Recordemos que, conforme al artículo 111° de Código de Procedimiento Constitucional, la consulta previa de constitucionalidad de un Proyecto de Ley tiene por objeto confrontar si el texto de dicho Proyecto es conforme a la Constitución Política del Estado, con el fin de garantizar la supremacía constitucional. En este contexto, el Tribunal Constitucional Plurinacional solo puede declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Proyecto de Ley consultado. Si la declaración es de inconstitucionalidad, el Órgano Legislativo deberá adecuar o eliminar solo aquellas normas observadas por el Tribunal Constitucional, y aprobar lo pertinente.

Así pues, en ningún caso, el TCP podía disponer la prórroga anticipadamente y, por lo tanto, debía circunscribir su actuación a devolverle a la asamblea la iniciativa para que prosiga la aprobación, tomando las salvaguardas constitucionales del caso. De inicio, el TCP se excedió en su mandato y en el objeto de la consulta, estableciendo una prórroga de facto, por la fuerza de los hechos, pero no de la Ley.

Asimismo, el TCP señala que siguiendo la “pauta interpretativa de la voluntad del constituyente es posible establecer que la elección por sufragio universal de las Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, fue garantizar su independencia e imparcialidad en el ejercicio de las funciones de carácter jurisdiccional, libre de toda injerencia, presión o amenaza política”, lo que sería la base de su legitimidad.

Sin embargo, no toma en cuenta los estándares interamericanos aplicables para el caso de autoridades electas. Conforme a la Opinión Consultiva 028 de la Corte IDH, la obligación de celebrar elecciones periódicas implica indirectamente que los mandatos de cargos electos deben tener un período fijo, cuyas funciones no pueden tener plazos indefinidos. “Esta prohibición de mandatos indefinidos busca evitar que las personas que ejercen cargos por elección popular se perpetúen en el ejercicio del poder” (párr 73).

Por otra parte, la Carta Democrática Interamericana resalta que, en las democracias, se debe acceder y ejercer el poder público con sujeción al Estado de Derecho, por lo que toda forma de detentar una función pública electa que sea diferente al tiempo y forma que estable la Constitución significa una alteración al Estado de Derecho.

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha dejado establecido que la duración en el nombramiento de las autoridades judiciales es un corolario de su independencia. Su permanencia e inamovilidad debe estar protegida, con plazos ciertos y definidos, tanto de inicio como de término de sus funciones. Establecer que la duración de sus mandatos no tiene una fecha precisa, sino que están sujetos a una condición futura, que como en este caso, podría ser de realización imprevisible, podría poner a esos jueces en una situación de provisionalidad indefinida, generando una duda objetiva sobre su actuación independiente. Por lo tanto,  aún en situaciones de emergencia y excepcionalidad, como puede ser una transición, estos cargos deben ser adecuadamente y en propiedad designados por un tiempo prestablecido.

Finalmente, esta declaración constitucional del TCP constituye una especie de (auto) prórroga de facto de sus mandatos, con una interpretación en beneficio propio, violando de manera manifiesta el artículo 263 – II de la CPE que prohíbe a los servidores públicos actuar en aquellos casos donde concurre una situación de conflicto de intereses.

EL TCP pudo ser más asertivo ante esta cuestión, identificando el estado de cosas inconstitucionales, proponiendo una hoja de ruta o algunas directrices que aseguren la generación de las condiciones para la selección y elección de las autoridades judiciales y fijando un plazo determinado, asegurando su calidad y oportunidad. Esta declaración ambigua constituye más bien un incentivo para mantener el statu quo de la justicia, lo que solo beneficia al poder.