10 de Noviembre de 2021
Vacunación contra el Covid-19 en Latinoamérica: avances y desafíos pendientes
¿Cuáles son los principales avances y retos del proceso de vacunación contra el Covid-19 en Latinoamérica?
A casi un año de la aplicación de las primeras dosis de las vacunas contra el Covid-19 en los países latinoamericanos, a la fecha la región cuenta con cerca del 40% de su población completamente vacunada, pero se enfrenta a complejos escenarios de inequidad y desinformación que la alejan del objetivo global de alcanzar la inmunidad de rebaño y poner fin a los efectos de la pandemia.
El proceso de vacunación contra el SARS-CoV-2 (Covid-19) en la región tiene, al menos, tres avances que deben ser resaltados. Primero, que desde diciembre del 2020 hasta julio del 2021 se logró la puesta en marcha de los esquemas de inmunización en todos los Estados de la región.
Gráfica 1. Personas que han recibido al menos una dosis de las vacunas contra el Covid-19
Segundo, que en el marco de la Estrategia Global de Vacunación la ONU se propuso alcanzar la inmunización del 40% de la población de todos los países del mundo en el 2021 y del 70% en junio del 2022. En este marco, a la fecha, diez países de la región liderados por Chile a lo largo del proceso ya han alcanzado —incluso, superado— esta meta.
Gráfica 2. Porcentaje de la población que ha recibido la vacunación completa contra el Covid-19
Tercero, que la ampliación de cobertura de los esquemas de vacunación en Latinoamérica ha generado un descenso considerable de las cifras de nuevos contagios y, afortunadamente, de fallecimientos por causa del Covid-19. Si bien para junio de este año Suramérica registraba una tasa de muertes per cápita que superaba hasta ocho veces la cifra mundial, en la actualidad (finales de octubre) los casos de la región están incluso por debajo de Reino Unido y Estados Unidos.
Gráfica 3. Casos de Covid-19 confirmados en países Latam
A pesar de los avances en Latinoamérica, aún hay dos retos vigentes y de gran impacto en el proceso de inmunización: la asimetría en el acceso a las vacunas contra el Covid-19 –materializada en diferentes niveles– y la abstención.
Como lo han alertado la ONU y la OMS —de manera reiterada—, y como fue expuesto por varios Estados en el reciente periodo de sesiones de la Asamblea General, el acceso a la vacuna contra el Covid-19 se ha presentado de manera asimétrica. En febrero de este año, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, denunció que diez países habían acaparado el 75% de las vacunas y, recientemente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo destacó que, para septiembre, una de dos personas provenientes de países desarrollados había accedido por lo menos a una dosis de la vacuna. Mientras que en países pobres la relación de personas inmunizadas correspondía al de un ciudadano por cada 33.
En el nivel interamericano, el pasado 25 de octubre, la CIDH y la REDESCA expresaron su preocupación por la falta de acceso universal y equitativo a las vacunas en las Américas, llamando a la solidaridad regional con los países de menos renta, a pesar de los pronunciamientos de organismos internacionales dirigidos a garantizar la implementación de esquemas de vacunación a la luz del principio de igualdad. Para entender la dimensión del problema es necesario tener en cuenta que la brecha de acceso a las vacunas se presenta en tres niveles: global, regional y local.
A escala mundial, el panorama es complejo. Mientras que, en octubre, en Norteamérica y Europa más del 60% de la población ha accedido aunque sea a una dosis de la vacuna; en África esto solo ha ocurrido con el 7.1% de la ciudadanía, aproximadamente. Incluso, la OMS, en la primera semana de noviembre, alertó que los países de bajos ingresos han recibido el 0,4% de las vacunas del mundo.
A escala regional, y en particular en Latinoamérica, la tendencia no varía sustancialmente respecto al panorama global. Por un lado, los esquemas de vacunación en los diferentes países de la región han iniciado en distintos tiempos y, en especial, con periodos de diferencia hasta de seis meses, como ocurrió entre México y Haití.
Por otro lado, las cifras de octubre de Cuba, Chile, Uruguay y Brasil, que dan cuenta de la aplicación de al menos una dosis de la vacuna a más del 70% de la población, contrastan con los datos de Haití y Nicaragua, que reportan, de manera aproximada, un 0,5 % y 8,4% de habitantes vacunados, respectivamente.
