad y promoción por parte de la industria de ultraprocesados. Además, las personas en contextos de vulnerabilidad socioeconómica tienen menos herramientas para afrontar los costos directos (incluyendo los tratamientos prolongados) e indirectos (entre ellos, la pérdida o disminución de la capacidad de trabajar) de las ENT. Dado que las ENT exigen cuidados intensivos y prolongados, obstaculizan el desarrollo pleno no sólo de quienes las padecen, sino de sus familias, en especial de quienes están a cargo de las tareas de cuidado, frecuentemente mujeres.
Los impuestos saludables efectivamente contribuyen al bienestar de las personas y de la sociedad en su conjunto. Por consiguiente, el posible impacto financiero en el corto plazo se ve neutralizado y superado por los efectos positivos en el mediano y largo plazo. Estos efectos positivos se dan en la salud individual y pública, pues los impuestos no sólo contribuyen a prevenir las afectaciones a la salud personal, sino a disminuir la sobrecarga en los sistemas de salud que impacta negativamente la disponibilidad y accesibilidad de bienes y servicios de salud para todas las personas en el largo plazo. De esta forma, estos impuestos no sólo no violan el principio de igualdad, sino que, por el contrario, promueven la igualdad sustantiva en cuanto a la carga de las ENT. Lo anterior ha sido destacado recientemente por la CIDH, que además de reconocer el rol de los impuestos saludables para beneficiar a la sociedad y garantizar derechos, señaló que pueden tener impactos redistributivos positivos y promover la equidad.
Así, el análisis sobre la progresividad de los impuestos saludables debe evaluarse conforme a su efecto sistémico de largo plazo en la realización de derechos, la equidad y el bienestar general, en lugar de con una visión cortoplacista y reducida únicamente a su impacto económico directo. Esta interpretación es una confirmación de la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, según la cual, el principio de progresividad se predica del sistema tributario, no de cada impuesto individualmente considerado.
Los impuestos saludables, incluidos los relativos a las bebidas azucaradas ultraprocesadas, son compatibles y materializan obligaciones de derechos humanos que, además, coinciden con la protección de los derechos fundamentales previstos en la Constitución colombiana. Por consiguiente, celebramos la decisión de la Corte Constitucional que contribuye a los objetivos de salud pública y derechos humanos, y se constituye en un precedente trascendental a nivel regional y global.
Citación académica sugerida: Castagnari, Valentina; Tovar Ramírez, Ariadna y Serrano Guzmán, Silvia. La Corte Constitucional falla a favor de la salud al respaldar los impuestos a las bebidas azucaradas ultraprocesadas. Agenda Estado de Derecho. 2023/10/26. Disponible en: https://dutapp.com/impuestos-a-las-bebidas-azucaradas-ultraprocesadas/
Palabras clave: Bebidas azucaradas, impuestos saludables, salud, alimentación
Silvia Serrano Guzmán es abogada. Se desempeña como Directora Asociada de la Iniciativa del O’Neill Institute for National and Global Health Law de la Universidad de Georgetown, donde también es Profesora Adjunta. Anteriormente, se desempeñó como Coordinadora de la Sección de Casos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Consultora del Global Center for Legal Innovation on Food Environments del O’Neill Institute for National and Global Health Law. Abogada y maestra en derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia.
Asociada de la Iniciativa de Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill y profesora adjunta de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown. Tiene experiencia en una variedad de áreas, particularmente derechos humanos y derecho ambiental.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
