El derecho de sufragio es el pilar fundamental de la democracia y de la libertad política y garantía del pleno ejercicio de la ciudadanía, tanto en su dimensión activa —derecho a elegir— como pasiva —derecho a ser elegido—. Este derecho se encuentra consagrado en diversos tratados internacionales, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 21 dispone que “la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente”. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 25 establece que todos los ciudadanos gozarán, sin distinción ni restricciones indebidas, del derecho a votar y ser elegidos en elecciones populares. Análoga consagración existe en el artículo 23 letra b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En Chile, además, este derecho está expresamente consagrado en el artículo 13 inciso 2° de la Constitución Política de la República. Su profusa consagración demuestra la relevancia y centralidad que tal prerrogativa tiene en la construcción y funcionamiento de un Estado de Derecho democrático.

Si bien el derecho de sufragio es el derecho político básico y garantía de la autodeterminación política individual y nacional, su pleno ejercicio supone la existencia y vigencia concreta de otros derechos y garantías complementarios, sin los cuales su consagración se convierte en mera palabrería. El derecho a la información, a la libertad de expresión, a reunirse, a asociarse políticamente, la libertad de prensa y la libertad de movilización son algunas de tales prerrogativas, indispensables para el cabal ejercicio del derecho de sufragio. Solo si tales garantías constitutivas se encuentran debidamente garantizadas, tanto a nivel legal como práctico, es posible un ejercicio razonado, libre e informado del voto, que asegure así la veracidad, representatividad y legitimidad de cada proceso electoral.

Después de la declaración del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, a raíz de la pandemia producida por la Covid-19, se restringieron las libertades de locomoción y de reunión, conforme al artículo 43 inciso 3º de la Constitución Política de Chile. En este sentido, actualmente existen decenas de comunas con severas limitaciones a mencionadas garantías.

La limitación de estas garantías ha significado que, en los hechos, las campañas electorales, momento esencial en todo proceso electoral, en cuanto garantiza el sufragio informado, estén severamente mermadas. Diversas autoridades políticas han sostenido que tal vulneración no sería significativa, pues existen otros medios para informar e informarse, como las plataformas digitales. Sin embargo, una campaña predominantemente digital es discriminatoria respecto de ciudadanos que pertenecen a ciertos grupos sociales que, por distintas circunstancias, no tienen acceso a Internet, tales como adultos mayores, sectores vulnerables y localidades rurales. En efecto, de acuerdo con datos de la Fundación País Digital, mientras el 99% de aquellos que tienen entre 25 y 34 años gozan de acceso a Internet en Chile, quienes tienen entre 65 y 69 años acceden en un 48%. Mientras el décimo decil accede en un 96%, el primer decil lo hace en un 53%. Mientras en zonas urbanas el acceso es de 81%, en rurales es de 58%. La discriminación respecto de un sinnúmero de ciudadanos que no tendrán la posibilidad de informarse en igualdad de condiciones es evidente. Lo mismo puede decirse respecto de las posibilidades de informar: mientras que en condiciones normales cualquier ciudadano puede hacer campaña de manera presencial sin mayores dificultades ni costos, en estas circunstancias solo podrán informar quienes tengan los medios económicos y la capacidad tecnológica para hacerlo por dicha vía.

Además de las afectaciones a derechos políticos acaecidos durante el período de campañas, existirán también vulneraciones a dichas garantías en el día de la votación. Autoridades como el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral y diversos representantes del Gobierno aseveraron que los contagiados con Covid-19 no podrían votar. Si bien luego moderó sus palabras, sostuvo, de todas formas, que quienes fuesen a sufragar estando contagiados de Covid-19 arriesgarían multas y sanciones. Tales declaraciones son del todo improcedentes, pues constituyen una extralimitación a sus atribuciones —ni la Constitución en general ni el Estado de Excepción de Catástrofe en particular los faculta para limitar el derecho de sufragio— y sus materializaciones supondrán atentados contra la igualdad ante la ley y el derecho de sufragio. No cabe duda que es necesario adoptar medidas sanitarias que garanticen la salud y seguridad de quienes vayan a votar, pero ello no puede traducirse en el cercenamiento del derecho a sufragio, pilar de nuestro régimen político representativo y democrático.

De esta forma, la limitación y supresión de derechos político-electorales fundamentales, con su consecuente afectación al desarrollo de las campañas y restricción al ejercicio del sufragio atentan contra la legitimidad del proceso. Si el Estado ha decretado la realización de un evento electoral en tiempos de pandemia, es su deber adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que todos los ciudadanos que así lo deseen puedan informarse y emitir su voto. Si bien se han dado pasos en esa dirección, aprobándose una ley que faculta al Servicio Electoral para adoptar medidas excepcionales que favorezcan el distanciamiento social el día de la elección, lo que otorga certezas a los votantes respecto a los resguardos sanitarios previstos para la jornada electoral, tales resoluciones no pueden en caso alguno cercenar el derecho a sufragio de ningún ciudadano habilitado constitucionalmente para votar. El respeto a tan fundamental garantía así lo exige.