El caso Jineth Bedoya vs. Colombia y la recusación por parte del Estado colombiano a la Corte IDH
25 de Junio de 2021
Colombia recusó a 4 jueces de la CorteIDH en el caso de Jineth Bedoya. CEJIL analiza la actuación del Estado y de la Corte desde su rol como parte en el proceso.
El caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia se refiere a los hechos de secuestro, tortura y violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya, reconocida periodista colombiana, en el año 2000 como retaliación a la labor que realizaba sobre las violaciones de derechos humanos y las redes de criminalidad que operaban desde la cárcel Modelo en Bogotá, las amenazas que ha recibido como consecuencia del ejercicio periodístico lo largo de los últimos 20 años y la impunidad en que se mantienen estos graves hechos.
El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano que, posteriormente, lo sometió al conocimiento de la Corte Interamericana. La audiencia pública ante la Corte IDH, estaba inicialmente programada para el 15, 16 y 17 de marzo de 2021 de manera virtual debido a la pandemia.
Durante el primer día de audiencia, la victima rindió un poderoso testimonio sobre los hechos de los que ha sido víctima a través de los años. Los jueces y la jueza formularon preguntas relacionadas con el objeto de su declaración y mostraron su solidaridad por los hechos de violencia sexual de los que fue víctima Jineth Bedoya, los cuales no han sido controvertidos por el Estado.
Luego de escuchar el testimonio de Jineth Bedoya, la defensa jurídica del Estado colombiano presentó una recusación oral en contra de la mayoría de los jueces y la jueza por considerar que, a través de sus “intervenciones y preguntas […] demostraron evidentes prejuzgamientos”, así como por supuesta falta de garantías procesales. Posteriormente, en un acto sin precedentes, la defensa del Estado abandonó la audiencia.
La Corte, en consecuencia, fijó plazo al Estado para que este formalizara dicha recusación por escrito y resolvió detener la audiencia pública, en tanto resolvía la recusación formulada por el Estado.
La posibilidad de escuchar de manera directa a una víctima y otros declarantes obedece al principio de inmediatez procesal que le permite al juzgador presenciar directamente el desahogo de las pruebas que presentan las partes.
De conformidad con su Reglamento, la Corte podrá formular las preguntas a las declarantes y testigos que consideren pertinentes en relación con todos los asuntos que pudieran contribuir al Tribunal con el fin de obtener claridad para la resolución del eventual fondo y las reparaciones, sin que estas deban ser considerados prejuzgamientos, pues el valor de la prueba de la que se allega la Corte durante la audiencia pública está sujeta a determinaciones posteriores sobre su alcance y pertinencia.
Posteriormente, la Corte debe analizar y deliberar sobre el valor probatorio de la totalidad de la prueba, incluyendo la prueba oral. La Corte tomará una decisión final una vez que haya tenido la oportunidad de escuchar a las partes en la audiencia, analizar sus alegatos finales escritos y deliberar internamente.
En este sentido, las partes del litigio tienen amplia posibilidad tanto en el proceso escrito como en el proceso oral de cuestionar cada uno de los puntos de hecho y de derecho que forman parte del litigio y los jueces pueden allegarse toda la información que consideren pertinente para la resolución a través de las preguntas realizadas a los declarantes o a las partes, pero no es hasta el momento de la deliberación que los jueces determinan el valor de las pruebas aportadas y emiten una decisión sobre los puntos de hecho, derecho y reparaciones discutidos a lo largo del proceso.
Si bien, esta es la primera vez que un Estado abandona la audiencia pública en estas circunstancias, no es la primera oportunidad en la que un Estado solicita se recusen a los jueces de la Corte Interamericana argumentando una supuesta falta de imparcialidad. Al resolver una recusación, la Corte debe analizar si se configura alguno de los tres supuestos establecidos por el Estatuto y el Reglamento de la Corte: i) que el juzgador tenga un interés directo en el asunto; ii) que hubiese intervenido anteriormente en el caso; o iii) que el propio juez o la presidencia de la Corte consideren que existe algún otro motivo calificado que justifique que se abstengan de conocer el caso.
Sin embargo, en el caso de Jineth Bedoya, la recusación interpuesta por el Estado no se refería a ninguno de estos supuestos, sino a percepciones de una supuesta falta de imparcialidad del Tribunal. Al respecto, la jurisprudencia en materia penal internacional da cuenta de la existencia de una presunción de imparcialidad que recae sobre las y los juzgadores, por lo que en ausencia de pruebas que demuestren parcialidad de su parte, se debe asumir que estos son capaces de despojar sus mentes de cualquier creencia o predisposición personal.
