Acceso a la justicia de las mujeres venezolanas migrantes en Colombia y Perú

22 de Septiembre de 2022
Acceso a la justicia de las mujeres venezolanas migrantes en Colombia y Perú
Crédito Foto: Universidad de Antioquia

¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres venezolanas, víctimas de violencia en Colombia y Perú, en el acceso a la justicia?

Las herramientas jurídicas deben estar a disposición de todas las personas, en especial, de aquellas que, por su situación de vulnerabilidad, se les dificulta acceder a estos mecanismos. Es entonces deber del Estado, como se deriva de la CADH y de múltiples pronunciamientos de la Corte IDH, proveer los medios necesarios para que ese acceso a la justicia se realice de manera oportuna y asegurándose su debido ejercicio en condiciones de igualdad. Esto no siempre ocurre. De hecho, Amnistía Internacional pone de manifiesto la situación de precariedad, indefensión, y desamparo judicial, en la que se encuentran las mujeres venezolanas refugiadas que sufren violencia de género, tanto en Colombia como en Perú.

¿Qué sucede en Colombia y Perú?

Ya en noviembre 2020, en un artículo publicado por Agenda de Estado de Derecho, señalaba que el flujo migratorio venezolano hacia Colombia se había feminizado. De hecho, de acuerdo a Migración Colombia, el 51% de las personas venezolanas en ese país, son mujeres,  En Perú se presenta un fenómeno similar, de las 1.3 millones de personas venezolanas en este Estado, el 58% son mujeres.

Así mismo, ya en 2019 denunciábamos la situación de múltiple violencia que sufría la mujer venezolana en un trabajo denominado Mapa de Casos de Muerte y Desaparición de Mujeres Venezolanas Migrantes y Refugiadas en el Extranjero, siendo Colombia y Perú, respectivamente, los países con mayor incidencia de casos. Esta situación no ha mejorado, tal como lo reseña Amnistía Internacional, pues entre 2018 y 2020 en Colombia, los casos de violencia de género contra mujeres venezolanas aumentaron en un 71% y un 31% entre 2019 y 2020 en Perú, según datos oficiales recogidos en el citado informe. Esta violencia tiene múltiples facetas que va desde la violencia psicológica, física y sexual, representada en casos de acosos, riesgos de explotación sexual, trata de personas y explotación laboral, tanto en espacios públicos, privados, y/o laborales, que se manifiestan desde las rutas migratorias hasta las ciudades de acogidas.

Frente a esta situación de vulnerabilidad, existe una situación aún peor, la denegación de justicia por parte de los Estados. Tal como lo señala el mencionado informe de Amnistía, tanto Colombia como Perú, son los grandes ausentes a la hora de garantizar, proteger y respetar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres refugiadas venezolanas, quienes enfrentan violencia basada en género en todos ámbitos de la vida. En efecto, la Organización hace un llamado a estos Estados para combatir la estigmatización y discriminación hacia mujeres venezolanas y garantizar un acceso efectivo a la justicia.

No cabe duda de que la discriminación contra la mujer tiene efectos sobre la capacidad de estas para obtener acceso a la justicia, tal como lo demuestra el mencionado informe, el cual establece que existe un alto nivel de impunidad en las denuncias por violencia intrafamiliar. Las cifras son alarmantes en ambos países de estudio. En Colombia, solo el 0.8% de las denuncias por violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de ejecución de penas; y en el caso de delitos sexuales, solo un 0.13% se encuentra en etapa de ejecución de penas. Por su parte, en Perú, solo un 4% de los casos de feminicidios fueron sentenciados. En el caso de la mujer venezolana migrante en estos países no se tienen cifras oficiales de sentencias condenatorias y absolutorias por delitos basados violencia de género.

Obstáculos y recomendaciones para el acceso efectivo a la justicia

Los vacíos normativos y administrativos, la falta de claridad de las instituciones sobre sus funciones y el desconocimiento de los recursos judiciales de los que se dispone, son los principales obstáculos para un acceso efectivo a la justicia. Si bien el estatus migratorio irregular ha incidido en esta problemática, el hecho de ser mujer venezolana ha agudizado los obstáctulos del acceso a la justicia, en tanto se manifiestan factores interseccionales de discriminación, de estereotipos de género, de estereotipos de hipersexualización, que la están colocando en una posición de doble vulnerabilidad e impunidad, y además, siendo revictimizada por parte de los mecanismos de los Estados.

La pedagogía en la administración de justicia juega un papel importante, y allí se incluye la correcta tipificación de delitos, las campañas de información, los talleres profesionalizantes, es decir, la difusión de la información tanto para la mujer migrante venezolana, como también para los y las funcionarias del Estado, incluyendo aquellos/as de alto rango. Lo anterior sumado a la implementación de  estrategias y políticas públicas para contribuir al acceso a la justicia de la mujer migrante venezolana, son pasos positivos que pueden dar ambos países.

En este sentido, Colombia tiene la batuta con una sentencia histórica de la Corte Constitucional que ordena la protección inmediata de una mujer víctima de trata procedente de Venezuela, e insta al Estado a mejorar el sistema de protección y crear los protocolos de identificación de víctimas, capacitar a los funcionarios públicos y brindar protección y asistencia integral a las víctimas, todo ello, dentro de un marco de derechos humanos. Así mismo, la Corte destaca la importancia de fortalecer la recepción de las denuncias, documentar los casos y brindar acompañamiento a las víctimas incluyendo a las personas refugiadas, y ofrecer medidas de regularización migratoria para las personas con un estatus irregular, considerando que la falta de documentación es un argumento para no recibir las denuncias.

Conclusiones

Para finalizar es importante resaltar que el acceso a la justicia no solo es un instrumento de la buena gobernanza, sino que además debe ser un instrumento que transforme las relaciones de poder. Sin estos elementos, perdemos el enfoque integral de acceso a la justicia y seguimos perpetuando un sistema de exclusión.

Citación académica sugerida: Heredia, Jassir. Acceso a la justicia de las mujeres venezolanas migrantes en Colombia y Perú. Agenda Estado de Derecho. 2022/09/22. Disponible en: https://dutapp.com/acceso-a-la-justicia-de-las-mujeres-venezolanas-migrantes-en-colombia-y-peru/

Palabras clave: mujeres, Acceso a la justicia, migración, Venezuela

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ACERCA DE LA AUTORA
Jassir Heredia

Abogada especializada en Derecho Procesal Civil y DDHH Interculturales, Pueblos Indígenas y Cooperación Internacional. Miembro del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo (OBIMID), Universidad Pontificia de Comillas.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.