¿De qué manera una reciente sentencia de España, sobre el derecho a elegir entre parto natural o cesárea, impacta en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o personas gestantes?
En una sentencia histórica del Juzgado Contencioso-Administrativo 5 de las Palmas de Gran Canaria, se ha reconocido recientemente el derecho fundamental de la mujer embarazada a elegir entre el parto natural o la cesárea, otorgándole autonomía para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y el proceso del parto. Esta decisión progresista se alinea con las normas internacionales establecidas, tanto por el Sistema Europeo de Derechos Humanos como por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), que hacen hincapié en la protección de los derechos reproductivos y la autonomía corporal de las mujeres.
La sentencia, que afirma que la elección entre el parto natural o la cesárea debe recaer en la madre y no en la autoridad de salud, supone un alejamiento significativo del paternalismo médico tradicional y reconoce a la mujer embarazada como la máxima responsable de la toma de decisiones sobre su propia salud y la experiencia del parto. Esta sentencia cuestiona la noción predominante de que los profesionales de la medicina son los únicos con autoridad para determinar el modo de dar a luz y subraya la importancia de la autonomía de la mujer y de su consentimiento informado.
Este último concepto es crucial en dicha sentencia, pues representa el análisis de las opciones o alternativas que puede tener la persona que se encuentra en labor de parto, conociendo los riesgos e implicaciones de cada una. La falta de este consentimiento informado vendría a disminuir la autodeterminación y, en consecuencia, se estaría ante el posible ejercicio de violencia obstétrica.
En el caso de referencia, a la afectada embarazada de gemelos, se le negó la toma de decisión entre parto natural o cesárea y se le obligó a permanecer durante 17 horas en labor de parto, ocasionando en uno de sus bebés afectaciones neurológicas irreparables. Ante la presentación de la denuncia, el magistrado estimó que se trató de “una usurpación inadmisible de un derecho ajeno que ha provocado un resultado terrible provocado por aquellos que hurtaron la posibilidad de que Doña […] pudiera optar por la cesárea en su debido momento evitando cualquier lesión a su hijo”. La reparación pecuniaria establecida fue de un millón de euros más intereses, en razón del grado de la discapacidad con que vivirá el menor por el resto de su vida. Esta sentencia se encuentra en condición de ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El SIDH, formado por tratados e instituciones regionales de derechos humanos, ha desempeñado un papel crucial en la promoción y protección de los derechos reproductivos de la mujer en todo el continente americano. El sistema defiende los principios de no discriminación, autonomía, privacidad y dignidad, reconociendo que las decisiones reproductivas son profundamente personales y deben ser respetadas por el Estado y la sociedad, tal como fue establecido en el Caso I.V. vs. Bolivia (2016, párr. 115) . A través de sus diversos mecanismos, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el sistema ha subrayado sistemáticamente la importancia de garantizar el acceso a servicios de salud reproductiva seguros y legales.
La sentencia española refleja una tendencia más amplia hacia el reconocimiento de los derechos reproductivos, que ya se viene poniendo en práctica cada vez más en América Latina y el Caribe. Históricamente, esta región se ha caracterizado por leyes restrictivas sobre el aborto (de manera tal que es absolutamente prohibido en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Otros países incorporan excepciones por distintas causas y es legal en Colombia, Argentina, México, Uruguay, Cuba, Guyana y Puerto Rico), un acceso limitado a la atención de la salud reproductiva, lo que a menudo ha dado lugar a violaciones de los derechos de la mujer y a una alta prevalencia de abortos inseguros. Sin embargo, desde 1960 junto con la Segunda Ola Feminista, se ha producido un creciente movimiento que exige, entre otras cosas, la despenalización del aborto y el reconocimiento de la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos.
