Paraguay celebrará sus elecciones presidenciales el próximo 30 de abril. ¿Cuál es el panorama actual y sus eventuales consecuencias?
El 30 de abril de este año, el pueblo paraguayo elegirá en una sola votación a su nuevo Presidente. Casi cinco millones de personas tendrán la oportunidad de ir a las urnas en un país que, para gran parte de Latinoamérica es una “incógnita”.
Después del “significativamente corrupto” Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez (“Marito”), hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, solo por segunda vez en la historia existe la posibilidad de que la Asociación Nacional Republicana (ANR), mejor conocida como el Partido Colorado, tenga que abandonar el Palacio de Gobierno en Asunción. Pero, ¿se trata simplemente de que haya alternancia durante una legislatura o hay algo más? Claramente hay varios temas que merecen un análisis en profundidad. Aquí sólo quiero dar un impulso a la reflexión sobre la prohibición de la reelección presidencial.
Paraguay es uno de los cinco países en Latinoamérica donde la reelección está prohibida por la Constitución. El artículo 229 de ésta, postula que tanto el Presidente como el Vicepresidente no podrán ser reelectos en ningún caso. La idea es evitar la mínima posibilidad de que una sola persona se quede en el poder demasiado tiempo. Es la respuesta drástica a la dictadura de Stroessner.
Para entender cómo pueden afectar las próximas elecciones a este principio, es necesario hacer un breve repaso de cómo han ido las cosas hasta ahora.
El 18 de diciembre de 2022 se celebraron las llamadas Primarias, las elecciones internas. Con el paso de los años, estas elecciones han ido adquiriendo cada vez más importancia, hasta convertirse en un aspecto fundamental del sistema político paraguayo. Esta constatación se vio reforzada en las pasadas Primarias, en vista de la ruptura entre Mario Abdo y Horacio Cartes. De acuerdo con ambos archirrivales, el Partido Colorado está dividido en dos partes: los movimientos de Fuerza Republicana y de Honor Colorado –cabe destacar que las iniciales de Cartes y las del movimiento coinciden–.
Pese a que Abdo le haya ganado al candidato de Cartes en las internas en el 2017, éste último logró, de cierta manera, algo nuevo: en vez de desaparecer del escenario político, el “todopoderoso” expresidente sigue controlando políticamente a su partido y al país. La derrota de Abdo en la elección por la presidencia de la ANR da prueba de esto. Además, concentra el poder económico del país con su Grupo Cartes.
Por otro lado, en estas primarias se pudo constatar un enorme nivel de violencia. A ello se suma la participación de los Estados Unidos, declarando tanto Cartes como Hugo Velázquez, el principal candidato de Abdo, por “significativamente corruptos”.
Santiago Peña, “delfín” de Horacio Cartes, fue elegido por un 51% de los casi un millón dos cientos mil votos. Derrotando al nuevo candidato de Abdo, Arnoldo Wiens, la elección de Peña también reafirmó una tradición histórica: ningún presidente saliente logra entregar las riendas a su sucesor.
El liberal Efraín Alegre, candidato de la Concertación Alegre, por su parte, consiguió su candidatura con el 60% de los (solo) seis cientos mil votos para la Concertación Nacional (una amalgama de varios partidos). Será su tercer intento de convertirse Presidente de la Nación.
No es posible predecir qué se viene en las elecciones de abril. Según la última encuesta de Atlas, Alegre tiene la ventaja ante Peña. Vale la pena mencionar que la encuesta muestra que el 55% prefiere un cambio de partido.
En estos días uno puede leer que el duo Peña/Alliana es la “opción más sólida para el votante paraguayo”. El autor habla maravillas de Peña y su “visión moderna” que “puede convertir a Paraguay en el eje de un cambio para la región”. Habría que contrastar estas afirmaciones con las recientes acciones del candidato colorado. Hace poco llamó la atención diciendo que los argentinos “no quieren trabajar”. En otra ocasión sorprendió diciendo que Paraguay tendría “el índice de criminalidad de países nórdicos, muy bajo”, si se dejara de lado las fronteras. Como se trata del “delfín” de Cartes, también es necesario tener en cuenta que éste mueve los hilos. Con Cartes se vinculan varios escándolos, sobre todo contrabando de cigarillos y lavado de dinero transnacional.
