Para acabar con la discriminación de género, Brasil debe enfrentar sus deficiencias estructurales. La judicatura brasileña es mayoritariamente masculina: hasta 2019, solo 35,9% eran mujeres. En la Policía Civil, solo 27,6% son mujeres Este factor dificulta la efectividad del derecho de las mujeres víctimas de violencia doméstica a una atención policial acogedora y humanizada, prestada preferencialmente por policías femeninas (artículo 10-A, Ley 11.340, conocida como Ley “Maria da Penha”). Además, hay una manifiesta deficiencia de unidades judiciales especializadas en violencia doméstica y familiar contra la mujer en territorio brasileño, a pesar de la recomendación legal expresa para su creación (artículo 12-A, Ley 11.340). En 2021, solo en el Distrito Federal y Roraima más de 90% de los casos de violencia contra la mujer eran juzgados por áreas especializadas.

Este cuadro institucional, sumado a las prácticas judiciales y policiales estereotipadas, ciertamente demanda una transformación. Con este foco, la sentencia del caso Márcia Barbosa instó a Brasil para que creara e implementara “un plan de formación, capacitación y sensibilización continuada a fuerzas policiales a cargo de la investigación y a operadores de justicia del estado de Paraíba, con perspectiva de género y raza”; y que adoptara e implementara “un protocolo nacional para la investigación de feminicidios”, ajustado a “a los lineamientos establecidos en el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género, así́ como a la jurisprudencia de[l] Tribunal”.

Para enfrentar esta realidad, además de la Ley n. 13.104 de 2015, que previó el crimen de feminicidio y prohibió la posibilidad de argumentaciones de defensa como el crimen pasional o la defensa de la honra, Brasil aprobó la Ley n. 14.245 de 2021, dirigida al enfrentamiento del estereotipo de género en los procesos judiciales. Esta ley determina que en las audiencias de procesos que investiguen crímenes contra la dignidad sexual, la integridad física y psicológica de la víctima debe ser protegida bajo responsabilidad civil, penal y administrativa del infractor. La ley prohíbe especialmente el uso de lenguaje, informaciones o cualquier material que ofenda la dignidad de la víctima o de los testigos.

Además, ya en 2016 Brasil había implementado las Directrices Nacionales para investigar, procesar y juzgar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres (feminicidio), según las cuales “en ninguna hipótesis se puede admitir que las evidencias sobre la personalidad de la víctima, su historia de vida o su comportamiento reproduzcan estereotipos y prejuicios de género, para juzgamiento moral de las víctimas y su responsabilidad por la violencia sufrida”. Más tarde, específicamente en respuesta a la condena brasileña en el caso Márcia Barbosa en 2021, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) prontamente emitió el Protocolo para juzgar con perspectiva de género.

Sin embargo, este marco normativo todavía no se pone en práctica completamente. En su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Brasil, respecto a la visita realizada en 2018, la CIDH demostró la existencia de obstáculos que tenían las mujeres víctimas de violencia para el acceso a la justicia, como “la tolerancia social de la violencia contra las mujeres, reforzada por la idea de que las mujeres serían “propiedad” de los hombres, la persistencia de actitudes estereotipadas y discriminatorias de agentes del Estado, la lentitud de la justicia y de los procesos para obtener medidas de protección y la falta o la poca presencia de entidades especializadas en la temática esparcidas por el territorio brasileño”.

En conclusión, la sentencia del caso Márcia Barbosa convoca al Estado brasileño a acatar la prohibición del empleo del estereotipo de género, para así implementar no solo sus obligaciones internacionales en la materia, sino también sus marcos legislativos internos. En diciembre de 2021, el CNJ incluso emitió una resolución convocando a los jueces a considerar la jurisprudencia interamericana y priorizar la implementación de los compromisos determinados en las sentencias condenatorias. Brasil ya cuenta con leyes sobre este tema. Ahora falta que las autoridades judiciales y policiales brasileñas las pongan en práctica para extinguir el estereotipo de género de forma definitiva.