El fenómeno de la corrupción está generalizado masivamente en Argentina. A pesar de la gravedad del tema, desde la década del 90, vienen sucediendo casos obscenos de corrupción en la Administración pública, que perjudican seriamente los fondos del Estado nacional, y que denotan una matriz permanente.

La corrupción (en particular, en materia de contrataciones públicas) ha acompañado a los Gobiernos elegidos por el pueblo. Como en varios países de la región, estas prácticas han resultado funcionales para fomentar el clientelismo político, ganar elecciones, captar voluntades y perpetuar el poder.

Especialmente en los últimos tiempos, viene produciéndose un fenómeno que contraría los postulados internacionales más básicos en la materia: la lucha contra la corrupción no forma parte de la agenda política. En lugar de enfrentar la corrupción y de hacer esfuerzos para prevenirla, los dirigentes políticos la ignoran.

 Es más, desde las altas esferas del poder político se descalifican dogmáticamente las investigaciones penales seguidas contra funcionarios o exfuncionarios por hechos graves de corrupción, con el solo fin de deslegitimar la actuación de la Justicia.

Con esa intención, se insiste sobre modificaciones legales inocuas, como es el caso de la reforma de la Justicia federal, que promueve de manera inconsulta un aumento indiscriminado e inequitativo de órganos judiciales. Este tipo de iniciativas no cuentan con la menor previsión ni con un análisis serio de las necesidades reales de la Justicia federal.

Mayor atención merece la reforma del Ministerio Público Fiscal, que ya recibió media sanción en el Congreso y que persigue reemplazar la mayoría especial de dos tercios, establecida desde 1994, por una mayoría simple para la elección del procurador general.

El debilitamiento de la institución encargada de reprimir los hechos de corrupción es un mensaje nefasto para todos los fiscales y para la ciudadanía. Nótese que se ha llegado al absurdo de intentar mancillar la carta magna –cuyo artículo 120 establece que el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente de los demás poderes del Estado– porque los políticos no logran consensos para cubrir un cargo que está vacante desde hace años.

Al respecto, el prestigioso constitucionalista Gil Domínguez llamó a la reflexión sobre esta circunstancia y destacó que la falta de voluntad política para designar al procurador general denota la “eterna adolescencia institucional” que padece la Argentina.

Estas intromisiones deben analizarse con cautela, pues no son aisladas, sino que se enmarcan en el contexto que describe Marie-Christine Fuchs, de creciente amenaza a la independencia de los jueces y los fiscales. En concreto, la autora destaca las decisiones recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declararon inconvencionales las destituciones arbitrarias de dos fiscales. Ello demuestra la preocupación de los organismos y tribunales internacionales.