El pronunciamiento de fondo de la OC 28/21 puede ser resumido en dos premisas: la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo y su habilitación es incompatible con el marco jurídico del SIDH. Pese a la trascendencia de dichas premisas en donde la búsqueda de varios presidentes de perpetuarse en el poder han generado recurrentes crisis sociales y políticas, la estructura argumentativa de la opinión consultiva no está exenta de críticas. Al concluir que la reelección presidencial indefinida es en sí misma inconvencional, hubiera sido más sencillo invertir el orden de las preguntas examinadas, a saber: 1. ¿existe un derecho humano autónomo a la reelección presidencial indefinida? 2. ¿la prohibición a la reelección presidencial indefinida consiste en una restricción a derechos políticos acorde a los estándares del SIDH? y 3. ¿su habilitación es contraria a la CADH? 

Siendo afirmativa la respuesta a la tercera pregunta, las demás se encuentran respondidas por antonomasia, pues lo que está prohibido bajo la CADH (pregunta 3) no puede ser reclamado como un derecho convencional (pregunta 1). Por otro lado, ante la obligación convencional de impedir la reelección presidencial indefinida, no es necesario indagar si su habilitación es necesaria, idónea y estrictamente proporcional (pregunta 2). En otras palabras, si la obligación de prohibir X se deriva directamente de la CADH, es redundante ponderar si X consiste en una restricción de derechos acorde a la propia CADH.

Otro aspecto problemático de la OC 28/21 tiene que ver con la forma tan imperativa como las obligaciones en materia de derechos humanos son definidas a partir de la primacía de preceptos contra-mayoritarios frente la esfera de deliberación ciudadana. La opinión parece reducir la definición de un sistema político-electoral al ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual se sobrepondría a reglas y principios emanados de otros ámbitos del Derecho Internacional (autodeterminación y soberanía, por ejemplo). 

En el Caso Gelman vs. Uruguay, la Corte IDH había declarado inconvencional una ley de amnistía cuya validez fue ratificada a través de un referéndum popular en 1989 y de un plebiscito en 2009. En dicha ocasión, la Corte destacó que “la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable […] a la esfera de lo “susceptible de ser decidido” por parte de las mayorías en instancias democráticas.” Al reivindicar la “supraconstitucionalidad” de la CADH, más allá de situaciones menos controversiales, como es la amnistía para crímenes de lesa humanidad, la OC 28/21 abre un nuevo flanco de críticas por parte de autores como Roberto Gargarella y otros doctrinantes que no están de acuerdo con la manera como el tribunal interamericano suele reivindicar una relación jerárquica entre la CADH y ciertos principios inherentes a la deliberación ciudadana. Al establecer verticalmente un modelo de sufragio presidencial, aplicable urbi et orbi, la opinión consultiva tiende a generar una tensión mucho más pronunciada que la generada en el Caso Gelman, entre el ámbito de lo justiciable y el ámbito de la deliberación constitucional. Pese a las imprecisiones y posibles críticas advertidas, la OC 28/21 presenta un marco que, a nuestro juicio, tiende a fortalecer dos de los pilares fundacionales de la integración regional: democracia y derechos humanos. Recogida en la opinión consultiva, la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y derechos humanos debería nortear las decisiones de la Comisión Interamericana y de la propia Corte IDH, pero esta es una discusión que merece un artículo aparte, por lo que esta historia continuará la siguiente semana, en este mismo espacio…