El 1 de noviembre de 1945 daban comienzo los procesos de Núremberg en que se enjuiciaban las responsabilidades de las cabezas visibles del nazismo por las atrocidades cometidas bajo el régimen de Adolf Hitler. Tan solo unos días antes, el 24 de octubre de 1945, se ratificaba en San Francisco la Carta fundacional de la Organización de las Naciones Unidas. Y tres años después, en 1948, la Asamblea de dicha organización aprobaba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Había comenzado, sin duda, una nueva era, al menos para una parte del mundo: se había producido la internacionalización del reconocimiento y garantía de los derechos humanos.
Ningún Estado podría a partir de aquel momento ser absolutamente inmune si utilizaba su soberanía para obviar o anular los derechos y libertades de su ciudadanía porque, desde entonces, existen una serie de organizaciones e instituciones internacionales encargadas de velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Estas organizaciones no son infalibles, es obvio, y la tutela externa y global no es igualmente intensa en todas partes; los intereses geoestratégicos de los Estados que las componen no desaparecen. España, por ejemplo, se mantuvo ajena a aquel proceso de democratización global (occidental), y hasta 1977 estuvimos bajo un régimen dictatorial en el que las libertades individuales y políticas eran ignoradas, todo ello consentido por los llamados aliados. Pero eran otros tiempos y el comunismo, que supuestamente Franco había eliminado en mi país acabando con la República, régimen basado en el estado de derecho social y democrático, pudo más que el respeto de nuestras libertades.
En todo caso, en términos generales, cabe afirmar que a partir de la aprobación de la Carta de Naciones Unidas y la DUDH comenzaba una nueva etapa en la relación entre Estados y en la tutela de los derechos de las personas. De la protección universal se pasó a la protección regional. En América, en 1948 se creaba la Organización de Estados Americanos, cuya Carta entró en vigor en 1951. Más tarde vendría la Convención Americana de Derechos Humanos. En Europa se firmaba en 1949 el Estatuto del Consejo de Europa, una organización internacional que cuenta hoy con 47 Estados. En su seno, fue aprobado el Convenio Europeo de Derechos Humanos el 4 de noviembre de 1950, en Roma. Este Convenio destacaba frente al resto de instrumentos de reconocimiento internacional de los derechos por erigirse en un sistema integral de protección, un catálogo de derechos políticos y civiles y un mecanismo de tutela de dichos derechos. Aquel inicial sistema europeo, que cumple 70 años estas semanas, ha evolucionado como ningún otro y, como tantas veces he repetido, se ha convertido en el único sistema internacional de tutela de derechos y libertades plenamente jurisdiccional ante el que las personas y los Estados pueden presentar sus demandas en igualdad de condiciones.
El CEDH y el TEDH, que dictaba su primera sentencia el 14 de noviembre de 1961, en estos 70 años han generado un estándar común para todos los Estados parte del sistema. Un estándar que se ha forjado a través de cientos de miles de demandas interpuestas ante Estrasburgo que han generado, a su vez, más de 22.500 sentencias del Tribunal. Esta jurisdicción ofrece tutela no solo a los 820 millones de nacionales, sino, además, a todas aquellas personas que estén bajo la jurisdicción de un Estado parte: tanto en el territorio de un Estado, como en el de un tercer Estado, cuando por las razones que fueran, el Estado parte en cuestión ejerza el poder efectivo en aquel territorio o en parte de él o, en todo caso, sobre la persona que siente violados sus derechos.
Es cierto que las demandas que acaban siendo admitidas, estudiadas y resueltas sobre el fondo por el TEDH son muy pocas. Sin embargo, este número aparentemente bajo de decisiones sobre el fondo respecto de la cantidad de demandas que se presentan cada año no debe llevarnos a engaño, puesto que la labor que viene realizando la jurisdicción europea a lo largo de estos casi 70 años es enorme desde el punto de vista jurídico.
