¿Es posible reformar a la policía y su interacción con la protesta social en el contexto colombiano actual?
2 de Noviembre de 2022
¿Cuáles son los retos y las oportunidades de la reforma a la Policía en Colombia?
Los cuerpos de policía fueron creados para proteger los derechos e intereses de las personas, entre ellos la propiedad privada y la seguridad. Lo hacen a través del ejercicio legítimo del uso de la fuerza, una de las funciones esenciales de un Estado. Sin embargo, el accionar de las policías en América Latina ha estado caracterizado por distintos problemas: corrupción, bajos niveles de profesionalización, capacidades de investigación limitadas, además de los relacionados con el uso arbitrario de la fuerza y las armas, y la impunidad por violaciones de derechos humanos que cometen sus agentes.
A pesar de ello, es posible pensar en una policía con enfoque democrático y arraigo comunitario, más capacitada para cumplir funciones de mediación y diálogo para prevenir, antes que acudir al uso de la fuerza y las armas para solucionar conflictos entre las personas, especialmente en el marco de protestas sociales. Esto, contando con una serie de condiciones favorables como la voluntad política del ejecutivo y el legislativo, una sociedad civil y organizaciones de víctimas fuertes y articuladas y un sector, al interior de las policías, que reconozca los problemas de la institución y esté interesado en trabajar activamente por lograr los cambios requeridos para su adecuado funcionamiento.
Las funciones encomendadas a la policía son de distinta naturaleza, entre ellas el manejo de la protesta social. Muchas de las prácticas que constituyen violaciones de derechos humanos por parte de los agentes policiales se han replicado y exacerbado en contextos de movilizaciones como las que se han vivido en América Latina durante los años recientes que tomaron fuerza en el 2021 debido a la crisis generada por el COVID-19, y que fueron duramente reprimidas. Ante esta situación ha cobrado mayor relevancia la necesidad de una reforma que enfrente aquellas problemáticas y permita que la policía acompañe las manifestaciones sociales procurando la garantía de los derechos y libertades de las personas en igualdad.
De acuerdo con el artículo 218 de la Constitución Política de Colombia, la policía está encargada del “mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas […]” y cumple funciones de naturaleza preventiva, antes que represiva. No obstante, en el marco del Paro Nacional de 2019, la Corte Suprema de Justicia identificó un conjunto de prácticas policiales sistemáticas que vulneran y amenazan el derecho a la protesta pública y pacífica: (i) disolución arbitraria y violenta de manifestaciones pacíficas; (ii) estigmatización; (iii) uso desproporcionado de la fuerza, armas letales y “menos letales”; (iv) detenciones ilegales y abusivas, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y (v) ataques contra la libertad de prensa.
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Además, durante el Paro Nacional de 2021 se sumaron otras prácticas como violencia sexual y violencias basadas en género; agresión por parte de civiles con tolerancia de la policía y ataques a defensores y defensoras de DDHH. Muchas de estas también ocurren en otros países de la región: por ejemplo, las lesiones oculares en Chile, que evidencian el uso ilegal y arbitrario de armas “menos letales”.
En este sentido, los retos que enfrenta la reforma a la policía son múltiples, tanto en general como en lo relacionado estrictamente con la protesta. Me enfocaré en tres de ellos.
El primero tiene que ver con el restablecimiento de confianza y legitimidad entre los agentes de policía y la sociedad civil. Para lograr este propósito se requiere que haya un verdadero acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia y abuso policial. En particular, que las investigaciones avancen de manera eficiente, obedeciendo a principios de imparcialidad e independencia judicial, en el marco de la justicia ordinaria y no de la penal militar, hasta lograr la condena, tanto de los responsables directos como de los responsables de mando. Los procesos penales y disciplinarios deben proteger a las víctimas de amenazas y presiones externas. Se requiere que haya verdad y reconocimiento de responsabilidades por parte de autoridades locales y por la policía misma.
El segundo reto es la participación. Para lograr una reforma es necesario dar lugar a la participación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía y sus familias, organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos que han documentado y litigado casos sobre la materia, personas de la academia, que aporten investigaciones históricas, comparadas y empíricas que aporten a la discusión; y también por integrantes de la policía que puedan aportar acerca de las fallas y posibilidades de mejora que tiene la institución, conociendo cómo opera desde el interior.
El tercero, es esencial que la policía se comprometa con la transparencia y a brindar información a las personas, de manera accesible. Esto es fundamental para la construcción de una reforma basada en datos sobre formación policial, procedimientos policiales concretos, cadenas de mando, informes posteriores sobre las decisiones y las órdenes dadas en el desarrollo de movilizaciones sociales, información sobre equipos, armas y dotación, entre otros.
Ahora, en el contexto actual, las oportunidades para lograr la reforma también son varias. Hay un entorno político favorable. El gobierno de Gustavo Petro se comprometió a adelantar dicha reforma, incluyendo al Escuadrón Móvil Antidisturbios-ESMAD, la unidad de la policía que ha intervenido en las manifestaciones sociales, y a la que se le han atribuido numerosas vulneraciones de derechos humanos desde 1999, año de su creación. Su discurso continúa orientado hacia la transformación profunda de la policía e incluye la importancia de transitar a un modelo policial que tenga un enfoque más humano, integral, comunitario, de prevención y diálogo.
De igual forma, iniciativas legislativas relacionadas con este tema están siendo impulsadas en el Congreso y se esperaría que, teniendo en cuenta su conformación actual, reciban el apoyo requerido para avanzar en el trámite. También la sociedad civil y los colectivos de víctimas están organizados y articulados para definir lo que debe considerar la reforma. Por ejemplo, y como ejercicio preliminar, organizaciones plantearon los diez mínimos que deberían estar presentes en la reforma.
Asimismo, otra oportunidad es el acompañamiento y la disposición de organismos internacionales de derechos humanos que han emitido recomendaciones al Estado colombiano para garantizar el derecho a la protesta, muchas de ellas dirigidas a la policía o relacionadas con su actuar. En este sentido, es importante trabajar en la implementación de las recomendaciones contenidas en El Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia, de la OACNUDH en Colombia y en las Observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de la CIDH a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021.
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Cabe destacar que una reforma estructural e integral a la policía no se agota con cambios legales. Se ha evidenciado que las problemáticas relacionadas con violencia, discriminación y vulneraciones de derechos humanos cometidas por agentes de policía no se solucionan con nuevos protocolos porque Colombia goza de un marco legal robusto para la protección del derecho de reunión pacífica. Se requiere, primero, el cumplimiento de la normativa y jurisprudencia existente. Segundo, acatar los principios para el uso de la fuerza: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Tercero, el cambio de la cultura institucional, de la doctrina con que se educa a la policía. Cuarto, es necesario abandonar la idea del enemigo interno y, en su lugar, transformar la manera como los agentes se relacionan con las personas en el marco de una democracia y un escenario de paz y reconciliación.
Citación académica sugerida: Forero-Alba. Sofía. ¿Es posible reformar a la policía y su interacción con la protesta social en el contexto colombiano actual? Agenda Estado de Derecho. 2022/11/02. Disponible en: https://dutapp.com/es-posible-reformar-a-la-policia-y-su-interaccion-con-la-protesta-social-en-el-contexto-colombiano-actual/
Palabras clave: reforma policial, protesta, Colombia
Investigadora del área internacional del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad-Dejusticia. Politóloga y abogada de la Universidad de los Andes.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
