El Salvador llegó a cumplir 82 días desde que fue decretada la cuarentena por la pandemia de COVID-19, más de dos meses que han significado el paro en su gran mayoría de la actividad económica del país, lo que ha implicado un severo golpe en las economías familiares, principalmente en aquellas donde la actividad económica que genera los ingresos para subsistir se ha visto completamente paralizada.
Las decisiones gubernamentales tomadas con acierto y desacierto por parte de las autoridades competentes, nos permiten a estas alturas sacar las primeras conclusiones sobre el abordaje de la pandemia, medidas como el cierre de fronteras, suspensión de créditos y cobro de servicios básicos, anuncio de ayuda alimenticia y entrega de bono monetario, fueron tomadas por la población como aciertos gubernamentales para encarar la denominada emergencia. Sin embargo y lejos de la comunicación mediática y virtual que ha existido, ¿cuáles han sido realmente las resultas institucionales de cara a salvaguardar los derechos constitucionales, acceso a la información y buena administración pública para la población salvadoreña?
Es necesario partir de la premisa que en condiciones de pandemia o de emergencia sanitaria: un buen gobierno es aquel capaz de preservar y garantizar el derecho a la salud y a la vida en dignas condiciones, pero también de tener la capacidad de proteger el resto de derechos fundamentales y libertades ciudadanas, que van desde los derechos económicos hasta el derecho de acceso a la información pública. Es decir, el estereotipado discurso de “Salvaguardar la salud y la vida a cualquier costo” no es admisible en una sociedad que se considere democrática o que aspire a garantizar el derecho fundamental a la buena Administración Pública, pues esto no sería más que pretender legitimar acciones, por medio de la tan célebre frase escrita por Napoleón Bonaparte en un ejemplar de la obra El Príncipe de Nicolás Maquiavelo “Cum finis est licitus, etiam media sunt licita”, interpretada en castellano como “el fin justifica los medios”.
No puede pasarse por desapercibido la cuantiosa producción de normativa estatal que ha existido por parte del órgano ejecutivo y del legislativo. Lo anterior, incluso, ha provocado una seria confrontación entre ambos órganos de Estado, la cual a juicio propio no ha sido abordada con una verdadera voluntad de cooperación, principalmente por parte de gobierno central, quien mediante actuaciones ha puesto en tela de juicio el control de pesos y contrapesos entre quienes ejercen los tres poderes del Estado. Y es que, frente a esta fecunda producción de decretos cobra particular importancia el principio limitador, emanado del Estado Constitucional de Derecho que implica elevar el celo en análisis y crítica limitativa a la norma jurídica, con el propósito de limitar los efectos de cualquier exceso político o para poder impugnarlas por inconstitucionales, especialmente cuando se trata de leyes de emergencia que limitan derechos fundamentales, imponen sanciones o producen efectos materiales en su misma aplicación que implican la pérdida de derechos en los ciudadanos.
A la fecha, existe una serie de denuncias en contra de la Administración Pública que van desde privaciones ilegales de libertad, incumplimiento de resoluciones judiciales y lo más alarmante que son muertes por descuido o negligencia (dolo o culpa) en la aplicación de protocolos sanitarios en centros de cuarentena o en personas privadas de libertad, siendo los más destacados a nivel mediático el caso del ingeniero industrial, quien falleció por falta asistencia sanitaria en un centro de cuarentena, y el caso del joven cuyo cadáver fue entregado a su familia esposado y con evidentes señales de tortura, consignándole como causa de muerte el COVID-19. Ambos casos susceptibles de reclamos o exigencias legales nacional e internacionalmente en contra de la Administración Pública y de sus responsables directos.
Lo anterior evidencia que actualmente existe una necesidad de limitar toda esta normativa que se haya impuesto bajo un autoritarismo “fashion” con sanciones “cool” para quienes incumplen la cuarentena y las medidas decretadas por el gobierno. De esta manera cobra alta importancia el rol que desempeñen los Jueces y Magistrados como poder de contención como salvaguardas de los derechos constitucionales y de los derechos humanos de la población, de ahí que no es permisible que sus resoluciones queden como meras declaraciones y sean contrariadas o desatendidas, porque ellos son los garantes de hacer que se cumpla la Constitución y de sancionar a aquellas autoridades que nieguen su sometimiento a ésta.
