En el año 2020, entre las cifras menos entendidas y recogidas por los medios de comunicación del Ecuador estaba la cantidad de niños/as que murieron durante la época más dura de las cuarentenas previstas por las autoridades. Los números son alarmantes: 13 niños y 18 niñas murieron en manos de sus padres, padrastros o tutores. A esta cifra se suman 1.700 delitos sexuales en contra de la niñez, reportados de enero a octubre de 2020. Además, 18 suicidios de niños/as menores de 11 años.

El fallecimiento de un niño es la consecuencia de un contexto social que deja a aquellos que deben ser mejor cuidados por las familias, el Estado y la sociedad entera, como simples receptáculos de las fobias de quienes están a su alrededor. 

A pesar de los intereses de los adultos, la niñez no es solamente un tierno objeto de formación: se ha vuelto un polo importante de acción política, comunicacional, económica y social. Además, adultos y niños comparten un espacio de ansiedad y miedos frente a un futuro y presente absolutamente impredecibles en medio de una pandemia. 

Y esto no es solo con relación a la violencia: el aislamiento educativo, la vulnerabilidad al abuso, la incapacidad de acceder a conectividad en medio del aislamiento social, no solo son violaciones de derechos per se, sino una muestra de que la niñez, la infancia y la adolescencia son la última prioridad en la política pública, centrada en este momento en la reactivación económica y en la ocupación de los centros de poder en un momento de cambio político.

En ese sentido, el Código de la Niñez y Adolescencia del año 2003 necesita una reforma integral, que sea capaz de adaptarse a este entorno de crisis estructural y amenaza existencial que vive la humanidad en general y la niñez en particular, y que sea capaz de sacar a este grupo de ciudadanos de especial protección de la lógica paternalista y asistencialista en la que los adultos construyen sus relaciones con ellos. 

El Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez es el último de una serie de intentos para la construcción estable, funcional y organizada de la legislación procesal y regulatoria existente en materia de niñez en un solo Código, especialmente pensado en las nuevas relaciones de familia; por ejemplo, la tenencia compartida o la adopción. Otro punto por desarrollar es un marco jurídico moderno en materia de respeto a la intimidad, personalidad y debido proceso en el marco de un proceso judicial o administrativo. En particular, los vacíos de la legislación ecuatoriana fueron anotados por las Recomendaciones del Comité de Derechos del Niño al Ecuador en 2017, que indican la necesidad imperiosa de poner en funcionamiento un sistema descentralizado de protección de derechos capaz de coordinarse con los diferentes niveles de gobierno y un servicio de justicia especializada, además de garantizar una articulación de todas las políticas públicas. Es vital esta actualización, por tanto, se deben superar las barreras de la desigualdad para alcanzar una sociedad más justa, con servicios eficientes para todos los involucrados y que permita generar mayores y mejores niveles de integración y reconocimiento ciudadano.

Eso último es necesario: no hemos logrado concebir al niño como un sujeto de derechos con sus propios intereses. En consecuencia, la valoración jurídica de las diferencias que se construyen entre personas y generaciones están limitadas a la propia visión adulto-céntrica. El esquema cultural y social concibe que las soluciones a las violaciones de los derechos de los niños deben estar centradas en la caridad y no en acciones sostenibles desde el Estado.

Con estos antecedentes (una legislación no actualizada, un esquema social desigual y un entorno de crisis) es que la niñez ecuatoriana vive en un país peligroso. Esto sucede por dos razones. En primer lugar, el peligro es estructural: sus derechos están limitados por una serie de dinámicas no solo legales, sino también por un sistema y una cultura que los relega a una posición de simples objetos destinatarios de la norma y no como sujetos de derecho dignos que sean capaces de aportar a la sociedad. 

En segundo lugar, las opiniones de la niñez, la infancia y la adolescencia, sus visiones de vida y sus decisiones no se escuchan, sino que se amplifica la opinión de quienes creen tener derecho de tomar decisiones porque creen tener la razón. Eso afecta aspectos como el modelo de creencias en el que deben ser educados, con quién desean vivir y sus elecciones vitales (género, religión, identidad sexual, etc.). Frente a esto, sincerarnos en la existencia de proyectos de vida alternativos y no condicionados a la opinión de los adultos será un primer paso para mejorar no solamente la norma, sino el esquema total de las relaciones jurídicas y sociales.

De otra parte, el peligro nace del romanticismo normativo: cuando se trata de grupos de atención prioritaria, se suele decir qué está mal para asegurar una serie de derechos. El problema surge después de la publicación de la norma en el Registro Oficial; los defensores del derecho dan la espalda a la situación y se olvidan de que los derechos deben “tener dientes”:  mecanismos reales de puesta en vigencia, basados en el manejo inteligente de recursos escasos que deben ser usados de forma transparente y funcional. 

Para sortear ese riesgo, la norma positiva es insuficiente. En consecuencia, el futuro Código de la Niñez debe contar con un esquema regulatorio que fuerce a la generación de políticas públicas sostenibles. El Estado ecuatoriano, como garante de los derechos ciudadanos, debe asegurar la protección a la mayoría de los actores sociales con una serie de acciones coordinadas que se manifiesten en resultados medibles. En ese sentido, en toda situación que involucre a la niñez se debe aplicar y respetar, de forma transversal, cuatro principios rectores centrados en el interés superior, como quedó especificado en la sentencia del caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala de la Corte IDH:

1. La no discriminación; 
2. El interés superior del niño; 
3. El derecho a ser oído y participar;  
4. El derecho a la vida, supervivencia y desarrollo.  

Entonces, sin importar el color político de quien esté en la Presidencia de la República, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de la niñez, la infancia y la adolescencia, debe tomar en cuenta el interés superior y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. El interés superior del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de la niñez y en la necesidad de propiciar su desarrollo, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. Si se construyen solamente normas, sin obligaciones de presupuestos, autoridades y acciones medibles con una adecuada rendición de cuentas, lo que sucederá será la desgraciadamente normal “declaración de buenas intenciones”, que nada afecta la realidad de los destinatarios de este esfuerzo.

Para que esto se cumpla, la Corte Constitucional del Ecuador, como intérprete autorizado de la Constitución, ha orientado la gestión de las políticas públicas de acuerdo con las siguientes líneas: 

1. Universalizar la atención y mejorar permanentemente la calidad y ampliar la cobertura; 
2. Fortalecer los servicios estatales;  
3. Incorporar el talento humano;  
4. Proporcionar la infraestructura física y el equipamiento;  
5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución;  
6. Garantizar la disponibilidad y acceso a servicios de calidad, seguros y eficaces;  
7. Garantizar las prácticas ancestrales y plurinacionales. 

En suma, un hipotético nuevo Código de la Niñez debe unir los múltiples proyectos que se han presentado desde el año 2018 y debe tener en cuenta dos grandes peligros: que los adultos con poder crean que su opinión representa lo que toda la niñez, infancia y adolescencia necesita, y que esa declaración de buenas intenciones no esté acompañada de presupuestos, recursos y talento humano capaz de hacerlos efectivos. Las actuales circunstancias y las nuevas necesidades de los niños en torno a la pandemia —como la bioseguridad, la justicia eficaz y especializada, un nuevo entorno educativo, y políticas públicas centradas en evitar el aislamiento social— se vuelven imprescindibles. En las actuales circunstancias, no escuchar a quienes son destinatarios de las normas los vuelve inválidos. Confiemos que el camino al nuevo esquema normativo sea capaz de hacer que las buenas intenciones se trasladen a acciones concretas. Hoy, Ecuador no es un país para niños; esperemos que se vuelva el País de los Niños.