Teniendo en cuenta la pérdida de efervescencia del Grupo de Lima, la emergencia de nuevos temas de la agenda internacional que diluyen la urgencia relativa de la situación venezolana e, inclusive, el trabajo de relaciones públicas hecho por las propias autoridades venezolanas y algunos otros Estados, la renovación del mandato de la MIVH-Venezuela no es una ficha más de la batalla ideológico-económica de las autoridades venezolanas: se trata, esencialmente, de uno de los pocos mecanismos internacionales serios, imparciales, y transparentes que han hecho investigación metodológicamente verificable sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Para Venezuela y sus víctimas, la MIVH-Venezuela representa la oportunidad de construcción de una narrativa sustentada en la realidad, documentada y analizada rigurosamente, sobre qué está ocurriendo con los derechos humanos en Venezuela desde 2014 del dicho de las propias víctimas. Con miras a un eventual -y muy necesario- ejercicio de justicia transicional en el futuro, el goce del derecho a la verdad y a la reparación será posible en gran medida gracias a la Misión y al trabajo que ha realizado. Este mecanismo ha asegurado -en conjunto con el incansable trabajo de organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales, tanto venezolanas como internacionales- que pueda haber justicia con verdad, condiciones necesarias para poder reparar el tejido social y recomponer el estado de derecho.

Adicionalmente, y mientras ese día no llegue, existen más razones que deberían incidir pesadamente en el ánimo de los 47 estados que componen la membresía del Consejo de Derechos Humanos de la      ONU a la hora de decidir renovar el mandato de la Misión.

Tal vez la más visible, es la utilidad que tienen los hallazgos de la Misión como acompañamiento al trabajo de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en su investigación sobre Venezuela -actualmente suspendida de facto pero cuyo reinicio parece inevitable- con miras a determinar si existe capacidad y voluntad nacional de castigar los crímenes de lesa humanidad que la oficina ha determinado que ocurrieron en el país.

En este marco, el segundo reporte de la MIVH-Venezuela puede resultar un insumo capital que robustezca los propios hallazgos de la Fiscalía. En caso de proceder en la investigación a la individualización de probables responsables, el tercer y más reciente informe, probará ser un aporte valioso para la Fiscalía -sin perjuicio de que deba corroborar independientemente lo allí señalado- al efecto de abordar las líneas de investigación ya con probables responsables en mente y emitir órdenes de captura o comparecencia.

Una segunda dimensión tiene que ver con la crisis humanitaria que vive Venezuela y que ha desembocado en uno de los mayores flujos de refugiados que actualmente vive el planeta. A diferencia de otras crisis que han causado grandes cantidades de desplazados internos, el flujo migratorio venezolano está compuesto casi absolutamente por migrantes internacionales con una cifra cercana -o superior, dependiendo de la estadística- a los siete millones de personas y que se dirigen fundamentalmente a países americanos. Estos países, en su mayoría, acogen el concepto de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984 que extiende el ámbito de aplicación material de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 para incluir a personas cuya huida obedece no a una persecución individualizada, necesariamente, sino también a violencia generalizada o a masivas violaciones de los derechos humanos.

En ese contexto, los informes hasta ahora presentados por la Misión se convierten en información probatoriamente inmejorable para acreditar la existencia de los fundados temores de persecución -ahora no necesariamente individualizada y directa por efecto de la Declaración de Cartagena- y conseguir el reconocimiento de la condición de refugiado.

Es evidente que cuando se toman decisiones como la huida, lo menos en lo que piensan los migrantes es en llevar con ellos el acervo probatorio y documental necesario para poder probar su condición de refugiados. Más bien deben sortear los peligros propios del viaje, las veleidades ideológicas de turno sobre criminalización de migrantes venezolanos e, incluso, las medidas abiertamente inconvencionales como las devoluciones en caliente o la respuesta militarizada a los intentos de ingreso para poder solicitar el reconocimiento de la condición. En ese sentido, la MIVH-Venezuela ha dotado a los migrantes de una herramienta creíble, internacionalmente avalada, y metodológicamente sólida para poder considerar satisfecho el requisito de los fundados temores que es la piedra clave en el reconocimiento del status de protección internacional.

Podrían enunciarse muchas más razones, pero por espacio la presente pieza se contentará con las tres aquí ofrecidas y su autor -y todos aquellos a quienes nos duele el gentilicio- esperaremos con ansías la decisión del Consejo de Derechos Humanos sobre la renovación del mandato de la Misión. Como decimos en casa “amanecerá y veremos”.