En 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) impulsó, junto a su partido, una reforma constitucional para incluir la revocación de mandato de la presidencia de la república y las gubernaturas locales.

Si bien, algunos países de América Latina han incorporado dicho mecanismo para ciertas autoridades subnacionales, como en Argentina, Colombia y Perú, en la gran mayoría de la región no existe esta posibilidad. Es más, la promoción de consultas populares para destituir a las presidencias es algo inusitado. Hasta ahora, los únicos países, aparte de México, que contemplan la revocación de mandato presidencial mediante referéndum son Venezuela, Bolivia y Ecuador.

De cumplirse con los requisitos legales, para 2022 México se convertirá en el tercer país de América Latina, seguido de Venezuela (2004) y Bolivia (2008), en consultar a la ciudadanía sobre la remoción anticipada del titular del poder ejecutivo nacional en lo que va del siglo XXI. Veamos los aspectos más importantes de su diseño institucional.

¿Qué es? De acuerdo con la legislación mexicana, la revocación de mandato es un instrumento de participación que puede ser solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada de un representante popular, cuando éste ha perdido la confianza de la población.

¿Quiénes pueden solicitarla? Para activar la consulta, la ciudadanía debe reunir 2 millones 758 mil 077 de firmas (equivalentes al 3% de la lista nominal de electores) distribuidas en al menos 17 estados que componen la federación.

¿Cuándo? Puede ser promovida una sola vez y a mitad del mandato presidencial. Si consideramos que en México un presidente dura en el cargo 6 años, la revocatoria puede ser impulsada exclusivamente cada tres años.

La consulta deberá celebrarse el domingo siguiente a los 90 días posteriores a la publicación de la convocatoria, pero la fecha no debe coincidir con algún otro proceso electoral, ya sea federal o local. De juntarse las firmas suficientes, se estima que el primer ejercicio de esta naturaleza se realizará en marzo 2022.

¿Quién la organiza? El Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad responsable de la organización, desarrollo y computo de la votación. Está encargado de facilitar los medios para recabar las firmas, de recibir la solicitud, verificar la autenticidad de los apoyos ciudadanos y emitir la convocatoria.

¿Qué restricciones existen? El INE es el único facultado para difundir información sobre la revocatoria en los medios de comunicación. En aras de fomentar una discusión informada entre la población, la promoción que realice debe ser objetiva, imparcial y con fines divulgativos.

Los partidos políticos también pueden promover la participación ciudadana. Pero está prohibido que ocupen su financiamiento público o privado para intentar influir en las preferencias de la ciudadanía. Nadie puede utilizar los recursos públicos para recolectar firmas, ni contratar tiempos en radio y televisión con fines propagandísticos. Además, durante el proceso de revocación –desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada– debe suspenderse la difusión de la propaganda gubernamental, de cualquier orden de gobierno, en los medios de comunicación.

¿Cuándo es vinculante? Los resultados de la revocatoria son vinculantes cuando participa al menos 40% de la lista nominal electoral (alrededor de 37 millones de personas) y la mayoría absoluta (o sea, la mitad más uno) vota por la salida anticipada del presidente. Pero si no se alcanza ese umbral, los resultados no son obligatorios y el mandato presidencial concluye con normalidad. En todo caso, toca a la Sala Superior del Tribunal Electoral –máxima autoridad jurisdiccional en la materia– resolver las impugnaciones que se presenten y emitir la declaratoria de la revocación.

¿Qué pasa si la revocatoria es aprobada? Asume el cargo provisionalmente el presidente del Congreso de la Unión. Pero dentro de los 30 días siguientes, los legisladores deben nombrar a la persona que concluya el periodo constitucional, en este caso, hasta el 30 de septiembre de 2024.

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Los riesgos. A pesar de que, en principio, la revocación es un mecanismo participativo “desde abajo”, impulsado por la ciudadanía, en México corre el riesgo de convertirse en un ejercicio plebiscitario en manos del gobierno, debido a la instrumentalización política que el presidente y su partido están haciendo de este mecanismo.

La celebración de la consulta es una cuestión querida e impulsada por el presidente en turno. Someter a revocación su propio cargo, fue una de sus principales promesas de campaña. Y gracias a las presiones que ejerció sobre su bancada parlamentaria, el Congreso emitió la ley regulatoria para llevarla a cabo. Por paradójico que parezca, el partido oficialista, Morena, es el principal, por no decir el único, interesado en recabar las firmas necesarias para su promoción.

La paradoja es posible, sin embargo, porque ni para el partido ni para su líder, la revocatoria es una herramienta para empoderar a las disidencias o los insatisfechos con el gobierno. Antes bien, es un instrumento para ratificar –como dicen los morenistas– la permanencia del presidente en el cargo. En otras palabras, para refrendar la popularidad del presidente entre el electorado, desvirtuando con ello una figura ideada originariamente como una salida institucional para superar la crisis política generada por el descontento de la población hacia la gestión de un mal gobierno.

Aun así, la celebración de la consulta en México no es algo que deberíamos dar por sentado. No sólo porque no sabemos si el número firmas requerido será recabado efectivamente, sino por las condiciones contextuales e institucionales que la autoridad electoral debe enfrentar. El INE tiene que operar entre los ataques, acusaciones y descalificaciones del presidente que buscan minar la autonomía e independencia del órgano constitucional llamado a garantizar la integridad del proceso electoral.

A pesar de que López Obrador y su partido son quienes buscan la revocación, el Congreso de la Unión –donde Morena tiene la mayoría– se negó a otorgar al INE los recursos necesarios para financiar la revocatoria. Con el fin de maximizar los dineros, el INE había priorizado la utilización de una aplicación móvil para facilitar la captación de firmas. Sin embargo, el TEPJF revocó dicha decisión, y obligó al INE a permitir la recolección de firmas también en papel en todo el territorio nacional (SUP-RAP-145/2021). En un contexto de acoso institucional, sin recursos económicos suficientes para operar y obstáculos jurídicos que sortear, el INE estará llamado a volver lo imposible una realidad.