En la contemporaneidad se asume la limitación de la coacción al ámbito público, estatal, escrutable, regulado, en lo posible transparente, o al menos sujeta a alguna forma de rendición de cuentas. En contraste con este control público de la coacción, las formas de violencia privada, especialmente de elevada intensidad, sugieren un grave déficit de gobernanza. Sin embargo, resultan ampliamente publicitadas, siendo incluso promovidas por intereses partisanos y, en algunos casos, hasta gubernamentales. Ello indica que la violencia privada no ha sido desterrada de la vida social, que no es uniformemente censurada  y frente a la cual no siempre funcionan mecanismos efectivos de contención.

La formalidad en el ejercicio de la coacción es un signo de la alta división del trabajo que caracteriza a las agencias oficiales encargadas de emplearla: solamente mediante un conocimiento técnico y especializado se estaría en condiciones de aplicar la fuerza estrictamente necesaria para lograr el objetivo legítimo que se persigue. La coacción también puede ser ejercida por parte de los representantes del poder del Estado, en forma flexible y no protocolar, como ocurre cuando la policía responde a agravios con castigos directos que implican privaciones no reglamentadas, sin acatar directrices o instructivos y en interacciones horizontales con quienes entran en conflicto, adoptando decisiones que toman en cuenta los antecedentes de su contraparte o un pronóstico sobre su comportamiento futuro, antes que su comportamiento situacional. Entrevistas con policías y con particulares en América Latina, realizadas por investigadores como Gabaldón y Birkbeck y Monsalve, muestran cómo los primeros utilizan la fuerza para castigar conductas antecedentes, y cómo los segundos aceptan dichos actos cuando se trata de infractores identificados y desprestigiados, tal como apuntan Paes Machado y Noronha, y Romero y Rujano. Dicha flexibilización puede incluir sinergia entre medidas de coacción propiamente gubernamentales y conductas de grupos de soporte colateral o colaboracionistas. También quienes se sienten agraviados por agentes o representantes del Estado podrían responder de manera informal y altamente coactiva a lo que se percibe como un abuso de autoridad, especialmente si se instauran patrones y prácticas reiteradas.

En América Latina se asiste a un incremento de la violencia, tanto entre particulares como en la empleada para contener la delincuencia predatoria común. Según un informe de 2018, denominado Atlas de la violencia policial en América Latina, 60% de las divisiones territoriales de los diversos países registran “tasas epidémicas de violencia letal”. Por otra parte, pareciera asistirse al abandono de protocolos para el uso de la fuerza física policial. Dentro del marco estrictamente situacional, yo he propuesto la hipótesis de la incertidumbre o el riesgo en el trabajo policial como predictores del uso de la fuerza. Esta hipótesis pareciera más apropiada para formas de violencia policial ordinaria y en condiciones bajo las cuales la policía interviene en una situación sin tomar partido y sin premeditación en el uso de la fuerza, lo cual no es necesariamente lo que ocurre o incluso es lo predominante.

Una investigación señaló que las evaluaciones entre candidatos y funcionarios policiales en Venezuela demostraron énfasis en el diálogo y la conciliación, y correspondencia entre conductas ciudadanas y niveles de respuesta policial reglamentaria. Esta evaluación, sin embargo, coincidió con el recrudecimiento de la letalidad policial, lo cual sugiere, bien inconsistencia entre actitudes y prácticas cotidianas, bien la expresión de respuestas socialmente deseables. En todo caso, destaca la necesidad de supervisión, seguimiento y adopción de consecuencias disciplinarias para controlar el abuso. La distinción entre formalidad/ protocolo  e informalidad/ exceso podría incluso desaparecer si la utilización de la fuerza comporta letalidad recurrente y relajamiento de los parámetros que definen la autorización legítima para su empleo.

Por otro lado, una reciente investigación, que estudia el homicidio a través del relato de victimarios adolescentes, muestra la facilidad con la cual se decide causar o intentar la muerte en episodios diversos. Es decir, muchos homicidios expresan alguna forma de cotidianidad cuando actores públicos y privados se traban en interacciones violentas  diversas y recurrentes: venganza, en entornos igualitarios, con segmentación horizontal, parece coexistir con  disciplina, de forma vertical y jerárquica,  amparada en el marco de la ley como inmunidad frente a la posible reacción de las víctimas, antes que como límite para el ejercicio de la violencia. Un informe de la Misión Independiente de Determinación  de Hechos sobre Venezuela, publicado hace pocos meses, destaca esa permeabilidad entre agentes públicos y grupos privados en la ejecución de la violencia.

La violencia delictiva y la violencia policial están interconectadas. Puede darse una coexistencia cuando el aumento de la coacción pública formal, que se manifiesta en la expansión numérica de la policía, el incremento de la encarcelación y el endurecimiento de la legislación penal, convive sin pretensión de exclusión con formas de violencia,  paralelas o complementarias a la intervención del aparato policial y militar para la disciplina de la población, como justicieros, linchamientos y escuadrones de la muerte, como lo destaca un estudio de Ignacio Cano. Esto sugiere que no necesariamente una de ellas se consolida a expensas de la otra.

Por ello, es importante la reflexión sobre el modelo de Estado que se ha desarrollado y consolidado en América Latina, más allá de la tendencia de los gobiernos, civiles o militares, de izquierda o de derecha. Los problemas fundamentales vinculados a la coacción pública y la violencia privada son los relativos a su incremento y acumulación, así como a su concentración o dispersión, pues de ello depende la caracterización y exploración de las variables asociadas a su expresión. Las formas y matices que adopta el Estado entre distintas regiones y momentos es fundamental para comprender mejor la difusión de la violencia, las cuotas que se distribuyen o negocian para su ejercicio entre los agentes estatales y los particulares, así como la discusión de las propuestas para su minimización y control.