El Estado colombiano en la formalización por escrito de la recusación decidió retirar la recusación planteada al Juez Ferrer MacGregor. Así, la Corte, compuesta por los dos jueces no recusados, Eduardo Vio Grossi y Eduardo Ferrer MacGregor resolvió desechar la recusación planteada por el Estado.
En su resolución, la Corte consideró, entre otras cosas, que la recusación tendría el efecto práctico de restringir la libertad de expresión en el ejercicio jurisdiccional de los jueces y jueza. De igual forma, consideró que los comentarios de los jueces se enmarcan dentro de los estándares establecidos por la misma Corte respecto a las condiciones para rendir declaración de víctimas de violencia sexual. Finalmente, consideraron que a pesar de la existencia de múltiples y válidas alternativas procesales para remitir observaciones y realizar objeciones, el Estado decidió motu proprio abandonar la audiencia, lo que resultó, a juicio de la Corte carente de justificación, absolutamente desproporcionado y resultó en revictimización para Jineth Bedoya.
Recordó además que en otras ocasiones los Estados habían acatado lo resuelto por la Corte y actuado en actos procesales posteriores. Así, consideró que el Estado colombiano “en respeto a las presuntas víctimas del presente caso, las representantes y la Comisión, así como acorde a su tradición histórica que le caracteriza en cumplimiento de buena fe de las obligaciones interamericanas, continuará con la referida práctica”.
Una vez resuelta la recusación la audiencia se reanudó el 22 marzo. El Estado acató la decisión del Tribunal, regresó a la audiencia y finalmente realizó un reconocimiento de responsabilidad sumamente limitado y poco claro.
Al respecto, las representantes de las víctimas del caso consideramos que la actitud del Estado colombiano durante el proceso es incompatible con un reconocimiento de responsabilidad acorde con los fines del sistema interamericano. Así, la Corte IDH ha determinado que a fin de que el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por parte de un Estado sea aceptable, este debe, entre otras cosas, ser cónsono con la naturaleza y gravedad de las violaciones y se debe tomar en cuenta la actitud y posición de las partes.
En el caso concreto, el Estado faltó al respeto a la víctima no solo al levantarse de la audiencia pública, sino también a través diversas acciones extraprocesales como contactar a la víctima directamente para ofrecerle una solución amistosa y presionarla por medio de redes sociales para obtener una respuesta.
Es claro que ambas partes del litigio tienen la posibilidad de ejercer sus derechos procesales y, en efecto, hay amplia oportunidad a lo largo del proceso internacional para que estas argumenten, objeten y sus pretensiones sean debidamente escuchadas. De igual forma, el Tribunal tiene la posibilidad de allegarse de los elementos que considere necesarios para su eventual decisión de fondo, reparaciones y costas. Sus jueces gozan de independencia judicial y libertad de expresión en el marco de su función jurisdiccional que no está sujeta a censura, así como una presunción de imparcialidad.
Sin duda, el actuar del Estado de Colombia en el caso de Jineth Bedoya resultó en dilación, obstaculización del proceso y revictimización de la periodista y su madre. Esperamos que la contundente decisión de la Corte al respecto prevenga este tipo de actuaciones por parte de los Estados en el futuro.
Nota: para abordar el análisis del problema jurídico planteado en este artículo, el equipo editorial de Agenda Estado de Derecho invitó a las partes involucradas. En varias oportunidades, se ofreció a la Agencia Nacional de Defensa del Estado colombiano la oportunidad de publicar un análisis para ilustrar su postura en el proceso de la referencia. Este ofrecimiento sigue vigente.
Citación académica sugerida: De León, Gisela & Ramírez, Jéssica. El caso Jineth Bedoya vs. Colombia y la recusación por parte del Estado colombiano a la Corte IDH. Agenda Estado de Derecho, 2021/06/25 Disponible en: https://dutapp.com/el-caso-jineth-bedoya-vs-colombia-y-la-recusacion-por-parte-del-estado-colombiano-a-la-corte-idh/
Palabras clave: Corte IDH, Colombia, Jineth Bedoya, recusación, CEJIL.
Es abogada de la Universidad Santa Maria la Antigua de Panamá. Posee una Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Ha ocupado diversos cargos en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), donde actualmente es Directora Jurídica.
Es abogada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Posee un máster en Gobernanza y Derechos humanos de la Universidad Autónoma de Madrid y una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Es abogada de CEJIL en el programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