El Tribunal Europeo ha dado tutela individual a cientos de miles de personas, pero también ha impulsado, cuando no forzado, cambios en los ordenamientos jurídicos internos de estos 47 Estados parte que, sin la existencia de Estrasburgo, podrían no haberse producido. Estos cambios se han ido extendiendo y han ido penetrando en los ordenamientos jurídicos del resto de Estados gracias al efecto de cosa interpretada de sus sentencias, que les ha obligado a reorientar sus prácticas y normas hacia aquel acquis conventionnel.
Actualmente, el sistema europeo se enfrenta a varios desafíos jurídico-políticos. En primer lugar, a las críticas de aquellos que consideran que está perdiendo su naturaleza de sistema de tutela subjetiva de los derechos individuales para convertirse en una suerte de Tribunal (cuasi) constitucional en materia de derechos. Esta crítica no está falta de fundamento y es evidente que esa transformación se está produciendo. Por otro lado, tenemos a algunos Estados, o poderes de determinados Estados, que muestran una clara resistencia a aceptar las decisiones del Tribunal, cuanto más su labor cuasi constitucional. No es de extrañar porque el Tribunal Europeo, a través de sus sentencias, pone de manifiesto las tachas relativas a la tutela y garantía de los derechos y libertades fundamentales en materias directamente ligadas al normal desarrollo y ejercicio del Estado de Derecho democrático (y, a veces, incluso social); el Tribunal resulta altamente molesto, incómodo, incluso contraproducente para el mantenimiento de determinados regímenes. No hay que olvidar, además, que los Estados exigen que el TEDH respete su carácter de jurisdicción internacional de tutela subsidiaria y respete su margen de apreciación. Por último, un aspecto de gran calado es la que parece cada vez más cercana adhesión de la Unión Europea al CEDH.
En este tablero de juego, al que hay que sumar los millares de demandas que llegan cada día a la sede del Tribunal, sin abandonar su labor de tutela individual, se ve necesariamente obligado a dirigirse a un sistema de objetivación del control que lleva a cabo. Atender a aquellas vulneraciones absolutamente flagrantes y que le permitan generar una jurisprudencia clara sobre cuáles son los estándares sobre el alcance y principios de interpretación de los derechos reconocidos en el CEDH y sus protocolos. La transformación se produce no solo a través de los fallos del Tribunal, sino por medio de otros instrumentos como la figura Jurisconsulto, que vela por la coherencia interna de la jurisprudencia de Estrasburgo, el fomento del estudio y aproximación comparada a los conflictos para dotar de base los consensos de los que el TEDH suele hacer uso en sus decisiones, y especialmente el desarrollo de los casos pilotos y la entrada en vigor del Protocolo núm. 16 al CEDH.
En este proceso de transformación, a la vez que permite al TEDH centrarse en los casos relevantes que marquen las grandes líneas jurisprudenciales del estándar europeo, se mantiene el empoderamiento/legitimación de los órganos judiciales internos, ya que son estos los que, participando de la armonización de estándares en materia de derechos, protagonizan la tutela, respeto y desarrollo de los derechos y libertades convencionales en sus sistemas domésticos. A su vez, este proceso puede ayudar a rebajar las resistencias, puesto que dicha armonización permite una compatibilización de estándares tranquila. Y, sin ánimo de exhaustividad, permite el diálogo entre iguales, dejando de lado las relaciones de jerarquía: todos los tribunales gozan de elementos necesarios para la cross fertilization, dado que las bases conceptuales son las mismas, al menos en los mínimos. Todo ello porque el TEDH es, en definitiva, el Tribunal de referencia del espacio judicial europeo en materia de los derechos humanos que comparten 47 Estados y, esperemos que pronto también, la Unión Europea.
Citación académica sugerida: Queralt Jiménez, Argelia: 70 años del sistema europeo de garantía…‚ ¡y que cumpla muchos más!, 2020/12/01, https://dutapp.com/70-aniversario-del-sistema-europeo-de-garantia
Letrada del Tribunal Constitucional español. Es doctora en Derecho (2006) y profesora agregada Serra Hunter (Acreditada a Titular de Universidad 2011) de Derecho Constitucional en la Universitat de Barcelona. Fue directora editorial de Agenda Pública y actualmente es una de las coordinadoras editoriales de Agenda Estado de Derecho.
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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.