29 de Junio del 2021

Vacunación en Venezuela: a la deriva

Vacunación en Venezuela: a la deriva
Crédito foto: Torsten Simon / Pixabay

Pasados los primeros meses de la vacunación en Venezuela, la opacidad y politización del proceso es lo único claro

Venezuela se encuentra inmersa en una emergencia humanitaria compleja, una crisis cuyo origen es político, enmarcada por una destrucción institucional, un contexto no democrático, y masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. La gravedad es tal que, desde 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional adelanta un examen preliminar sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en el país.

La pandemia mundial de Covid-19 ha agravado los problemas preexistentes, tal y como se documentó en el Informe sobre el contexto y patrones de violación de derechos humanos en Venezuela (2020) del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Así, para el 23 de mayo, de acuerdo con cifras oficiales, en el país había 223.345 casos de infectados y 2.513 fallecidos, sin un programa de vacunación establecido y con denuncias de discriminación política.

Sin transparencia, sin datos fiables y sin respuestas

El 29 de diciembre de 2020, el presidente Nicolás Maduro declaró en televisión nacional que durante los tres primeros meses de 2021 se vacunaría de forma gratuita a diez millones de venezolanos y extranjeros en territorio nacional. Estas serían las vacunas Sputnik V, ya pagadas al gobierno ruso. De igual forma, el 1 de marzo arribó al país un lote de 500.000 vacunas Sinopharm, y el 23 del mismo mes se negó el acceso a un lote de entre 1.4 y 2.4 millones de vacunas AstraZeneca a través del mecanismo Covax, que estaban reservadas para Venezuela. 

No obstante, y a pesar de la llegada de las vacunas, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para el 21 de mayo solo habían sido vacunadas 230.000 personas, para un total de 0,8 dosis por cada 100 habitantes. La OPS ha solicitado al Estado venezolano información actualizada sobre el proceso de vacunación, que no le ha sido otorgada.

El 23 de mayo, Nicolás Maduro hizo anuncios significativos: que otro lote de 1.300.000 vacunas provenientes de China había llegado al país, sin especificar cuándo; que el 90% de los trabajadores de la salud habían sido vacunados, y que para junio, julio y agosto de 2021, el 70% de la población venezolana habría recibido la vacuna. También se ha declarado que es posible que para junio el país reciba un cargamento de vacunas Johnson & Johnson a través del mecanismo Covax.

Sin embargo, aún no se conoce el Plan de Vacunación Nacional, ni se ha especificado por qué el número de dosis que ha arribado a territorio nacional no coincide con los datos de la OPS. Las declaraciones de altos funcionarios, particularmente de Nicolás Maduro y su Ministro de Salud, Carlos Alvarado, parecieran no corresponder con la realidad nacional.

La falta de transparencia se extiende en todos los frentes de la emergencia sanitaria: la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela sostiene que hay un importante subregistro en el número de casos de COVID-19 en el país, así como opacidad frente a la cifra real de fallecidos. A su vez, la Academia de Medicina alerta que están llegando al país productos experimentales (como Soberana 02, Abdala y EpiVacCorona), que no han sido precalificadas por la Organización Mundial de la Salud.

Discriminación política para el acceso a las vacunas en Venezuela

Si bien a nivel global se han utilizado ciertos criterios para priorizar la distribución de vacunas con base en el nivel de riesgo, el acceso a las pocas vacunas disponibles en Venezuela está condicionado a un criterio ilegítimo y sin ninguna relación con la salud: estar registrado en el Sistema Patria y poseer el Carnet de la Patria. Este sistema biométrico y documento con código QR es utilizado para ejercer un control social en la población a través de la tecnología, almacenando información personal y cotejándola con lo recabado en otras bases de datos del Estado. El uso inconstitucional del carné para acceder a las vacunas no es algo novedoso, pues es una política documentada desde al menos el año 2017 en materia de vacunación y se extiende a la distribución de alimentos subsidiados, gasolina y otros bienes indispensables para la supervivencia.

Así, el Carnet de la Patria ha sido un instrumento utilizado para el control social y el monitoreo de la actividad política de los inscritos, como ha denunciado en varias oportunidades el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por ejemplo, Mario D’Andrea, abogado y defensor de derechos humanos, después de estar cinco horas y media en la jornada de vacunación del hospital José Gregorio Hernández, en el sector Los Magallanes de Catia de Caracas, dejó constancia del siguiente testimonio:

“Una miembro del personal del hospital nos dijo ‘ustedes vinieron a hacer la cola porque quisieron, la información de las vacunas llega sólo por el sistema patria y ningún otro lado’. Yo le respondí ‘yo no estoy inscrito en el sistema patria, pero soy venezolano, aquí está mi cédula, yo tengo derecho a la salud’ y ella me dice ‘sí, tú tienes derecho a la salud, pero la información llega por el sistema patria nada más’. 

Otra persona, de mediana edad, que se encontraba en la fila también le dice ‘yo soy venezolana y tengo derecho a la salud’, y esta mujer le responde ‘por qué no te vas a donde tú vives, que por cómo estás vestida tú tienes para pagar la vacuna’ y se dio la vuelta y se fue”.

Este testimonio concuerda con la situación documentada en el estado Bolívar, donde el Gobernador Justo Noguera Pietri declaró: “De acuerdo con la disponibilidad nos toca ir en una fase gradual, a través del carnet de la patria y por necesidades reales, ir vacunando”. Se supo además que se le negó a los trabajadores de la salud el ser vacunados en el Complejo Hospitalario Enrique Tejera París, en el estado Carabobo, por no poseer el Carnet.

Todo esto va en contra de lo establecido en la Constitución venezolana en su artículo 83: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud”, así como en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado. De igual forma, la Resolución 1/2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que los Estados “deben asegurar la distribución a las vacunas, y su acceso equitativo y universal, a través de la elaboración e implementación de un plan nacional de vacunación; y en consecuencia, abstenerse de tratos discriminatorios”. Venezuela, por el contrario, continúa incumpliendo con sus obligaciones nacionales e internacionales en esta materia, al negar un efectivo acceso a la salud a la ciudadanía.

La ciudadanía venezolana se encuentra en un estado de desprotección frente al Estado en medio de una pandemia de escala mundial. Es urgente que se permita el ingreso a la cooperación internacional y que se trabaje junto a organismos internacionales para evitar aún más la profundización de la emergencia humanitaria compleja que azota al país. De igual forma, el proceso de vacunación debe ser transparente, siguiendo estándares internacionales e involucrando a la sociedad civil y actores humanitarios.

Citación académica sugerida: Capriles, Victoria. Vacunación en Venezuela: a la deriva, Agenda Estado de Derecho, 2021/06/. Disponible en: https://dutapp.com/vacunacion-en-venezuela-a-la-deriva/

Palabras clave: derecho a la salud, derechos humanos, discriminación, vacunación, Venezuela

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DE LA AUTORA
Victoria Capriles Moreno

Abogada. Magíster en Sociología Jurídica y en Estudios Políticos y de Gobierno. Actualmente cursa el Doctorado en Ciencia Política en la Universidad Simón Bolívar. Profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Metropolitana y Directora Adjunta del Centro de Derechos Humanos de la misma Universidad.

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.