A medida que avanza la pandemia, una circulación masiva de desinformación se ha extendido tan rápido en todo el mundo como el propio virus, a tal punto que la Unesco identifica esta “desinfodemia” como una “segunda enfermedad” detrás del COVID-19. En este contexto, la lucha contra la desinformación no debe estar centrada en un protagonismo de las empresas de Internet, sino que debería estar enfocada en un conjunto de iniciativas que compartan la responsabilidad entre las empresas, las autoridades estatales y sanitarias y la sociedad civil. Especialmente, los usuarios deben ser los protagonistas de esta lucha y deben tener las herramientas necesarias para hacer una evaluación crítica de las noticias que consumen y determinar, por su propia cuenta, si son confiables y precisas. Esto porque trasladar a las empresas privadas el rol de jueces del contenido en línea puede ser tan peligroso como la problemática que se pretende combatir.

En ningún otro momento de la historia, el espacio público se ha tornado tan digital y los esfuerzos para repensar las libertades en nombre de salud pública y de la emergencia han sido tan desafiantes. Una importante premisa debe acompañar todos los esfuerzos para frenar la proliferación de la desinformación en el ambiente online. Internet es un importante instrumento democratizador y un espacio esencial para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de toda índole, sin consideración de fronteras, garantizado en los documentos internacionales de los derechos humanos. Especialmente en América Latina, Internet ha sido responsable por un incremento real en la capacidad de las personas para expresarse y discutir sobre temas públicos relevantes y reclamar sus derechos. Por estas razones, las demandas de crear un espacio digital más “saludable” y con información más cualificada deben estar orientadas a mantener la arquitectura abierta de Internet y privilegiar el debate plural, abierto y democrático.

La desinformación se define como la difusión masiva de información verificablemente falsa o engañosa de interés público que se crea, presenta y divulga para engañar deliberadamente a la población o parte de ella. Por lo tanto, para la configuración de la desinformación son necesarios tres requisitos: (i) la divulgación masiva de información falsa, (ii) que la(s) persona(s) que la difundan sepan que la información es falsa y, (iii) que lo hagan para engañar el público o parte de él. Con base en esto es posible diferenciar este concepto de la información errónea sin intención manipuladora o maliciosa (misinformation) o, de la información que es verdadera -pero es utilizada para infligir daño a una persona, una organización o un país (mal information). Es decir, la intencionalidad es un elemento clave en la configuración de la desinformación. Todas son problemáticas para la sociedad, sin embargo, la desinformación es particularmente peligrosa porque frecuentemente está relacionada con movimientos organizados, que disponen de recursos para financiar sus intentos de desinformar y está reforzada por la tecnología automatizada.   

En este momento de emergencia sanitaria, humanitaria y social, la proliferación de desinformación relacionadas con el COVID-19 puede afectar de manera relevante el derecho a la salud y el derecho colectivo de estar bien informados y exigirá una significativa dosis de ciencia, solidaridad e informaciones contrastadas. Es cierto que momentos de gran temor e incertidumbre como el actual, son un terreno fértil para la fabricación y difusión de la desinformación. El gran riesgo, en este momento, es que la desinformación repetida y amplificada gane fuerza suficiente para permitir que la información basada en hechos verdaderos, que puede ayudar a salvar vidas, termine teniendo un impacto marginal. La desinformación puede representar un riesgo para la vida de las personas si empiezan a ignorar los consejos de salud pública o tomar medicamentos no probados.

Las razones para diseminar la desinformación son muchas y pueden incluir objetivos políticos, económicos y la promoción de ideologías y banderas de determinados grupos. Un estudio de Phillip Ball and Amy Maxmen publicado por la revista Nature señala que parte de la desinformación sobre la pandemia es promovida por grupos que se movilizan en torno de sus agendas de odio para difundir el racismo y otras agendas extremistas. Algunos partidos políticos, cada uno desde su trinchera, se aprovechan de la crisis para culpar a los opositores por la situación actual o para mejorar su posición política.

Aunque sea temprano para medir el impacto y el alcance de la desinformación en este período, un grupo de investigadores italianos viene analizando tweets relacionados con el COVID-19 y ha identificado que de los más de 200 millones de tweets relacionados con la pandemia hasta mayo de 2020, el 42% fueron producidos por bots y casi el 30% de ellos, además, fueron calificados como  “no fiables”. Facebook afirma haber colocado etiquetas de advertencia en aproximadamente 50 millones de publicaciones con información errónea sobre el COVID-19 solo en el mes de abril de este año.    

