En su fallo de 2022, la Corte Constitucional analiza las tensiones que se originan entre la libertad de expresión – al dar a conocer hechos de acoso sexual – y el derecho fundamental a la honra y el buen nombre. Primero, reconoce que si las mujeres denuncian a través de medios no institucionales estos hechos es porque hay una falta de credibilidad de sus testimonios en las instancias de justicia y también una falta de debida diligencia para investigar los hechos por parte de las instituciones en las cuales se presentan. Considerando que la libertad de expresión es una condición para la existencia de la democracia, la Corte reiteró que esa libertad no puede estar sujeta a censura previa, especialmente si se trata de discursos protegidos constitucionalmente, como en el caso de la información sobre violencia de género.

Si se trata de figuras públicas, el umbral de restricción a la libertad de expresión es menor pues son personas que se encuentran sometidas a un mayor escrutinio público. La Corte Constitucional, siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos, consideró que la protección al derecho a la intimidad y el buen nombre, como límite de la libertad de expresión, cambia dependiendo del rol social de las personas. Así, “cuando una persona ejerce un cargo público, se somete a un cargo de elección popular, o sus responsabilidades implican la determinación del gasto público, sus currículos y trayectorias profesionales estarán sometidas a un escrutinio ciudadano más exigente” (Sentencia T-061/22). Las figuras públicas también son aquellas que tienen un reconocimiento social importante.

Si bien la Corte ha validado la denuncia de las mujeres de hechos de violencia en redes sociales, también considera que al acudir al “escrache”, deben ser “especialmente cuidadosas y responsables con la información que divulgan.” En este sentido, el respeto por la presunción de inocencia exige a quien denuncia: “(a) no afirmar que el acusado es penalmente responsable de tales hechos si no existe una condena judicial en firme y (b) usar formas lingüísticas dubitativas que eviten que la audiencia concluya de manera anticipada que el accionante incurrió en las conductas punibles que se le imputan” (Sentencia T-061/22).

Considerando que Sanabria es una figura pública en el contexto universitario y que el informe de la Comisión de Género emitido versaba sobre actos de violencia de género que eran necesarios de dar a conocer a la sociedad, la Corte Constitucional decidió no tutelar los derechos a la honra y el buen nombre de Sanabria. Por lo tanto, ordenó revocar las sentencias penales; dio un año de plazo a la Rectoría de la Universidad Nacional para actualizar la normatividad vigente sobre procesos disciplinarios contra miembros de la comunidad académica, promoviendo la aplicación de normas exitosas de prevención y sensibilización contra violencias basadas en el género creadas por las diversas facultades de la universidad; y exhortó al Ministerio de Educación a destinar recursos financieros para fortalecer la política contra estas violencias de la Universidad Nacional.