Los casos de violencia de género en Paraguay son una muestra de que el sistema de protección actual no funciona, pero es necesario entender cómo llegamos a este punto y qué se necesita para cambiar la situación. Desde hace años, las instituciones estatales apuestan por campañas de sensibilización e instan a las mujeres a denunciar y solicitar medidas de seguridad, pero a la hora de acudir al sistema de protección judicial, la realidad es que las mujeres encuentran constante desinformación, revictimización e inclusive negligencia para que se cumplan las leyes vigentes. Con cada feminicidio vemos que las víctimas hicieron todo lo que el Estado les dijo que hagan: ellas fueron a denunciar en numerosas ocasiones, solicitaron medidas judiciales y acudieron a la policía, fiscalía y juzgados de paz.

El Consultorio Jurídico Feminista —una organización de abogadas voluntarias que ofrecen asesoría legal gratuita— analizó esta situación en su informe “Barreras y nudos críticos en el tratamiento de las denuncias por violencia basada en género”. En este documento se identifica que el quiebre del sistema de protección es la suma de muchas fallas humanas (intencionales o no) que podían haber sido prevenidas, convirtiéndose en un patrón recurrente de obstáculos que impiden a las mujeres acceder a la justicia. Las situaciones más frecuentes reportadas por quienes llaman a la línea del Consultorio son de incredulidad por parte de operadores judiciales y negligencia en el deber de atención. En muchos casos, los funcionarios directamente se niegan a tomar las denuncias de violencia doméstica a menos que la situación sea percibida como suficientemente grave.

Esta conducta de no creer, o no tomar en serio, las voces de las mujeres se repite durante todo el proceso judicial que se ve marcado por actitudes indiferentes y juicios de (des)valor por parte del funcionariado, así como orientaciones poco claras o incorrectas sobre los pasos a seguir durante el proceso. Un ejemplo claro encontrado en la publicación del CJF es que en algunos juzgados de paz de la capital se solicita que las mujeres cuenten con patrocinio de abogada/o, denuncia policial previa, o tener a mano la cédula de identidad, a pesar de que todo esto es contrario a las leyes vigentes. El resultado de estas conductas negligentes es muy grave pues efectivamente impide que las mujeres obtengan ayuda que podría ser crucial para proteger sus vidas y las de sus familias. Asimismo, el informe de ONU Mujeres también encuentra actitudes similares por parte de fiscales que se oponen constantemente a clasificar los asesinatos de mujeres usando la figura de feminicidio. Esto evidencia el descreimiento de la violencia de género vivida por las víctimas, inclusive cuando ellas ya no están.

La persistencia de las barreras en estos casos no es simplemente un problema legal, sino un fenómeno profundamente arraigado en la cultura, que también se conecta con la falta de voluntad política y la distribución insuficiente de recursos. A pesar de que en los últimos 40 años hubo avances significativos en leyes para la protección formal de los derechos de las mujeres, nos encontramos en una encrucijada donde la impunidad sigue siendo una realidad que socava la confianza en el sistema judicial y perpetúa un ciclo de violencia de género inaceptable.

Frente a esto es necesario contar con respuestas prácticas, basadas en la experiencia de quienes han intentado denunciar y quienes han asistido en estos casos. El informe del Consultorio Jurídico Feminista ofrece 11 recomendaciones concretas para desatar los nudos en el acceso a la justicia centradas en la difusión de información de forma sencilla como el contenido de las leyes vigentes, contactos útiles y un flujograma con pasos a seguir durante los procesos judiciales; capacitaciones y programas de educación en prevención para operadores/as de justicia, estudiantes y el público general; evaluación de políticas públicas y canales de denuncia por mal desempeño en la atención; presupuesto y recursos adecuados; y, políticas para mejorar la situación de quienes sufrieron violencia de género.

No existe una única solución para abordar la situación actual y mejorar el acceso a la justicia de las mujeres, pero sí existen datos y conocimiento generado por la larga trayectoria de organizaciones de la sociedad civil, como el CJF. Las instituciones públicas que forman parte del sistema de protección en Paraguay tienen la capacidad para reforzar el Estado Social de Derecho y garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres. Para ello, es indispensable que a nivel estatal se asuma un compromiso interinstitucional para cortar con las raíces culturales y los estereotipos de género machistas que sostienen estas violencias.