Frente a posibles abusos autoritarios de la regulación estatal, un camino seductor para el combate a la desinformación parece ser trasladar a las empresas privadas la función de tener la última palabra sobre lo que puede o no permanecer en la esfera digital. Esto aumenta paradójicamente el poder corporativo, especialmente el estadounidense, para estar a cargo de los foros públicos mundiales. Las medidas de eliminación de contenidos, sea por leyes estatales bajo la imposición de multas exorbitantes, sea por el impulso de las propias compañías por medio de sus reglas y condiciones de servicios, pueden ser una medicina aún más amarga, dado que un actor privado tendría la facultad de “censurar” los contenidos legítimos en Internet.

Sobre este último, tres puntos merecen reflexión. En primer lugar, la moderación de contenidos realizada hoy en Internet, especialmente por las redes sociales, presenta severa disconformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y de libertad de expresión En segundo lugar, los creadores de contenido de desinformación encuentran formas de retrasar la detección por parte de los moderadores de las redes sociales. Como las plataformas dependen en gran medida de que sus usuarios marquen información incorrecta, las publicaciones engañosas en comunidades privadas se marcan con menos frecuencia porque todos en el grupo tienden a estar de acuerdo con estas visiones, además es posible compartir la misma publicación desde una nueva ubicación en línea. Por último, es importante señalar que el modelo de negocio de estas empresas, especialmente las redes sociales, parece estar diseñados para que la desinformación ocurra. Las mismas herramientas que generan dinero publicitario para las empresas (viralidad, orientación individual de mensajes, colocación de anuncios junto a videos, uso de servicios automatizados (bots u ordenadores zombis) también hacen que la proliferación de la desinformación sea tan simple.

Eso no significa que las empresas nada puedan o deban hacer en la lucha contra la desinformación. Las herramientas digitales de ranking prioritario para las noticias confiables, verificación de hechos por terceros independientes y en alianza con organizaciones de la sociedad civil y la alerta de detección de desinformación, son herramientas compatibles con los estándares de la libertad de expresión, menos restrictivas que el bloqueo o la eliminación directa del contenido y permiten al usuario asumir el liderazgo para evaluar la fiabilidad de la información disponible.  

Mientras la crisis avanza, Facebook ha anunciado distintas medidas para frenar la desinformación en la red social.  Las medidas adoptadas incluyen ventanas que conectan a las personas con informaciones de la OMS y otras autoridades sanitarias, el lanzamiento del Centro de Información COVID-19 con actualizaciones en tiempo real de las autoridades nacionales e internacionales de salud, envío de mensajes a las personas que interactúan con contenidos nocivos sobre la pandemia y la asociación con organizaciones independientes de verificadores de hechos. Una vez que el verificador de hechos clasifica una pieza de contenido como falsa, Facebook reduce su distribución y aplica etiquetas de advertencia con más contexto. WhatsApp lanzó un “chatbot” creado por la International Fact-Checking Network (IFCN), que permite al usuario comprobar si una información sobre el COVID-19 ha sido catalogada como falsa.

Las medidas accionadas por las empresas en este momento de pandemia que permiten el protagonismo del usuario parecen estar obteniendo resultados positivos. El monitoreo de los tweets realizados por los investigadores italianos reportado anteriormente ha identificado que cuando la amenaza del coronavirus se acercaba a un país, la difusión de informaciones poco fiables descendía. Para el investigador responsable del Observatorio es como si el temor al contagio alterara el comportamiento del usuario en la búsqueda por informaciones más confiables.  En el mismo sentido, un artículo del New York Times reveló que un informe interno de Facebook apuntó que cuando hay un aumento del número de contagio los usuarios buscan fuentes de noticias de mayor calidad que lo habitual.

Es esencial que las plataformas participen de políticas de empoderamiento de los usuarios para que ellos sepan acceder, interpretar y evaluar críticamente las informaciones en línea. La educación digital será el reto de una sociedad en que el acceso a la información se realiza masivamente en plataformas digitales. La alfabetización digital será lograda cuando los individuos tengan la habilidad de evaluar de forma crítica la información y el contenido presentado en los medios y otras fuentes de información y tengan las herramientas para acceder a informaciones confiables y seguras. 

La lucha contra la desinformación no será vencida si seguimos posicionando a las empresas privadas como gatekeepers de Internet, con gran capacidad de incidir en la diversidad y pluralismo de informaciones y opiniones disponibles, sino por una actuación conjunta entre las empresas de Internet, las autoridades estatales y, especialmente, una participación activa de los usuarios para identificar y seleccionar las informaciones más fiables.