En septiembre de 2016 se reabrió el proceso judicial por la masacre de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981 en El Salvador. Esta matanza se considera el mayor acto de violencia contra población civil y muy probablemente el peor crimen en América Latina en décadas pasadas. De acuerdo con el registro oficial de víctimas, 986 civiles fueron ejecutados de manera indiscriminada; más de la mitad eran niños y niñas. También se cometieron violaciones y otros actos de violencia sexual de forma sistemática contra mujeres, niñas y niños.
Desde el inicio se supo que soldados élites del ejército salvadoreño habían ejecutado la masacre, pero los detalles se conocieron años después. Los sobrevivientes y testigos fueron silenciados por sucesivos gobiernos, mientras que los militares involucrados, tanto material como intelectualmente, han permanecido libres por décadas.
Hasta el momento, 16 altos jefes militares están siendo acusados en este juicio sin precedentes en El Salvador. Originalmente la causa penal inició en 1991 por denuncia de los sobrevivientes, pero fue cerrada ilegalmente tan solo dos años después, al aplicársele la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz. La Ley se aprobó inmediatamente después que la Comisión de la Verdad (CV-ES) de ese país emitiera su informe en marzo de 1993, en franco rechazo a sus hallazgos y recomendaciones. La Comisión llegó a la conclusión que la mayoría de las masacres, desapariciones forzadas y torturas, habían sido cometidas por miembros de las fuerzas armadas o por paramilitares, y en menor medida, por los grupos de guerrilla, alentadas por un sistema de justicia cómplice que hacía parte de un patrón de impunidad institucionalizada.
Esta amnistía estuvo vigente hasta 2016, cuando fue declarada inconstitucional, despejando así el camino para el juicio. Cuatro años antes, en 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sentenciaba el caso El Mozote, ordenando al Estado avanzar en las investigaciones y dejar sin efecto la amnistía por transgredir la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La causa penal de El Mozote se ventila ante un tribunal penal ordinario, en Morazán, un remoto departamento en el noreste de El Salvador. Allí no hay salas especializadas, ni tribunales híbridos, ni internacionales. Ni siquiera hay fiscales activos, el liderazgo lo tienen abogados privados de dos organizaciones, Cristosal y Tutela Legal María Julia Hernández, quienes representan a las víctimas.
La Fiscalía General repetidamente defendió la ley de amnistía y alegó inicialmente que el caso era “cosa juzgada” y que, por tanto, debía ser rechazado. No obstante, el juez a cargo, Jorge Guzmán, no estuvo de acuerdo y dio trámite al proceso.
El juez Guzmán en varias oportunidades requirió a la Fuerza Armada entregar registros relacionados con el crimen. Esta institución informó que los registros no existían o habían sido destruidos. Sin embargo, en febrero de 2018, dos oficiales militares testificaron en el proceso arrojando nuevos datos. Señalaron que la información de valor histórico no se destruye por política institucional, y que los registros sobre la masacre de El Mozote podrían existir en archivos no buscados anteriormente. Además, indicaron que las operaciones, como las acciones en El Mozote, no se llevan a cabo sin el conocimiento y la autorización de los máximos jefes militares.
En este caso, la jerarquía militar de los imputados es un aspecto importante en las investigaciones judiciales. Al centrarse en la responsabilidad de los oficiales de alto rango, el juez Guzmán Urquilla está tratando de determinar el contexto en el que se insertó el caso, como crimen de sistema, proveniente de un plan o política que explicaría el exterminio masivo de civiles. En Estados Unidos, el juez que ordenó la deportación de uno de los acusados, el ex Ministro de Defensa Guillermo García, declaró que la masacre fue parte de una “política militar deliberada”. Por su parte, la CV-ES, la Corte IDH y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), de forma coincidente, han concluido que se trataría de un crimen planificado al más alto nivel, y no de hechos aislados.
Como era de esperarse, el avance judicial del caso ha provocado el descontento de sectores cercanos a los militares acusados, quienes han argumentado que sería mejor dejar este caso en el pasado; piden perdón y olvido, sin siquiera mostrar arrepentimiento ni reconocimiento público de las culpas.
Por su parte, los testimonios proporcionados por 43 sobrevivientes y testigos durante el proceso han sido desgarradores. Los sobrevivientes han hablado de los brutales asesinatos de sus seres queridos, incluidos ancianos, mujeres embarazadas y bebés. Han compartido cómo sobrevivieron huyendo y escondiéndose en cuevas y colinas a medida que avanzaba el ejército. Está claro que muchos tienen cicatrices emocionales por haber presenciado semejante barbarie y haber sufrido la pérdida, en algunos casos, de toda su familia.
Los abogados defensores han tratado de desacreditar a las víctimas al dar a entender que en realidad no fueron testigos presenciales, sino que repiten relatos compartidos por otros. También han tratado de invalidar testimonios convincentes, únicamente por tratarse de personas que no pueden leer y escribir. Asimismo, la defensa ha argumentado que lo que sucedido en El Mozote no fue una masacre sino un enfrentamiento armado entre militares y guerrilleros. Ninguna de estas estrategias ha progresado.
En junio pasado, en un hecho sin precedentes el juez de la causa ordenó la realización de inspecciones judiciales en los archivos militares vinculados con el caso. No exenta de controversias y tras una serie de preparativos se programó el inicio de esta diligencia judicial a partir del 21 de septiembre. Sin embargo, en esa fecha, al juez Guzmán se le impidió ingresar a los recintos militares, sin más explicación que la no existencia de “instrucciones” que permitieran ese acceso.
Esta obstrucción a la justicia era previsible, ya que días antes, se supo que el Ministro de Defensa solicitó a la Corte Suprema –sin ningún fundamento legal– que detuviera dicha diligencia judicial, alegando que dar acceso a planes militares pone en peligro la seguridad nacional. Más tarde el Presidente Nayib Bukele, en cadena nacional trató de justificar lo ocurrido, argumentando que el juez no tenía “jurisdicción” para inspeccionar archivos militares y que el mismo gobierno enviaría la “única información existente” sobre el caso al proceso penal. Académicos y organizaciones civiles rechazaron estas declaraciones, ya que la Constitución y otras leyes, claramente le otorgan facultades al juez para allanar cualquier entidad pública, más cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, como los de El Mozote, que reclaman una respuesta firme y son de interés de toda la comunidad nacional e internacional.
Sin duda este significativo caso ha puesto a prueba el sistema de justicia nacional y su capacidad para enfrentar a los más poderosos de ayer y hoy. Antes de poder pasar la página del conflicto armado y su legado, El Salvador debe mostrar que nadie está por encima de la ley y que las atrocidades no se toleran ni deben repetirse. El país aun está a tiempo.
Este artículo es una adaptación y actualización de la nota “El juicio por la masacre de El Mozote continúa” publicada por la Fundación para el Debido Proceso, institución en la que la autora se desempeña como directora del Programa de Impunidad y graves violaciones de derechos humanos
Citación académica sugerida: Arteaga, Leonor: Caso El Mozote: la información militar secreta sobre crímenes de la guerra en El Salvador, 2020/11/10, https://dutapp.com/el-mozote-informacion-militar-secreta/
Abogada salvadoreña de la Fundación para el Debido Proceso. Dirige el Programa de Impunidad y graves violaciones de derechos humanos. Desde 2018 es Comisionada de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador (CONABÚSQUEDA), cargo que ejerce ad-honorem.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.