El camino en la búsqueda de justicia ante graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela
15 de Junio de 2021
La sociedad civil ha jugado un rol importante en la documentación y denuncia de violaciones a los derechos humanos que se han registrado en Venezuela
La crisis venezolana ha sido una herida dolorosa en Latinoamérica y el mundo. Después de 22 años de deterioro, pérdida de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho, Venezuela se encuentra inmersa en una crisis generalizada que ha producido un inmenso daño y sufrimiento a su población.
Tanto en el ámbito de los derechos humanos como en el humanitario, el rol de la sociedad civil en la documentación y defensa de los derechos de la población ha sido clave y resiliente, especialmente, en lo referido a activar la respuesta de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Gracias a ese trabajo, hoy es reconocida internacionalmente la ocurrencia de graves violaciones y cómo estas se han constituido también en crímenes de lesa humanidad.
Ejemplo de esto es el seguimiento realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2002 hasta la fecha, donde se cuenta con tres informes sobre Venezuela, y además se incluye al país recurrentemente en el Capítulo IV de su Informe Anual. Se evidencian así dos décadas de deterioro de los derechos humanos a través de sus mecanismos de seguimiento y monitoreo. Este trabajo ha sido de vital importancia para dejar registro del debilitamiento institucional ocurrido en el país y para el señalamiento de las bases de la crisis ante la comunidad internacional.
Un momento relevante, que impactó en la dinámica de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil con los organismos internacionales de protección, se configuró en el año 2013 con la denuncia por parte del Estado venezolano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual trajo como consecuencia que las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas, si bien no dejaron de seguir acudiendo al Sistema Interamericano, entendieran la importancia de ampliar las labores de incidencia ante el Sistema de Naciones Unidas.
En este camino, el contacto con la oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos (ACNUDH) fue muy importante para el envío de información por las organizaciones y víctimas, y la documentación producida por la Oficina ha sido fundamental para el reconocimiento de la crisis venezolana. El ACNUDH planteó con contundencia en el 2016 la situación de erosión de la independencia de las instituciones y del dramático deterioro del disfrute de los derechos sociales y económicos, así como de la crisis humanitaria. Asimismo, jugó un papel fundamental en la documentación de las violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas masivas en 2014 y 2017. En 2017 el organismo señaló claramente cómo estas acciones del Gobierno en contra de las manifestaciones “formaban parte de un sistema más amplio de represión contra los disidentes políticos y contra cualquier persona que, a juicio de las autoridades, se oponga al Gobierno o represente una amenaza para éste”. Ya para ese entonces, el ACNUDH recomendaba a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos la necesidad de establecer una Comisión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos. Asimismo, para ese momento, el Alto Comisionado indicaba la falta de capacidad y de voluntad del Estado venezolano de enjuiciar a los responsables, y expresamente habló de la existencia de sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional.
En este contexto, en febrero de 2018 la Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), anunció el inicio de un examen preliminar que tendría como objeto de análisis los crímenes cometidos en Venezuela desde al menos abril de 2017. En septiembre de 2018, seis Estados (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) remitieron conjuntamente la situación de Venezuela a la CPI sobre crímenes que se cometieron a partir del año 2014. Venezuela ha estado un poco más de 3 años en fase de examen preliminar y los venezolanos están a la espera de su avance próximamente, ya que el pasado diciembre la Fiscalía publicó su informe sobre actividades de Examen Preliminar durante el 2020, donde establece que finalizó el análisis de la competencia material y que luego de una evaluación detallada de la información disponible, concluyó que existe fundamento razonable para creer que se cometieron crímenes de competencia de la Corte contra opositores al Gobierno. Asimismo, reiteró su objetivo de concluir su examen preliminar en la primera mitad de 2021 para determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación.
Después de varios informes del ACNUDH que registraron violaciones graves a los derechos humanos, presentados ante el Consejo de Derechos Humanos, y de una visita a Venezuela en 2019 por parte de la Alta Comisionada en el marco de una labor constante de las organizaciones y las víctimas para documentar y enviar información, se visibilizó claramente que, más allá de una crisis de carácter político, esta tenía su base en graves violaciones a los derechos de los venezolanos y la comisión de crímenes atroces.