El esfuerzo legislativo de incorporar parte de la academia al proceso institucional del plan o estrategia para la contención de la Pandemia COVID-19, al parecer se vino abajo con la desintegración del Comité de Emergencia, lo cual tampoco implica que la academia quede relegada o deba jugar un rol pasivo siendo mera testigo de la coyuntura nacional. Es necesario que la academia estructure un discurso frente a la irracionalidad del poder represivo y los excesos del Estado durante la emergencia, ya que se ha evidenciado que éste no soporta un discurso académico y rehúye al debate de altura. Nadie desde una cátedra podría justificar la militarización como fórmula para enfrentar un virus, ni un cerco sanitario dirigido por soldados y no por médicos o trabajadores de la salud como ocurrió en el Puerto de La Libertad.
En las últimas semanas hemos sido testigos del resurgimiento del Estado Policía, prácticamente se nos ha hecho renunciar a ciertos derechos y hemos sido restringidos de algunas libertades con el propósito único de combatir la propagación del virus. Lamentablemente con esto surge la figura del autoritarismo que busca legitimar esas restricciones de libertades, intimidad y la vida misma de las personas, teniendo como excusa el viejo argumento de salvaguardar a la población de un peligro mayor. Surge entonces la necesidad por parte del gobierno de posicionar como enemigo al COVID19, quien pese a ser antropomórfico se vuelve una buena excusa para militarizar y establecer cercos militares de chequeo y contrachequeo para la población, para confinar a la gente en sus hogares, clasificar las personas por la numeración de sus documentos de identidad y establecer centros de cuarentena que a larga se transformaron en bombas virósicas o centros de contagio. Así pues, el virus se ha convertido en la excusa perfecta para someter a la población al máximo control interno, pese a que el contagio fue desde su inicio sustancialmente externo.
En la actualidad la Administración Pública ejerce un poder punitivo casi de manera absoluta, teniendo como justificación el combate a la pandemia y una serie de normativas jurídicas que le facultan para ejercerlo, y es que solo a través de la existencia de ese mortal enemigo se puede argumentar la necesidad de instaurar un Estado de Policía que limite los derechos y libertades de toda la población. Frente a lo anterior, debe destacarse que en tiempos de cuarentena, en un Estado Constitucional de Derecho, el ejercicio del poder, especialmente del poder punitivo, debe distinguirse por la moderación, la mesura y la proporción, siempre acompañadas de una adecuada motivación de cualquier decisión o medida que se adopte, pues los ciudadanos tenemos el derecho de conocer real y verdaderamente la magnitud del contagio de COVID-19 en la población salvadoreña y a que las medidas adoptadas por la Administración Pública siempre deban respetar y proteger los derechos humanos.
En esta situación de pandemia COVID-19, los controles al poder público no sólo no están en cuarentena, sino que deben estar más activos que nunca para preservar el Estado Constitucional de Derecho y es el Órgano Judicial, a través de sus jueces y magistrados, el garante de que estos mecanismos de control social funcionen en el marco de la democracia constitucional. La tarea que nos queda es estar prestos para detener al monstruo del autoritarismo que por vía decretos superficiales, que buscan ser cool, se viene encima de toda la población salvadoreña, porque si no lo detenemos naufragará nuestro incipiente Estado Constitucional de Derecho en el fango de la peor de las mezclas, que es el autoritarismo y la corrupción.
Citación académica sugerida: Canjura, Óscar: El Estado Constitucional de Derecho no se encuentra en cuarentena, 2020/07/17. Disponible en: https://dutapp.com/el-estado-constitucional-de-derecho-no-se-encuentra-en-cuarentena/
Óscar Canjura es abogado y notario de la República, licenciado en Ciencias Jurídicas y maestro en Derecho de Empresa por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), con estudios especializados en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Políticas Publicas. Miembro de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), organización no gubernamental con estado consultivo ante la ONU. miembro fundador de la Asociación de Constitucionalistas de El Salvador.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.