El derecho a la igualdad y la no discriminación de afrodescendientes en Paraguay
22 de Febrero de 2022
¿Cuál es la situación de la población afroparaguaya? ¿Cuáles han sido los últimos intentos legislativos para evitar la discriminación?
Paraguay es prácticamente el único país en Sudamérica que no tiene una ley o mecanismo jurídico que proteja contra la discriminación a los pueblos indígenas, las mujeres, las personas con discapacidad o el colectivo LGTBI. Si bien la Constitución del Paraguay de 1992 garantiza la igualdad entre todas las personas y no admite discriminaciones (art. 46 CPy) y además reconoce a los pueblos indígenas y grupos étnicos definidos como grupos de cultura anteriores a la formación y organización del Estado Paraguayo (art. 62 CPy), aún no se han aprobado normas contra el racismo, la homofobia o la segregación.
Además, otras minorías o grupos étnicos, como las personas afrodescendientes, no cuentan con un mecanismo de prevención o sanción de la discriminación, la cual no se encuentra definida legalmente, ni se cuenta con mecanismos legales ni políticas públicas para erradicarla.
En 2016 el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, luego de examinar la situación en Paraguay, recomendó al Estado emprender medidas de acción afirmativa para eliminar las modalidades de discriminación racial a las que se hallan expuestas las comunidades étnicas de varias partes del mundo, en especial indígenas y afroparaguayos, así como la protección de los defensores de los derechos humanos de estos pueblos. No obstante, hasta el momento, estas medidas no se han puesto en marcha.
Al igual que en el resto del continente americano, los afroparaguayos son en su mayoría descendientes de los pobladores negros con orígenes africanos, la mayoría angoleños y congoleses, que fueron traídos y reducidos a la calidad de esclavos para realizar trabajo pesado, principalmente en Brasil. De allí se dispersaron al sur, en el actual territorio de Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina
Históricamente, la población afroparaguaya no ha sido muy numerosa. Existen dos censos previos a la Independencia del Paraguay (1811): el realizado por el entonces gobernador Melo de Portugal en 1782 en Asunción y que representaba el 24,9% de la población parda total (el 22,8% de la población libre total y el 29,3% de la población esclava), mientras que el realizado por el gobernador-intendente Lázaro de Rivera en 1799 registró 25,2% de la población parda, (el 23,3 % de la población parda libre y el 28,4% de la población esclava).
La población afroparaguaya se encontraba en las rancherías de esclavos en la capital, propiedad de las órdenes religiosas. Un hito en la historia del Paraguay fue la abolición de la esclavitud, el 24 de noviembre de 1842, a través del decreto que enunciaba la libertad de vientres de las esclavas: “Desde el 1 de enero de 1843 serán libres los vientres de esclavas, y los hijos que nacieren en adelante serán llamados Libertos de la República del Paraguay”. Ser liberto no implicaba que la persona sería libre, sino que, como indicaba otro artículo, “quedarían obligados a servir a sus señores hasta la edad de veinticinco años, los varones, y, las mujeres, hasta los veinticuatro años”. En el periodo independiente de 1811 hasta 1870, el único censo realizado fue en el año 1846, por orden del presidente Carlos Antonio López.
En el año 2007 se creó la Asociación Afroparaguaya Kamba Cua (AAPKC) y se llevó a cabo, con apoyo de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, el censo de población y viviendas. Se reconocían 7637 personas como afroparaguayos/as, en las tres comunidades afrodescendientes conocidas concretamente: Kamba Cua de Fernando de la Mora (Gran Asunción), Kamba Kokue en las afueras de la ciudad de Paraguarí y Pardos Libres de la ciudad de Emboscada. En la actualidad, la población afroparaguaya representa el 7,8% de la población total del país. Cabe señalar que en un posterior censo, realizado en 2012, no se alcanzó a todos los residentes, y además no fueron incluidas otras concentraciones de afrodescendientes distribuidos en otras regiones del país.
En la actualidad la mayoría de la población del Paraguay desconoce la presencia de afrodescendientes e ignora las condiciones socioeconómicas y culturales en las que viven. El Estado paraguayo está en la obligación de recopilar y proporcionar datos estadísticos fiables, actualizados y completos sobre la composición demográfica de las minorías, en particular la afroparaguaya, así como indicadores de derechos humanos y socioeconómicos, desglosados por origen étnico, género, edad, regiones, zonas urbanas y rurales. Sin estos datos, se generan barreras que obstruyen la elaboración e implementación de políticas públicas de Estado dirigidas hacia este sector y que reconozcan, valoren y dignifiquen a la población afrodescendiente del Paraguay.