En particular, el derecho de las personas a elegir sobre sus opciones, en materia de salud reproductiva, se ve frecuentemente vulnerado por las autoridades médicas. En este sentido, los Estados deben observar los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto a que ha señalado que las mujeres tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos y los medios para concebirlos, incluida la elección del método de parto. Este principio abarca el reconocimiento de la capacidad de decisión de la mujer, su integridad corporal y el rechazo de cualquier forma de coacción o de procedimientos médicos forzados. Todos los aspectos anteriores, en concordancia con una perspectiva interseccional, es decir, tomando en cuenta el contexto y características especiales que ponen en mayor vulnerabilidad a la persona gestante.
En otro caso emblemático, la Corte IDH también estableció que los servicios de salud deben practicarse bajo perspectivas interseccionales, entendiendo que puede existir un mayor riesgo para las mujeres, ya no solo debido a su género, sino también a otros factores como la asignación social y cultural. En este mismo caso, la Corte IDH tomó lo señalado por el Comité contra la Tortura, el que ha reconocido que, entre las situaciones en que la mujer corre riesgo de ser sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, se encuentra el tratamiento médico, particularmente en el caso de las decisiones relacionadas con la reproducción.
El reconocimiento del derecho fundamental de la mujer embarazada a elegir entre el parto natural o la cesárea en España tiene importantes implicaciones para los derechos reproductivos de la mujer. Al afirmar la autonomía de la mujer y su autoridad para tomar decisiones, esta sentencia sienta un precedente crucial que desafía normas patriarcales obsoletas y contribuye a desmantelar la discriminación por razón de género en el sistema sanitario.
Sin embargo, sigue habiendo problemas para garantizar la aplicación efectiva de este precedente y la protección más amplia de los derechos reproductivos. La resistencia social, el conservadurismo religioso y los roles de género profundamente arraigados, pueden suponer obstáculos para la plena realización de la autonomía de la mujer en la toma de decisiones reproductivas. Sobre lo anterior, los Estados deben realizar esfuerzos para proporcionar información, educación y apoyo integrales a las personas gestantes, garantizando que puedan tomar decisiones informadas que den prioridad a su salud y bienestar.
La innovadora sentencia española es un avance significativo en el reconocimiento y la protección de los derechos reproductivos de la mujer, en consonancia con las normas internacionales establecidas por el SIDH. Si bien en el caso de referencia no existe cosa juzgada, pues como ya se señaló supra, aún cabe recurso en contra, sí es cierto que no sería la primera vez que se dicta jurisprudencia en contra de España relativa a la violencia obstétrica. Es decir, en España ya se encuentra en rango nacional y vinculante la tutela del derecho a decidir entre un parto natural o por cesárea.
El alcance e impacto de este precedente, repercute en las prácticas de la región latinoamericana, ya que pone en la mesa de discusión la importancia de establecer estándares en violencia obstétrica, lo cual representa un paso más hacia el avance de los derechos sexuales y reproductivos en la región. Así pues, se puede concluir que, en términos de derechos sexuales y reproductivos, se debe respetar la autonomía de la mujer o persona gestante, tiene derecho a ser informada sobre las alternativas e implicancias de sus tratamientos, id est, bajo consentimiento informado y el profesional médico valorará, a partir de los postulados anteriores, cada caso de la mano de la autodeterminación de la paciente.
Citación académica sugerida: Ordóñez, Tsáitami. El derecho fundamental de la persona embarazada a elegir entre parto natural o cesárea en España. 2023/08/01. Disponible en: https://dutapp.com/el-derecho-fundamental-de-la-persona-embarazada-a-elegir-entre-parto-natural-o-cesarea-en-espana/
Palabras clave: Derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, sistema interamericano de derechos humanos, España.
Abogada con énfasis en Derechos Humanos. Máster en Derechos Humanos y Gobernanza por la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con estudios en filosofía y estudios en violencia de género. Tiene experiencia en litigio internacional ante el Sistema Interamericano. Su trabajo se ha centrado en poblaciones que sufren violencia estructural y discriminación, colaborando con organizaciones de apoyo a estos grupos. También ha llevado a cabo procesos de investigación y formación en relación con estos temas.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.