De allí que, ante el continuo avance de la crisis, organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, promovieron una campaña internacional que expresaba la necesidad de tomar acciones más contundentes contra la comisión de estas graves violaciones, y en consecuencia se constituyó un mecanismo independiente de investigación, que diera una respuesta coherente y apropiada a la magnitud y profundidad de las violaciones planteadas en dichos informes. Esta solicitud se concretó en 2019, con una respuesta contundente del Consejo de Derechos Humanos con resoluciones que establecieron la creación de la Misión Internacional de los Hechos, la cual produjo su primer informe en el 2020 y ha sido renovada en su mandato hasta el 2022.
En su primer informe, la misión determinó la perpetración de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado venezolano, así como la represión política selectiva a los principales líderes políticos y figuras públicas vinculadas a la oposición. Se determinó la ocurrencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de funcionarios de centros penitenciarios y agencias de inteligencia, exceso de las fuerzas de seguridad en la represión de las manifestaciones y un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, a través de detenciones arbitrarias, actos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes e incluso asesinatos.
A pesar del poco tiempo con el que contó la Misión y las dificultades que presentó para la realización de su mandato por la pandemia, este informe representó una de las primeras muestras para las víctimas de lo que puede significar esta labor de documentación para lograr la justicia. Al leer el informe, una víctima cuyo familiar fue detenido arbitrariamente, torturado, sufrió otras graves violaciones y murió en custodia, me dijo: “La misión dijo algo que yo siempre supe, pero que lo diga hace justicia porque ahora todos saben lo que pasó”.
Otro elemento fundamental para la búsqueda de justicia y la generación de estos mecanismos internacionales está vinculado con el establecimiento de la responsabilidad del Estado, pero en especial con la responsabilidad penal individual en el marco del derecho penal nacional y/o internacional. Esto permitirá que los responsables individuales respondan ante los hechos que le conciernen y asuman las consecuencias penales. Esto también apunta a la lucha contra la impunidad de estos graves crímenes. Para este fin, es vital que la labor de los mecanismos de investigación y de justicia internacional actualmente activos para Venezuela, en el momento indicado sean también evaluados y conectados con la posibilidad de generar mecanismos internos que respondan a las víctimas.
La ruta que siguen transitando organizaciones y víctimas para evitar la impunidad ante graves violaciones a los derechos humanos tiene a prueba a las organizaciones internacionales, y tiene mucho que decirle a otras situaciones similares en la región y el mundo. En este sentido, es importante documentar los procesos y destacar la relevancia de la acción de la sociedad civil y el acompañamiento de las víctimas. En el caso de Venezuela, no es una ruta concluida, ni ha sido un camino corto ni sencillo, sin embargo, existe el convencimiento de que se ha recorrido con la convicción de lograr justicia y verdad para las víctimas.
Finalmente, en los actuales momentos pareciera verse lejano cualquier cambio o transición en Venezuela que permita a nivel interno lograr justicia y determinación de responsabilidades individuales, sumado a que ante un posible cambio político, se van a requerir medidas urgentes y prioritarias para atender a la población afectada por la emergencia humanitaria compleja. Sin embargo, no debe dejarse de lado la necesidad de que se produzcan los urgentes y necesarios procesos de reinstitucionalización para el logro de la justicia, verdad, reparación integral, memoria, y garantía de no repetición. De allí la crucial importancia de transitar en este momentos el camino ante los organismos internacionales de protección.
Cualquier proceso de democratización que viva el país debe estar articulado con los procesos de justicia transicional y reparación. Lo que se ha logrado y avanzado ante las instancias internacionales de protección e investigación de responsables será la base fundamental de arranque para hacer justicia a este período tan oscuro en la historia de Venezuela.
Citación académica sugerida: Borges, Beatriz. El camino en la búsqueda de justicia ante graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Agenda Estado de Derecho, 2021/06/15. Disponible en: https://dutapp.com/justicia-ante-graves-violaciones-a-los-derechos-humanos-en-venezuela/
Palabras Clave: Justicia, Naciones Unidas, Sociedad Civil, Venezuela
Abogada venezolana, Especialista en Derechos Humanos, Magister en Acción Política. Investigadora Asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Directora Ejecutiva de Cepaz.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