En la última década, otros países de Latinoamérica han aprobado legislaciones a favor de la lucha contra la discriminación, excepto Paraguay. Desde 2009, se ha buscado reglamentar la prohibición constitucional de discriminación, que no cuenta con una legislación específica que brinde garantías, como sí existe en otros países del continente como Uruguay (2004), Perú (2006), Venezuela (2011) y Colombia (su última modificación en 2015). En Paraguay a finales de 2014, se votó contra el Proyecto de Ley “Toda forma de discriminación”, que finalmente no prosperó.
El Proyecto de Ley toma en cuenta la recomendación del Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de 2016 (CERD/C/PRY/CO/1-3, pág. 9), que insta al Estado a agilizar la adopción de los instrumentos legislativos necesarios para prevenir el racismo y la discriminación racial, y exhorta a adoptar medidas de acción afirmativas o medidas especiales.
El 19 de noviembre de 2019 se presentó la iniciativa parlamentaria del proyecto de Ley Afroparaguaya, que consta de 11 artículos. Este anteproyecto tiene por objeto:
1) Crear mecanismos y procedimientos de prevención y sanción de actos de racismo y de discriminación hacia personas afrodescendientes (art. 1).
2) Reconocer a la población afrodescendiente del Paraguay como una minoría étnica, e incorporar el legado de las comunidades afrodescendientes en la historia, así como su participación y aportes en la conformación de la nación, en sus diversas expresiones culturales (arte, filosofía, saberes, costumbres, tradiciones y valores) (art. 2).
3) Elaborar el plan nacional de promoción, fomento y protección de estos grupos, a cargo de la Secretaría Nacional de Cultura (art. 4).
4) Promover, por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el reconocimiento en todos los niveles de la población afro y afrodescenciente. Fomentar el acceso a becas educativas para la minoría étnica (art. 6).
5) Definir los actos discriminatorios y de racismo (art. 7).
6) Aplicar las sanciones en el ámbito de su competencia (art.8).
7) Implementar políticas públicas sobre la promoción de la cultura de no discriminación y racismo hacia personas afrodescendientes (art. 9).
8) Crear el Registro Nacional de Personas Afrodescendientes, dependiente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (art. 10).
La propuesta legislativa fue remitida al Senado el 15 de julio de 2021, donde obtuvo media sanción. El 13 de octubre de 2021, por amplia mayoría del pleno de la Cámara de Diputados, se resolvió rechazar el Proyecto de ley, por lo que el texto vuelve a la Cámara de Senadores. Por el momento habrá que seguir esperando.
Las expresiones utilizadas por los diputados que rechazaron el Proyecto de ley se referían a que no existe discriminación racial en Paraguay. Es decir, niegan las afirmaciones presentadas en el informe del Comité de Naciones Unidas de Eliminación de la Discriminación Racial de 2016 sobre este aspecto, que menciona que los afroparaguayos continúan siendo víctimas de discriminación e invisibilidad, lo cual pone de manifiesto la desigualdad en el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afroparaguayos, en relación con el resto de la población.
Paraguay tiene el desafío pendiente de reconocer y proteger los derechos de las minorías con arreglo al derecho internacional. Para que estos derechos de las minorías sean efectivos, es fundamental promover y proteger la identidad de las minorías, en este caso la de los afrodescendientes. El no promover y proteger su identidad impide su asimilación e integración, así como la pérdida de su cultura, que constituye la base de la riqueza del Paraguay (y del mundo) y que por consiguiente forma parte de su patrimonio.
Citación académica sugerida: Escobar Bravo, María Eugenia. El derecho a la igualdad y no discriminación de afrodescendientes en Paraguay, Agenda Estado de Derecho, 2022/02/22. Disponible en: https://dutapp.com/el-derecho-a-la-igualdad-y-la-no-discriminacion-de-afrodescendientes-en-paraguay/
Palabras clave: afrodescendientes, derechos de las minorías, igualdad, Paraguay
Doctora en Derecho Penal de la Universidad de Münster (Alemania) y la Universidad de Barcelona (España). Docente en las Facultades de Derecho de las Universidades de Münster y Osnabrück. Coordinadora y Docente en la Academia Alemana de Formación de Jueces y Fiscales, Deutsche Richterakademie, Alemania.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