Sin lugar a dudas, el Paraguay está enfrentado a varios desafíos. No fue hace mucho que la gente salió a las calles exigiendo la renuncia de Abdo. La pandemia fue un nuevo momento de gran decepción por parte del pueblo. En cuanto a la corrupción, Paraguay se ubica en el lugar 137/180 y, con una puntuación de 28, solo Venezuela es peor en Sudamérica.
La historia y el desarrollo del narcotráfico en Paraguay son demasiado amplios para tratarlos acá. Basta destacar que, a pesar de ser casi el país más pequeño de la región, Paraguay es el principal productor de cannabis en dicho espacio geográfico.
Si gana Peña, tendrá que demostrar su capacidad de enfrentar el narcotráfico con fuerza, como lo sugieren sus aliados. Si bien dice que es Abdo quien “tiene vinculación directa” con el narcotráfico, su “padrino político”, Horacio Cartes, es vinculado con muchos procesos en este ámbito.
Sin perjucio de ello, la pregunta es si un Presidente como Peña significa la elusión de la prohibición de la reelección presidencial en el país. Por supuesto, Peña no es Cartes, pero Peña sí es candidato presidencial gracias a Cartes. Y, como se mencionó anteriormente, su influencia es enorme y evidente. Cabe solo recordar que Cartes intentó hacer posible la reelección presidencial – aunque no ha sido el único. No obstante, a mi juicio, es la figura más peligrosa en intentarlo.
En una reciente opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró a la prohibición de la reeelección presidencial (indefinida) com una “salvaguarda a la democracia” que el bien común exige (párr. 125). Ahora bien, existe la posibilidad de que Cartes sea el, de facto, Presidente, y que Peña se covierta un Presidente títere. El Paraguay es la democracia más joven de la región, todavía no está preparada para repensar la reelección presidencial. Falta todavía mucho para que el país esté en la posición de hablar de una democracia “segura”, del Estado de Derecho, de la igualdad, de la legalidad o de la justicia. La prohibición todavía parece necesaria para poder seguir construyendo un país respetando lo mencionado.
No tenemos claro todavía cuál será la estrategia de Cartes si Peña llega al poder. Muy probablemente van a tener un papel clave las relaciones con la derecha trumpista en Estados Unidos y el gobierno derechista en Israel. Con el triunfo de Peña, el cartismo tendrá cinco años para consolidar su posición en una manera desconocida en la historia del Paraguay. Estará muy en peligro la idea de la no reelección presidencial que busca evitar justamente esto: que una persona, por más que vaya contra la ley, esté en el poder y, en consecuencia, tenga un lugar fuera de la ley.
En cambio, con un Presidente como Allegre, es probable que el aparato estatal sí vaya contra Cartes. Podría ser el último momento en el que aún se puede evitar lo que se acaba de describir en cuanto al Estado de Derecho, la justicia, etc. Consecuentemente, Cartes depende mucho de estas elecciones.
Teniendo en cuenta casos como Hungría, en que el Presidente Orbán ni siquiera perdería mucho poder si fuese derrotado en las elecciones, se sabe que cinco años pueden ser suficiente para “acabar” con el Estado de Derecho. Por más valor que pueda darse a su experiencia laboral y a su educación, cabe decir que Peña, quien recientemente dijo que no se llega lejos con títulos, sino sólo gracias al partido, parece cuestionable en cualquier caso.
La dictadura de Stroessner terminó hace 34 años. El Paraguay no está frente a otra dictadura. Sin embargo, es razonable, al menos, preocuparse por la evolución de la situación y no perderla de vista. En pocas palabras, estas elecciones marcarán el rumbo del Paraguay. El tiempo mostrará si será para bien o para mal.
Citación académica sugerida: Stelter, Jonathan. ¿A dónde va el Paraguay?: Elecciones presidenciales y la no reelección. 2023/04/26. Disponible en: https://dutapp.com/a-donde-va-el-paraguay-elecciones-presidenciales-y-la-no-reeleccion/
Palabras claves: Paraguay, elecciones presidenciales, prohibición de reelección.
Estudiante de Derecho en Göttingen, Alemania. En 2017/2018 hizo un voluntariado en Asunción, Paraguay y, en 2022, un intercambio en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.