El crimen de ecocidio: ¿desde el Consejo de Europa hasta América Latina?
30 de Agosto de 2023
La reciente resolución y recomendación del Consejo de Europa llama a que el ecocidio sea considerado delito internacional, ¿cuáles son las consecuencias para América Latina?
El pasado 25 de enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (CdE) adoptó una resolución (2447/2023) y una recomendación (2247/2023) sobre el impacto medioambiental de los conflictos armados. En primer lugar, hace clara referencia a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Sin embargo, se destaca la inclusión del ‘ecocidio’ en ambos documentos, por primera vez, explicándolo como una “destrucción severa o deterioro severo de la naturaleza, que […] puede ocurrir en tiempos de paz o guerra”. Además, se hace hincapié en el llamado a los Estados miembros del CdE, de incluir y codificar el ecocidio en sus códigos penales, y también de iniciar el proceso de modificación del Estatuto de Roma, lo cual tendría un impacto gigantesco en el Derecho Internacional, sobre todo el Derecho Penal Internacional.
Desde la perspectiva latinoamericana, surge la pregunta de qué implicancias genera la inclusión del ecocidio, por parte del CdE, para la región. Para ilustrarlo, procederé a analizar el caso a partir de los frecuentes derrames de petróleo en Perú y Ecuador.
Tras el gran derrame que ocurrió en enero de 2022 en Ventanilla, Callao, Perú, se desbordó una cantidad de casi 12.000 barriles de petróleo crudo, lo que afectó a 700 mil personas y destruyó gran parte de la vida marítima de la zona. Como consecuencia de ello, el Gobierno del Perú, representado por INDECOPI demandó a seis empresas y organizaciones por los daños físicos y morales causados. El asunto sigue sin resultado concreto hasta la fecha.
Y esto no tiene en cuenta los cientos de otros derrames ocurridos en la zona. Entre 2016 y 2019, sólo en la costa peruana, se han registrado oficialmente 404 derrames de petróleo. Por si fuera poco, también en la Amazonía los derrames ocurren con frecuencia, tanto en Perú como en Ecuador. Así, se cree que en los pequeños oleoductos se producen fugas de forma permanente.
Los derrames ocurridos en las selvas afectan sobre todo a los pueblos indígenas que habitan la zona, destruyendo gran parte de sus territorios, su subsistencia y su forma de vida ancestral. Además, los derrames tienen un impacto negativo más grande en las mujeres en específico, poniendo énfasis en la importancia de un abordaje con perspectiva de género.
En todos estos casos se podría hablar de ecocidio, o “cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves, que sean extensos o duraderos al medio ambiente”, definición de la organización Stop Ecocidio.
Los derrames son sólo un ejemplo de todos los graves daños y destrucciones ambientales que afectan a América Latina y el mundo entero, pero muchos de estos nunca son llevados a las Cortes. Por lo tanto, algo hay que cambiar.
La resolución y recomendación del CdE es un hito en el proceso que se vive a nivel internacional. Cada vez más Estados, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil están incluyendo el ecocidio en las leyes nacionales, y deseando su inclusión en el Estatuto de Roma y en el contexto penal internacional.
No obstante, modificar el Estatuto de Roma es un proceso largo, que puede tomar años y no podemos esperar tanto. En tal sentido, considero que los Estados parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), y su Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH), deberían aprovechar este momentum internacional. Permítanme explicarme, partiendo de la conexión entre el ecocidio y los derechos humanos.
En julio de 2022, la Asamblea General de la ONU declaró que el acceso a un medio ambiente limpio y saludable es un derecho humano universal. En esta misma línea de pensamiento, se puede posicionar la solicitud de opinión consultiva (OC) a la Corte IDH sobre emergencia climática y derechos humanos por parte de Colombia y Chile de enero de 2023. Ya analizado este caso en este blog por Patricia Tarre, la solicitud de OC también pone hincapié en la intrínseca relación entre los derechos humanos y el medioambiente y pide que la Corte IDH establezca directrices a seguir para los Estados, entre otros.
Para mí esta relación es obvia. Los seres humanos somos naturaleza y necesitamos de nuestro entorno natural. Además, ni hablar de los efectos que el ecocidio pueda tener en nuestra salud, acceso al agua potable, acceso a alimentos, y nuestra subsistencia en general.
De esta manera, el crimen del ecocidio tiene un impacto directo en nuestros derechos humanos. Por lo tanto, es necesario que su debida aplicación en la defensa de los derechos humanos en la región. Si bien el SIDH no aplica leyes penales, las consecuencias del ecocidio sí tienen un impacto en los derechos humanos. Además, la Corte IDH debería establecer las directrices a seguir para que los Estados, que sí aplican leyes penales, implementen el crimen del ecocidio en sus códigos penales.
Así, mi recomendación para América Latina sería triple. En primer lugar, los Estados de la región deberían codificar el ecocidio como crimen en sus propios sistemas jurídicos. En segundo lugar, la Asamblea General de la OEA debería reconocer las consecuencias del ecocidio como causa de violaciones de los derechos humanos, establecer las directrices a seguir para los Estados, y hacer un llamado a la modificación del Estatuto de Roma, tal como lo hizo el CdE. En tercer lugar, se debe concretizar esta modificación, para que los perpetradores del ecocidio puedan ser castigados en la Corte Penal Internacional. Sólo con mayor cobertura jurídica, y el cumplimiento de las sentencias resultantes de esta normativa, se puede hacer justicia de verdad para los casos devastadores que he expuesto en este artículo, y que vemos diariamente en nuestro entorno.
El problema es enorme – los ejemplos de Perú y Ecuador no son ni una sola gota en el mar de todos los crímenes medioambientales que ocurren en el mundo – pero codificar el ecocidio como crimen, y su debida persecución, tendrá un impacto igual de grande. Deberíamos utilizar las herramientas jurídicas para poner fin a la destrucción de nuestra Pachamama, y hacer responsables a los actores que hacen aquello. Este es el momentum. Aprovechémoslo.
Citación académica sugerida: Kuipers, Stijn. El crimen del Ecocidio: ¿desde el Consejo de Europa hasta América Latina? Agenda Estado de Derecho 2023/08/30. Disponible en: https://dutapp.com/el-crimen-de-ecocidio-desde-el-consejo-de-europa-hasta-america-latina/
Palabras clave: Ecocidio, crimen medioambiental, derrame de petróleo, derechos humanos y medioambiente, justicia climática, Consejo de Europa, Corte Interamericana de Derechos Humanos
Actualmente se desempeña como consejero político para el comercio internacional y los derechos humanos en el Parlamento Europeo. Cuenta con experiencia laboral en América Latina y Europa. Estudió en la Universidad de Leiden (Países Bajos), la Universidad Diego Portales (Chile), la Universidad de Gante (Bélgica) y la Universidad Carlos III de Madrid (España). Le apasionan los derechos de los pueblos indígenas, de las personas de la diversidad sexual y de género, y de las mujeres, entre otros. Cree que a través de la cooperación internacional, se puede crear un mundo más justo, sostenible y equitativo para todas las personas.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
