De las anteriores recomendaciones, resulta esencial destacar, en primer lugar, el reconocimiento, por parte de la Comisión, de la importancia de atender las causas estructurales que subyacen a la protesta y que están “consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016” –vinculadas a reclamos históricos para superar la profunda desigualdad socio-económica, la pobreza y la falta de oportunidades que se han agudizado con la pandemia– y hace énfasis en la discriminación étnico racial y de género. A su consideración, no abordar los reclamos de quienes están manifestando, los cuales dieron vida el paro nacional de noviembre de 2019 y a las protestas de septiembre de 2020, asegura que movilizaciones sociales como las que ha vivido Colombia en los últimos tres años se sigan repitiendo.

En segundo lugar, y como uno de los ejes principales del informe, la CIDH alerta frente a los complejos obstáculos que existen para ejercer el derecho a la protesta en Colombia. Por eso, luego de constatar que existe un alto nivel de polarización y estigmatización que dificultan el diálogo “como mecanismo para alcanzar soluciones a la conflictividad social”, la primera recomendación de la CIDH es “promover y reforzar, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores”. Con esta recomendación, la Comisión reconoce la especificidad y complejidad del contexto colombiano, debido, en parte, a las diferencias en los territorios y la multiplicidad de los actores involucrados así como de sus reclamos, y promueve una salida que beneficiará a todas las partes. 

En tercer lugar, la CIDH recomendó que la Policía sea separada del Ministerio de Defensa y de esta manera poder cambiar el enfoque militar de esta institución y del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para darle cabida a un mayor enfoque en los derechos humanos. Hizo además hincapié en el polémico Decreto 575 de 2021, llamado el decreto de asistencia militar, que no establece la excepcionalidad del uso de fuerzas militares y expresó su preocupación pues el decreto “sugiere la priorización del uso de las fuerzas armadas” por encima del diálogo.

Por último, la CIDH anunció la necesidad de crear un Mecanismo Especial de Seguimiento para Colombia “que contribuya a la consolidación de la paz en diversos sectores de la sociedad”.  Este tipo de mecanismos, que también se han creado para monitorear la situación de derechos humanos en Venezuela y Nicaragua, dan cuenta de la complejidad de la situación en Colombia en relación con las protestas y de la voluntad de la CIDH de entablar un apoyo constructivo a la labor de las instituciones nacionales con el fin de que las y los colombianos recuperen la confianza en ellas. Esto último permitiría devolver -al menos en parte- la legitimidad que han perdido entidades como la Procuraduría y la Fiscalía desde antes de que empezaran las protestas. Dicha pérdida de legitimidad incrementa la sensación generalizada de impunidad frente a los crímenes cometidos por los miembros de la Fuerza Pública, dado que de 1603 denuncias en el marco del paro de 2021, solo 229 están siendo investigadas.