El caso de Belén Whittingslow: acoso sexual digital y falta de independencia judicial en Paraguay
29 de Mayo de 2023
El caso de Belén Whittingslow constituye una gran oportunidad para el desarrollo de estándares sobre acoso sexual digital.
Belén Whittingslow es una joven paraguaya que, mientras estudiaba derecho en una universidad de su país, denunció haber sido víctima de violencia sexual digital —a través de mensajes de texto—por uno de sus profesores, quien, además, al momento de los hechos era integrante del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Paraguay, órganos con competencias fundamentales para el nombramiento y remoción de operadores judiciales.
Belén denunció estos hechos tanto en la universidad en la que estudiaba —donde el profesor fue absuelto—, como en la vía penal —donde la denuncia fue desestimada por el fiscal a cargo—, quien calificó los hechos de acoso como “galanteo y cortejo”, sin siquiera haber realizado pericias sobre los celulares de la víctima y del acusado.
Luego de la desestimación de su denuncia de acoso, Belén fue involucrada en dos procesos judiciales que continúan hasta la fecha en su contra y que se encuentran plagados de irregularidades. Por un lado, fue demandada civilmente por daños y perjuicios por la suma de 450 mil dólares, como consecuencia de la denuncia de acoso sexual. Por otro lado, fue acusada penalmente —sin que existan pruebas en su contra— por supuestamente haber pagado para falsificar calificaciones en exámenes que no rindió.
En esta última causa Belén –quien venía siempre participando del caso a través de sus abogados–fue declarada en rebeldía como “sanción” por la presentación de distintas recusaciones y planteamientos que los abogados presentaban en defensa de los derechos de su clienta, lo que a juicio del tribunal a cargo de la causa constituían acciones dilatorias. Esta decisión, además de contraria a la legislación paraguaya, estuvo acompañada de la cancelación de la defensa de Belén, lo que significa que se le impedía participar del proceso en su contra.
A raíz de ello, sus abogados presentaron en agosto de 2019 una acción de inconstitucionalidad en contra de esta decisión, la cual tardó casi cuatro años en ser resuelta, perpetuando la violación de los derechos de Belén, dejándola en la indefensión obligándola al exilio.
Frente a la falta de efectividad de los mecanismos de justicia internos, el 1 de noviembre de 2021 el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en conjunto con TEDIC y los abogados de Belén, presentamos su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El caso de Belén pone de relieve dos temas fundamentales que afectan la garantía de los derechos de las mujeres. Por un lado, se refiere a los obstáculos que las mujeres que denuncian acoso enfrentan para tener acceso a la justicia y, en particular, cuando este ocurre a través de medios digitales. Por el otro, refleja los altos niveles de corrupción y falta de independencia judicial que persisten en Paraguay y que, por años, han venido siendo visibilizados por distintos mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
El avance de la tecnología y uso de medios digitales ha ido cambiando la forma en la que nos comunicamos y obtenemos información. Así, progresivamente se han ido borrando las fronteras entre el mundo online y el mundo offline, trayendo como consecuencia que la violencia en general y, en particular la violencia que históricamente han sufrido las mujeres por el hecho de ser mujeres, se haya trasladado al ámbito digital.
Diversos estudios reflejan que las mujeres son víctimas de ciertos tipos de violencia digital de manera desproporcionada en relación con los hombres. Así, un estudio de las Naciones Unidas publicado en el 2015, señala que un 73% de las mujeres habrían sufrido alguna forma de violencia de género en línea y un 61% de los atacantes serían hombres.
Este panorama nos enfrenta a múltiples retos, pues la información acerca de la violencia digital contra las mujeres es escasa. No se tienen datos certeros del número o porcentaje de víctimas, ni de los daños que este tipo de violencia genera. Además, no existe una definición acordada de la violencia de género en línea, ni un abordaje uniforme de los Estados o marcos jurídicos efectivos para proteger a las víctimas.
El caso de María Belén Withingslow, es el primer asunto en el que la Comisión Interamericana podría reconocer que la violencia de género digital es violencia contra la mujer y, por lo tanto, genera obligaciones específicas para los Estados. Así, el caso pone este tema en el centro de la discusión y puede impulsar la generación de estándares claros para que los Estados cumplan, de manera efectiva, con sus obligaciones de respeto y garantía, frente a este tipo de violencia. Esto incluye la responsabilidad estatal directa frente a actos de violencia de género digital ejercidos por una persona en situación de poder que ejercía funciones públicas. Pero también la obligación de que las investigaciones de este tipo de actos se lleven a cabo en ausencia de estereotipos de género, que lleven a calificar actos de acoso como “galanteo”, como ocurrió en el presente asunto.
Como se mencionó anteriormente, el caso aborda las preocupaciones manifestadas por distintos órganos de protección de derechos humanos, acerca de la existencia de altos niveles de corrupción en el poder judicial de Paraguay, la injerencia de otros poderes en su funcionamiento, y la insuficiencia de los mecanismos de selección y nombramiento de jueces y fiscales para garantizar la independencia judicial.
Así, el caso permitirá que la Comisión Interamericana examine cómo la acción de las autoridades judiciales, en este asunto, demuestra la existencia de injerencias indebidas, resultando fundamental que se recomiende al Estado adoptar medidas para evitar la repetición de hechos como los que ocurrieron. Ello incluye la revisión de la legislación y el funcionamiento de las instituciones encargadas de la selección y nombramiento de jueces y fiscales, como ha sido recomendado a Paraguay en el pasado.
El 16 de abril de 2023 —cuatro años después de presentada la acción de inconstitucionalidad contra la decisión que declaró de manera irregular a Belén en rebeldía, y dos años después de presentada la petición inicial ante la CIDH—, la Corte Suprema de Justicia reconoció que la decisión por la que se declaraba en rebeldía a Belén, no se ajustaba a lo dispuesto en la ley. Asimismo, reconoció que sus abogados fueron desvinculados del sistema informático que les daba acceso al expediente de la causa penal en su contra, una vez fue emitida esta resolución, lo que por sí solo era una violación al derecho a la defensa y el derecho a la doble instancia de esta. En atención a ello, la Corte Suprema consideró que esta decisión era inconstitucional y contraria al derecho a la doble instancia, reconocido en la Convención Americana.
En consecuencia, por primera vez un tribunal paraguayo reconoció algunas de las violaciones que han venido siendo argumentadas por Belén y por sus abogados en el proceso interno. Para ello, tuvieron que transcurrir cuatro años en los que Belén tuvo que permanecer separada de su familia. Sin embargo, persisten múltiples violaciones a sus derechos, en las distintas causas que se adelantan en su contra y que reflejan algunos de los principales retos que los Estados enfrentan frente a la violencia de género digital y a la falta de independencia judicial.
Citación académica sugerida: De León, Gisela. El caso de Belén Whittingslow: acoso sexual digital y falta de independencia judicial en Paraguay. 2023/05/29. Disponible en: https://dutapp.com/el-caso-de-belen-whittingslow/
Palabras clave: Derechos de las mujeres; Violencia digital; Corrupción; Paraguay; Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Es abogada de la Universidad Santa Maria la Antigua de Panamá. Posee una Maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame. Ha ocupado diversos cargos en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), donde actualmente es Directora Jurídica.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
