El desarrollo de la IVE como derecho fundamental en sus dos dimensiones no fue ajena al análisis que la Corte hizo de la demanda presentada por el Movimiento Causa Justa, que resultó en la sentencia C-055. Dentro de los cargos estudiados y aceptados por la Corte se encontraba el de la violación al derecho a la salud, específicamente, a la salud reproductiva. En este cargo, la Corte consideró que el delito de aborto, aún con las tres causales despenalizadas, promovía las graves barreras para acceder a la IVE, lo que afectaba desproporcionadamente el derecho a la salud. Este mismo razonamiento fue aplicable al derecho a la libertad de conciencia, el cual, de acuerdo con la Corte, se veía afectado bajo un régimen de causales, pues en la práctica las barreras para acceder a la IVE impedían que las mujeres decidieran de acuerdo con su propia conciencia sobre su reproducción.

Adicionalmente, en cumplimiento de las sentencias SU-096/18 y C-055/2022, el Ministerio de Salud expidió la Resolución 051 de 2023, que regula la atención integral en salud frente a la IVE y establece que el sistema de salud está obligado a prestar este servicio en condiciones de calidad.

Así, existe un vínculo indudable entre los desarrollos previos frente a la IVE, en su dimensión de autonomía reproductiva y en su dimensión prestacional, con lo dispuesto en la sentencia C-055 de 2022. Por ende, bajo el principio de coherencia en la aplicación del ordenamiento jurídico, la sentencia C-055 no puede interpretarse de manera tal que no  extienda las disposiciones que protegen la IVE desde el 2006 a la nueva comprensión del artículo 122 del Código Penal.

El considerar que el marco regulatorio de la IVE vigente desde el 2006 no protege de la misma forma los casos contemplados por la sentencia C-055 de 2022, como lo han sugerido de manera contradictoria las salas de revisión de la Corte en sus sentencias T-158/23 y T-430/22, transgrede el principio de seguridad jurídica. Esta grave sugerencia desconoce la sólida jurisprudencia constitucional y regulaciones en la materia, además,  promueve una interpretación regresiva contraria al principio de progresividad del derecho a la salud.

Por ello, las sentencias T-430 de 2022 y T-158 de 2023 de la Corte Constitucional, emitidas en sede de revisión de tutela, resultan confusas y desafortunadas. Estas sentencias afirman, injustificadamente, que el derecho a la IVE no es fundamental y que, por ende, no existe una obligación del Estado de garantizar el acceso al servicio en el sistema de salud. Así, abren espacio a la arbitrariedad de los prestadores de salud, al establecer que, como condición de acceso al servicio, éstos pueden realizar una ponderación de las razones de las mujeres para interrumpir sus embarazos en cada caso, requisito que no fue contemplado en la sentencia C-055/2022.

De esa forma, estas salas de revisión, que están conformadas por tres magistrados/as, contradicen abiertamente el criterio vinculante de la Sala Plena al cual debían someterse, particularmente, las sentencias SU-096/18 y C-055/22. Igualmente, al afirmar que no existe una obligación de prestar el servicio de IVE en el sistema de salud, las salas de revisión ignoran el marco normativo vigente que regula la IVE, generando el grave riesgo de que nuevas barreras al servicio de IVE sean impuestas. Es importante recordar que la ponderación que, de acuerdo con estas sentencias, deben hacer los profesionales de la salud, ya la hizo la Corte en la sentencia C-055/22, y que las salas de revisión no pueden apartarse del criterio de la Sala Plena, menos aún sin cumplir con una exigente carga argumentativa.