El número de personas que han ingresado al Estatuto haría pensar que esta medida alcanzó una amplia parte de los nacionales venezolanos en Colombia. Más allá de las personas que ya contaban con un estatus migratorio regular y que transitaron al permiso por protección temporal, los nacionales venezolanos en situación migratoria irregular son quienes más se han beneficiado del Estatuto, ya que para ellos esta era casi la única posibilidad de regularizar su situación migratoria en el país, sobre todo si no contaban con un pasaporte. Otra población que podrá beneficiarse del Estatuto es la de los niños, niñas y adolescentes, y en especial, aquellos que se encuentran matriculados en una institución educativa, en proceso de restablecimiento de derechos o en el sistema de responsabilidad penal adolescente, para los cuales el Estatuto será accesible hasta el 30 de mayo de 2031, siempre y cuando cumplan con los demás requisitos.

Ahora bien, una primera pregunta que queda por responder es qué ocurre con aquellos nacionales venezolanos que, por alguna razón, no han ingresado al Estatuto o a los cuales se les ha negado el permiso por protección temporal. Como ya se había dicho, a esta medida solo podían acceder las personas venezolanas que se encontraban de manera irregular en el territorio nacional al 31 de enero de 2021. Quienes hayan ingresado de manera irregular luego de esta fecha están excluidos del Estatuto. Así mismo, solo quienes hayan entrado al territorio de manera regular desde finales de mayo de 2021 y lo hagan hasta finales de mayo de 2023, podrán beneficiarse de esta medida. A partir de junio de 2023, por ende, el Estatuto solo quedará abierto para los menores de edad en las circunstancias que mencionamos arriba.

Los motivos por los cuales se quisieron imponer estos límites temporales son dos principalmente: por un lado, se quiere evitar el efecto llamada, es decir, que la posibilidad de contar con un estatus migratorio regular sea un factor de atracción de personas venezolanas hacia Colombia y un incentivo para su migración. Por el otro lado y combinado con el motivo anterior, limitar el acceso al Estatuto solamente a quienes ingresan de forma regular, incentiva esta forma de migración y, al mismo tiempo, desincentiva la migración irregular. Sin embargo, esta visión de la migración desconoce las razones por las cuales las personas venezolanas están dejando su país de origen –no obstante la ya amplia documentación con la cual contamos sobre la situación de este país– y, una vez más, alimenta la ilusión de que migrar de forma irregular es el fruto de una decisión informada y voluntaria de la persona migrante, la cual decide migrar de forma irregular, habiendo podido hacerlo de forma regular.

Aunque se trata de cuestiones diferentes, no sobra recordar que, desde octubre de 2019 hasta la expedición de los primeros permisos por protección temporal, el número de personas venezolanas en situación migratoria irregular en Colombia superaba el número de nacionales venezolanos en situación migratoria regular. El tiempo nos dirá si las limitaciones temporales del Estatuto nos llevarán a encontrarnos en la misma situación en el futuro cercano.

Así que, una vez más las esperanzas de que no vuelva a repetirse una historia que ya conocemos deben reponerse en que, en algún momento, el (nuevo) Gobierno Nacional vuelva a abrir los términos para acceder a este permiso, así como ocurrió con el Permiso Especial de Permanencia, la medida de regularización migratoria anterior al Estatuto. Mientras tanto, seguiremos teniendo a personas en situación de irregularidad migratoria, invisibles para el Estado y en constante lucha para la protección y garantía de sus derechos.

Otra cuestión que queda por resolver es si el Estatuto tendrá los efectos esperados en lo que tiene que ver con el acceso al mercado laboral formal de esta población, a la educación, al Sistema de Seguridad Social, entre otros. Aunque hay estudios previos que muestran que la regularización migratoria tiene efectos positivos para la población migrante en diferentes aspectos, sabemos que la regularización es necesaria pero nunca es suficiente y que hay problemáticas como la discriminación y la xenofobia que un permiso, por sí solo, no van a resolver. Es allí donde los retos a los cuales nos enfrentamos siguen siendo todavía enormes.

Por esta razón y para que realmente el Estatuto cumpla con muchas de las expectativas que ha generado, es toda la política pública migratoria del Estado colombiano, sus autoridades, el sector privado, hasta los vigilantes de seguridad en los centros hospitalarios y los funcionarios que atienden a esta población en cualquier ventanilla, los que deberán estar a la altura de las promesas de esta medida de regularización.