Gráfica 4. Distribución de personas total y parcialmente vacunadas contra el Covid-19
Por último, esta asimetría se extiende a los propios esquemas de vacunación a escala nacional. Si bien desde la fase de planeación gran parte de los Estados definieron criterios de priorización para salvaguardar el derecho a la igualdad, la implementación de tales esquemas ha reflejado una distribución inequitativa de las vacunas.
Estados como Colombia, Perú o Argentina han reflejado una brecha territorial —con prevalencia de las ciudades principales— y socioeconómica en la que hogares con mayor capacidad económica han accedido con más rapidez a las vacunas. Lo anterior, sumado a los obstáculos a los que se han enfrentado ciertas comunidades, como la población migrante o los pueblos históricamente discriminados.
Además de las brechas de acceso a las vacunas contra el Covid-19, el avance de los esquemas se ha visto afectado por la abstención ciudadana. En el marco de la encuesta Global Covid-19 tendencias e impacto, se logró documentar que en Argentina, Bolivia, Colombia y Nicaragua el 20% de la población participante manifestó la persistencia de dudas sobre la viabilidad de la vacunación.
Entre las principales razones del escepticismo se encuentran: los efectos secundarios del proceso de inmunización, la incertidumbre sobre su seguridad, efectividad y necesidad, la desconfianza en el Gobierno o, en una menor proporción, motivos religiosos.
Gráfica 5. Razones para el escepticismo hacia las vacunas contra el Covid 19. Vía El País
Aunque gradualmente la pandemia ha pasado a un segundo plano, la amenaza sigue y seguirá vigente a escala global por al menos dos años más, según la apuesta de la OMS. La utopía realizable es que esta crisis sea historia para 2023, y aunque los avances y datos expuestos no son malos, podrían y deben ser mejores. Ya es claro que los efectos negativos de la pandemia no son solo respecto a la salud física y mental de las personas, sino que son multidimensionales: el normal funcionamiento del sector público y privado, las economías, la alimentación, el trabajo, los derechos fundamentales, las relaciones interpersonales, etc.
Entre los desafíos de mayor relevancia que identificamos están la incertidumbre y, a la vez, la necesidad de segundas o terceras dosis de las vacunas. Ante la cantidad de recursos económicos que implicaría la masificación de esas nuevas dosis: ¿cómo afrontar la brecha de acceso?
En cuanto a los países más rezagados, no hay que olvidar que la premisa clave para superar la pandemia es que “nadie estará seguro, hasta que todos estemos seguros”. Para que eso sea una realidad, la producción y distribución descentralizada de las vacunas es una alternativa para disminuir tanto los costos como el rápido acceso, a fin de completar el 60% de la población promedio que falta por ser inoculada y para mejorar las cifras de las personas más necesitadas que, aunque lo desean, no han podido vacunarse.
En cuanto a los escépticos, según sea el avance de la vacunación, en los respectivos países se deberán abrir o profundizar los debates en relación con la implementación de medidas más restrictivas frente aquellas personas que se reúsan a vacunarse. Por ejemplo, limitación de acceso a lugares públicos, vuelos, centros educativos, lugares de trabajo, generación de impuestos, etc.
En paralelo y como ultima ratio, el derecho público global, regional y nacional deberá enfrentar un difícil problema jurídico que radica en definir si la vacunación obligatoria será necesaria, razonable y proporcional para superar la pandemia.
Citación académica sugerida: Juan C. Herrera & Cindy Espitia M. Vacunación contra el Covid-19 en Latinoamérica: avances y desafíos pendientes. Agenda Estado de Derecho. 2021/11/10. Disponible en: https://dutapp.com/vacunacion-contra-el-covid-19-en-latinoamerica/
Palabras clave: Covid-19, igualdad, vacunación
Abogada y Comunicadora Social y Periodista. Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana (Colombia). Profesora de cátedra de los programas de Comunicación y Derecho de la misma Institución. Investigadora y consultora en derechos humanos y justicia transicional.
Ha trabajado para la Corte Constitucional de Colombia y en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público en Heidelberg-Alemania. También como docente e investigador de la Universidad de los Andes (Bogotá) y de la Universitat Pompeu Fabra UPF (Barcelona). En paralelo a la docencia e investigación, se dedica a la consultoría con entidades públicas y privadas sobre derecho público y asuntos latinoamericanos.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
